Los juzgados penales alivian su colapso, pero tienen 32.000 casos por ejecutar

Los cuatro juzgados de lo penal de Barcelona especializados en ejecutar sentencias siguen desbordados, pero la situación de colapso se ha aliviado en los últimos 10 meses tras la creación de cuatro juzgados de refuerzo que pactaron las administraciones. El 1 de abril finaliza esa solución provisional y los jueces afectados reclaman que se prorrogue. Sólo así, afirman, se podrá abordar la bolsa de 32.000 asuntos que siguen pendientes.

En la obra Critón o el deber del ciudadano el filósofo griego Platón se preguntaba en el año 420 a. C.: "¿Puede durar y no venirse abajo un Estado en el que no tienen fuerza las sentencias dictadas por sus tribunales?". Tras 25 siglos es evidente que el Estado ha perdurado, pero es cierto que la justicia no es justicia si las sentencias no se cumplen. Ejecutar, en lenguaje judicial.

De poco sirve la labor de investigación de la policía y la puesta en marcha de todo el engranaje judicial, si las sentencias quedan en papel mojado y al condenado le acaba saliendo gratis el delito. En el ámbito de los juzgados de ejecutorias son condenas de hasta cinco años de cárcel, pero también multas de diversa cuantía, retiradas de carnets de conducir e indemnizaciones que pueden ser millonarias.

En Barcelona hay 20 juzgados de lo penal que se dedican a juzgar estos delitos menores. El enero de 2003 se pusieron en marcha cuatro juzgados solamente para ejecutar sentencias, pero con el tiempo se comprobó que no daban abasto. Por ese motivo, el pasado 1 de abril se pusieron en marcha otros cuatro juzgados de refuerzo de ejecutorias. Entonces se dijo que había 30.000 sentencias firmes pendientes de cumplimiento, pero ahora fuentes judiciales admiten que la cifra era mucho mayor y que de los armarios judiciales salieron miles de asuntos que habían escapado a cualquier control.

Control rudimentario

La situación era tan caótica que eran los funcionarios los que llevaban el control rudimentario de las causas en una libreta. Cuesta de creer, pero era así. Sí existen cifras oficiales que indican que desde 2002 hasta el pasado 1 de febrero se han registrado 78.080 ejecutorias penales y que la cifra actual de las pendientes puede rondar las 32.000, mil arriba o mil abajo.

La mejora en el sistema informático que costeó el Departamento de Justicia de la Generalitat, la reconversión del antiguo salón de actos del edificio de Lluís Companys en oficina judicial y la habilitación de nuevas dependencias ha mejorado una situación que era impropia de un país desarrollado, con centenares de expedientes amontonados.

Pero todavía queda mucho por mejorar, coinciden en señalar los jueces afectados. Por ejemplo, mejorar el sistema informático para que se pueda detectar que una persona a la que se le haya concedido la libertad condicional por un juzgado de lo penal y vuelve a delinquir y el juez de guardia pueda saber en qué situación se encuentra, lo que ahora no sucede. Núria Clèries, directora general de relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat, explica que en el segundo semestre de 2007 se pondrá en marcha el módulo de ejecución penal y que la situación mejorará con creces.

La ejecución de una sentencia penal puede resolverse en pocos días, pero también puede durar hasta un año o más, pues antes de resolver el juez solicita numerosos informes y todos sus autos son recurribles. Una juez explica, por ejemplo, que para poder retirar un permiso de conducir durante un año ha tenido que dictar nueve resoluciones ante la reiterada oposición del afectado.