Las prostitutas reclaman una ley que las proteja y establezca sus obligaciones

Las trabajadoras sexuales de Cataluña exigen una ley que ponga fin al caos y la anarquía de un sector minado por las mafias y la explotación, y que garantice además sus derechos y establezca sus obligaciones. Coincidiendo con estas reivindicaciones, el Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a actuar contra la prostitución callejera imponiendo multas y repartiendo información sobre la nueva ordenanza cívica con la que se restringe el comercio sexual en la vía pública. El Ayuntamiento tardará aún en hacer un balance de estas primeras actuaciones sobre la prostitución.

"Necesitamos urgentemente una ley que regule las obligaciones y garantice los derechos de las trabajadoras sexuales", clama Justine Abellán, de 48 años, trabajadora social y dirigente de las prostitutas en Cataluña. En nombre de la plataforma de Comisiones Obreras de las prostitutas y como activista de una ONG, esta líder reclama la protección para un sector "importante de la sociedad" que "mueve mucho dinero".

Las reivindicaciones de Justine Abellán, que durante años ha ejercido la prostitución en varios puntos de España, suponen un respaldo a la iniciativa emprendida en solitario por la consejera de Interior de la Generalitat, Montsererat Tura, que desde hace un año trata de sacar adelante una ley con la que se regule el mundo de la prostitución.

"No damos un cheque en blanco a la consejera Tura, de ninguna manera; simplemente decimos que debemos de colaborar hasta conseguir reglamentar y legalizar el trabajo de las prostitutas, evitando así su explotación. Las trabajadoras sexuales somos tan nobles como cualquier otra obrera", insiste Justine Abellán. Destaca, además, el respaldo que las grandes organizaciones sindicales europeas han otorgado durante los ultimos años a los colectivos de prostitutas.

La actitud de Justine Abellán en apoyo del proyecto Tura es el resultado un proceso de diálogo que la consejera ha establecido con determinados colectivos de prostitutas de Cataluña y que ha culminado con la redacción de un borrador de ley. Los contactos entre la consejera y los colectivos se iniciaron hace más de un años, en medio de la discreción y el hermetismo, según explica la líder sindical.

La proclama de Justine Abellan se produce en un día crítico para las prostitutas de Barcelona, a las que ha empezado a aplicarse con rigor la nueva ordenanza cívica que limita el ejercio del comercio sexual en la calle. Hace 48 horas que la Guardia Urbana ha empezado a peinar las zonas frecuentadas por las prostitutas, a las que entrega una nota informativa en las que se les previene sobre diferentes aspectos de la nueva reglamentación, pero al mismo tiempo han empezado a caer las primeras multas.

O. F., una mujer de nacionalidad nigeriana, ha sufrido los primeros embates de la ordenanza cívica. El jueves por la noche, al finalizar el periodo de gracia pactado entre prostitutas y Ayuntamiento, fue alertada por miembros de la Guardia Urbana cuando permanecía en la calle. Entrada ya la madrugada, pasadas las dos, fue multada por "persitir en el ofrecimiento de negociación de los servicios sexuales retributivos". El agente número 24483, además de sancionarla, le decomisó 65 euros, según escribió el propio guardia urbano en el impreso de la multa.

Presión policial

La zona en la que O. F. fue multada es peinada reiteradamente por la policía en las últimas horas. Agentes uniformados abordaban ayer a las mujeres, mientras paseaban por la acera, para reclamarles la documentación, identificarlas y darles por escrito información de la ordenanza municipal. La presión policial obligó a las muchachas a buscar protección en el interior de los bares. Algunas comentaron en voz alta que se iban a casa, pero otras explicaron que se empezaban a plantear la posibilidad de ir a trabajar a los clubes de alterne o a grandes locales.

"La calle para las mujeres es una isla de libertad; pactan, negocian y determinan su trabajo sexual, sin tener que compartir las ganancias con nadie", aseguró Marcela Torres, miembro del colectivo Àmbit Prevenció, que tiene su sede en la calle de Sant Rafael, en el corazón del antiguo Barrio Chino, ahora el Raval.

Los locales de Àmbit Prevenció, un antiguo garaje situado a pocos metros donde en 1923 fue asesinado a tiros el dirigente anarcosindicalista Salvador Seguí, el Noi del Sucre, se ha convertido, ahora más que nunca, en refugio de prostitutas y travestidos. Un día a la semana, los viernes, se reparte comida entre las más necesitadas; por las mañanas, preservativos, y de manera permanente, consejos.En los carteles de anuncio en Àmbit Prevenció cuelgan ofertas de trabajo, recomendaciones y consignas. El colectivo recibe subvenciones de las Administraciones, pero también ayudas personales.

"Las prostitutas estamos siendo vejadas, intimadas y hostigadas", afirmó Clarisa Velochi, militante activa del colectivo Genera, uno de los más importantes del sector, dedicado a la protección y defensa de las trabajadoras sexuales, y miembro del colectivo ciudadano Plataforma de Trabajo Sexual y Convivencia, que trata de impugnar la ordenanza municipal. Según este colectivo la nueva ordenanza municipal pretende "erradicar la prostitución" y "legitimar las actuaciones discriminatorias que ya realizaba" la policía y que ha llegado a "niveles insostenible de violación de los derechos humanos".

Los colectivos de prostitutas han empezado a presentar denuncias verbales y escritas y reclamaciones en las instancias judiciales y administrativas. Mercè Meroño Salvador, tesorera y coordinadora de Àmbit Prevenció, acaba de plantear un recurso ante la Agencia Catalana de Protección de Datos en el que denuncia la actuación de la Guardia Urbana, que desde hace días recoge datos personales de las prostitutas cuando las aborda en la calle.

"No entendemos cuál es la finalidad de estos requerimientos, ni en función de qué se piden; tampoco el uso que se hará de ellos", asegura la denunciante en el escrito presentado en el registro de la agencia. Muchas prostitutas temen que sus nombres acaben incluidos en un hipotético gran registro sobre la prostitución en Cataluña.

En medio de esta polémica un grupo de organizaciones de mujeres de Cataluña y del resto del Estado han dirigido una carta al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, n la que piden que frene la iniciativa legal de reglamentar la prostitución, promovida por la consejera de Interior. La carta asegura que la ley favorece la expansión y el tráfico de la prostitución, confirma la desigualdad de los sexos y da luz verde para que la mujer sea considerada un objeto.

"Es sorprendente que sea una consejería regida por una mujer la que quiera llevar adelante un proyecto que atenta contra la dignidad de las personas y la posibilidad de una sociedad igualitaria", aseguró anteayer en La Vanguardia la escritora Gemma Lienas, del colectivo de Dones en Xarxa, una de las organizaciones firmantes del escrito.

La ofensiva contra esta iniciativa legal no pareció ayer inquietar a la consejera Montserrat Tura, según aseguraron portavoces del Departamento de Interior. Si se cumplen todas las previsiones el Parlament podría empezar a debatir este proyecto de ley antes de acabar la legislatura.

Algunas organizaciones de apoyo a la prostitución recordaron, sin embargo, una iniciativa similar, emprendida por Esquerra Republicana de Catalunya, en febrero del año 2002 que nunca llegó a convertirse en realidad, a pesar de que el Parlament la aprobó por unanimidad. En aquella ocasión todos los partidos de la Cámara lamentaron la precariedad laboral de las trabajadoras y trabajadores del sexo y destacaron la estigmatización social de la profesión ejercida en un alto porcejante por inmigrantes, a menudo víctimas de las mafias.