'Okupas' virtuales

"Ahora ya somos familia numerosa", afirma María Ángeles con una sonrisa socarrona. Hace unos meses que esta valenciana de 27 años, que pide no dar su apellido, convive virtualmente con quienes ella llama los "siete amigos invisibles". El "érase una vez" empezó el pasado miércoles con un simple trámite administrativo. A primera hora de la mañana, María Ángeles se presentó en la Junta Municipal de Trànsits con la intención de pedir un certificado de empadronamiento. "¡Caray, cuánta gente vive en tu casa!", afirmó la funcionaria que la atendía. "¿En mi casa? Lo normal: mi madre, yo y mis dos hermanos", aseguró sin la menor señal de alarmismo. La sorpresa llegó segundos más tarde: "¡Me quedé a cuadros! En el listado de las personas empadronadas en mi casa había siete paquistaníes". Más concretamente: cuatro Mohammed, un Sarwar, un Ahmed y un Iqhal.

Para aclarar esta confusión, María Ángeles ha tenido que pasar estos últimos cinco días por una auténtica tortura al estilo "vuelva usted mañana". De la Junta Municipal a la Oficina del Padrón, luego, charla con el jefe de servicios, de allí a la comisaría de policía y... vuelta a empezar.

El punto de partida es enero de 2005, cuando un tal Mohammed solicitó empadronarse en la vivienda de María Ángeles y obtuvo el certificado. Para ello, debería haber presentado una retahíla insoportable de credenciales. "Todo falsificado", afirma el concejal de Modernización de la Administración, Descentralización y Participación, Vicente Igual, quien se encarga de los temas relacionados con el padrón. Pero, según Igual, esta situación no podría haberse remediado: "La oficina no es el KGB y los funcionarios no pueden discernir entre un documento bien falsificado y uno que es legal". María Ángeles exigió sin éxito que le entregaran los papeles supuestamente irregulares para denunciar los hechos. "Este tipo de papeles nunca se guardan", aclara Igual.

La historia no acaba aquí. Mohammed se da de baja en abril, justo después de autorizar con su firma que siete compatriotas se empadronaran en la casa de María Ángeles. Resultado: unos Brady llenos de exotismo.

Al menos hay dos razones que podrían explicar este anecdótico acontecimiento con sabor a Santos Inocentes. Una tiene que ver con las ventajas en términos de protección social que implica la obtención de dicho certificado; la otra, con el proceso de regularización de inmigrantes que tuvo lugar entre octubre de 2004 y mayo de 2005. Durante estos ocho meses se expidieron 21.463 certificados de empadronamiento en la ciudad de Valencia, pues sin este documento los inmigrantes no podían acogerse al citado proceso. Para conseguir el alta en la Seguridad Social, debían obtener un certificado que especificara que su vida en España había empezado antes del 8 de agosto de 2004, fecha límite fijada por el Gobierno central. Con este objetivo, el Ejecutivo confirió carácter retroactivo al documento, medida que desarrolló el ingenio de algunos oportunistas con ganas de llenarse los bolsillos. Empezaron a aparecer credenciales falsas con fechas anteriores al día 8 y la Policía organizó diversas redadas.

"Entender el por qué no acabará con mis problemas, yo quiero que les den de baja, si no un día la Policía aparecerá en mi domicilio a altas horas de la madrugada preguntando por quién sabe quién", explica la afectada.

Mientras Igual afirma que el problema ya está resuelto, en la Oficina del Padrón aseguran que pasará al menos un año hasta que se solvente el asunto y los puedan dar de baja. "Y ahora, otra vez a esperar tanda", añade la joven. En resumen: "Vuelva usted mañana".