Convergència tacha de "ilegal" la campaña publicitaria del Gobierno por incumplir dos leyes

El portavoz parlamentario de Convergència i Unió (CiU), Felip Puig, denunció ayer que la campaña emprendida por el Gobierno de la Generalitat para explicar su actuación en sus dos primeros años es "flagrantemente ilegal". A su juicio, incumple artículos de la Ley Estatal de Publicidad y Comunicación Institucional y de la Ley del Audiovisual catalana. Puig, tras la reunión de su grupo parlamentario, exigió responsabilidades políticas al Gobierno y "la retirada inmediata" de la campaña, cuyo lema reza El Gobierno de Cataluña. Como tú.

El portavoz convergente basó sus argumentos en el artículo 4 de la Ley Estatal -aprobada en diciembre de 2005-, según el cual "no se podrá promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación" que persigan "destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados". Con respecto a la Ley Audiovisual de Cataluña -que el Parlament aprobó también en diciembre-, Puig acusó al tripartito de incumplir su artículo 109, que establece que "la publicidad institucional en los medios audiovisuales queda sujeta a la autorización previa del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)". Puig agregó que la Generalitat no pidió la autorización necesaria para llevar a cabo la campaña, como confirmó el propio CAC.

Un portavoz del CAC explicó que el pasado 23 de enero, inmediatamente después de descubrir la difusión por radio y televisión la ofensiva publicitaria del tripartito, este organismo pidió por escrito al primer consejero, Josep Bargalló, explicaciones por no haber seguido las indicaciones de la ley. La respuesta de Bargalló ya ha sido recibida y hoy, en el pleno del consejo, se informará del contenido a sus miembros y se someterá a debate este asunto.

El Gobierno catalán respondió rápidamente a las acusaciones de CiU y aseguró que la iniciativa publicitaria es legítima. El Departamento de Presidencia recordó que la campaña -que empezó el 16 de enero- salió a concurso público el pasado 25 de julio y, por tanto, su contratación es anterior a la entrada en vigor de la ley de la comunicación audiovisual de Cataluña. El Ejecutivo añadió que la polémica campaña "cumple escrupulosamente" con la ley 18 / 2000 de Publicidad Institucional de Cataluña, ya que "cuenta con el informe preceptivo" de la Comisión Asesora de Publicidad Institucional, órgano consultivo creado durante el Gobierno de CiU. Este organismo consta de siete miembros de la Generalitat y otros siete en representación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y la Federación de Municipios de Cataluña.

El comunicado del Gobierno precisa que la campaña "sólo pretende informar de la mejora del funcionamiento y de las dotaciones de los servicios públicos en Cataluña", y asegura que los datos utilizados proceden del informe público Dos años de Gobierno 2004-2005, disponible en www.gencat.net.

El Gobierno catalán no se limitó a defenderse de los ataques del principal partido de la oposición. También reprochó a CiU los recursos económicos que destinó a programas publicitarios cuando estaba en el Gobierno. Así, en 2002 el Ejecutivo presidido por Jordi Pujol gastó 30 millones de euros, cantidad que en 2003, en el que se convocaron elecciones autonómicas, ascendió a 39 millones, mientras que el tripartito destinó en 2004 unos 10,5 millones y 14,3 en 2005.