El tiempo se agota

En política no se debe hacer lo que no se puede explicar. Se puede hacer algo que no se puede explicar, pero el coste suele ser alto. La guerra de Irak es el ejemplo reciente más claro. Una guerra que no pudo ser explicada nunca de manera objetiva y razonable, de tal manera que hubiera podido ser autorizada por Naciones Unidas y que se acabó justificando con mentiras repetidas hasta la saciedad, con la finalidad de que a través de su reiteración tuvieran una apariencia de veracidad. El resultado ha sido el desastre que hoy en día todo el mundo reconoce y que se reconocerá todavía más en el futuro, a medida que, una vez que dejen de ocupar el poder Tony Blair y George W. Bush, se relaje el control sobre la información reservada que guardan las administraciones británica y estadounidense.

A partir de un determinado momento quien no participa en una negociación no puede aceptar el resultado de la misma

En esto es en lo que consiste la superioridad de la democracia sobre las demás formas conocidas de organización del poder. No solamente son superiores desde una perspectiva moral, sino que son también más eficaces, porque las decisiones que se adoptan tienen que ser explicadas y, por lo general, no pueden ser llevadas adelante sin que hayan pasado el control de la opinión pública.

Esto vale en todos los terrenos en los que se hace política y en todos los niveles en que se ejerce el poder, internacional, europeo, estatal, autonómico o municipal. La explicación de la conducta política, tanto si es acción de gobierno como si se trata de la conducta de quien está en la oposición, es la primera de las obligaciones que un sistema político democrático impone.

Obviamente, la exigencia de explicación es tanto mayor cuanto más importante es lo que está en juego. No es lo mismo no justificar más allá de toda duda razonable por qué se inicia una guerra, que no dar una explicación convincente de por qué no se está dispuesto a negociar la reforma de un estatuto de autonomía, pero ello no quiere decir que la obligación no sea exigible también en este segundo caso y que las consecuencias de no cumplir con esa obligación no sean o pueden ser enormes.

En esta tesitura se encuentran en este momento tanto el PA como el PP, que, como escribía en su crónica del pasado viernes Lourdes Lucio, se han enrocado y han votado contra el borrador de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por la Comisión de Desarrollo Estatutario.

La proposición de ley de reforma, porque es una proposición de elaboración parlamentaria y no un proyecto elaborado por el Gobierno y remitido al Parlamento, se ha ido haciendo lentamente, partiendo de las aportaciones de todos los grupos parlamentarios en los términos en que ellos han querido hacerlo. No ha habido la más mínima presión por parte del Gobierno, ni se han establecido fechas límites que obligaran a los grupos a tomar decisiones de manera precipitada. Se ha actuado de acuerdo con el procedimiento más favorable para que se pudiera alcanzar un consenso.

¿Por qué, entonces, no ha sido posible llegar a un acuerdo? ¿Qué es lo que resulta tan inaceptable en el texto aprobado para que el PP y el PA lo rechacen de plano? ¿Va a significar este rechazo que van a votar también negativamente en el pleno del día 16 en el que se decidirá la toma en consideración de la proposición de ley de reforma? Si así lo hacen, ¿en qué posición se van a quedar en la fase decisiva de debate y aprobación de la reforma por el Parlamento de Andalucía, que posteriormente se remitirá al Congreso de los Diputados para la negociación con la Comisión Constitucional de este último? ¿Cómo van a explicar a los ciudadanos en general y a sus votantes en particular su práctica autoexclusión del debate más importante desde 1982 en que se aprobó el Estatuto que ahora se pretende reformar?

La verdad es que la explicación que han dado ambos partidos parece más una excusa que una explicación. El "agravio catalán" que está detrás del rechazo del Partido Andalucista, como consecuencia de que en el Preámbulo del Estatuto de Cataluña figura el término nación, después de hacerlo en los términos en que lo hace y tras el cambio experimentado en el artículo 1º tal como había sido aprobado por el Parlamento de Cataluña, carece de cualquier tipo de consistencia. No me entra en la cabeza que haya muchos ciudadanos que compartan la idea de que por eso haya que decir no a la reforma del Estatuto en su integridad.

De la misma manera que tampoco se entiende la oposición del Partido Popular. Al menos no se entiende en clave andaluza. La impresión que se tiene es que la dirección andaluza del PP está subordinando de nuevo su estrategia en Andalucía a su estrategia nacional y que, una vez que la dirección nacional del PP ha puesto en marcha una estrategia de rechazo frontal del Estatuto catalán y ha iniciado una campaña de recogida de firmas, que para más INRI ha comenzado en Andalucía, no puede llegar a ningún tipo de acuerdo en nuestra comunidad autónoma.

Pero el tiempo se agota. A partir de un determinado momento quien no participa en una negociación no puede aceptar el resultado de la misma. Quien está diciendo que no en todas las fases de tramitación de un texto de naturaleza constitucional, como es el Estatuto de Autonomía, no puede acabar al final diciendo que sí. Tanto las direcciones del PA como del PP están en su derecho de poner en práctica la estrategia que estimen pertinente, pero deberían saber que el riesgo que están corriendo es enorme. Los errores que se comenten respecto de normas constitucionales suelen tener consecuencias irreversibles.