La Junta demandará al Estado y seis tabacaleras en la vía contenciosa

El pleito de la Junta de Andalucía contra seis compañías tabacaleras seguirá en la jurisdicción contencioso-administrativa, tras pasar cuatro años atascado en cuestiones formales en la vía civil. A su pesar, el procedimiento que ahora inicie la Administración andaluza deberá incluir también al Estado entre los demandados por el gasto sanitario ocasionado por 135 pacientes, afectados por enfermedades derivadas de su adicción al tabaco.

La Audiencia de Madrid cerró las puertas a la demanda civil, en un auto que confirma a la jurisdicción contencioso-administrativa como la competente para tramitar la reclamación de la Junta de Andalucía. Desde que la demanda civil se presentó en febrero de 2002 contra seis empresas (Altadis, British American Tobacco España, Philip Morris Spain, JT International Iberia, Cita Tabacos de Canarias y Tabacos Canary Islands), todo el tiempo transcurrido se ha consumido en cuestiones de procedimiento, en las que ha prosperado la estrategia jurídica de las empresas tabacaleras para incorporar al Estado como el séptimo demandado y, por tanto, trasladar al ámbito contencioso-administrativo el pleito.

Al igual que la consejera de Salud, María Jesús Montero, comentó el día anterior, el titular de la Presidencia, Gaspar Zarrías, destacó que en el auto de la Audiencia "no hay ningún pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión". El fondo, para ambos consejeros, es "el daño ocasionado por las sustancias añadidas al tabaco y el gasto sanitario generado".

Salud denunció que, tras analizar varias marcas de cigarrillos, habían detectado la presencia de sustancias no declaradas por los fabricantes, que contribuían a incrementar la adicción de los fumadores. Un nuevo estudio científico sobre otras 20 marcas de tabaco (cinco de ellas baratas) está en plena fase de elaboración para averiguar su composición.

A la salida del Consejo de Gobierno, Zarrías explicó que, tras examinar el auto, han optado por "continuar" con la interposición de un recurso contencioso-administrativo. "Creemos que tenemos la razón y vamos a explorar cualquier vía", indicó.

Los términos del nuevo recurso serán similares a la demanda civil presentada en 2002, mediante la que reclamaban 1,77 millones de euros a las seis tabacaleras por el gasto de la atención sanitaria de 135 pacientes, que habían desarrollado enfermedades relacionadas con su adicción a los cigarrillos (cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica o enfermedad pulmonar de obstrucción crónica).

La demanda se sustentó en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad, que obliga a las Administraciones a resarcirse de los gastos causados por un tercero en el tratamiento de la salud pública de los pacientes. "Sabíamos que nos íbamos a encontrar con inconvenientes dada la potencia del adversario", comentó Zarrías.

No obstante, los servicios jurídicos de la Junta tendrán que decidir ahora cómo abordan la presencia del Estado entre las demandadas, ya que su intención inicial era obtener una compensación de los fabricantes del tabaco. Este procedimiento goza de gran trascendencia porque, si finalmente las tabacaleras son obligadas a pagar por el gasto sanitario, se crearía un precedente para similares reclamaciones.

Con independencia de la sentencia definitiva, el consejero resaltó la importancia del camino abierto por la Administración andaluza, la primera de la Unión Europea que dio el paso de acudir a los tribunales para reclamar una indemnización a las tabacaleras: "Los datos aportados en la demanda abren un camino por el que posteriormente otros pueden caminar". En cualquier caso, Zarrías se mostró confiado en que el SAS será resarcido "más temprano que tarde".