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POLÉMICA SOBRE LA ORDENANZA CÍVICA

El Ayuntamiento de Barcelona embarga la cuenta a un mendigo

La burocracia no tiene alma. Así se explica que el Ayuntamiento de Barcelona haya procedido a embargar la cuenta corriente de un mendigo que había infringido la anterior ordenanza municipal haciendo sus necesidades en plena calle, según explicaron ayer portavoces de dos entidades dedicadas a la atención a marginados: Cáritas y la Fundación Arrels. El afectado dispone de una cuenta corriente para poder cobrar una pensión no contributiva, pero vive en la calle porque carece de domicilio. Al ser multado e identificado, la maquinaria municipal se puso en marcha y la sanción acabó en embargo.

"En el proceso de embargo no se puede conocer la situación de la persona embargada, porque una multa no informa sobre ello", explicó la concejal Assumpta Escarp, principal ponente de la actual ordenanza municipal. No obstante, tanto Escarp como el portavoz municipal declinaron comentar el caso al carecer de los datos concretos, que no fueron facilitados por las entidades. Más distante fue la reacción del concejal de Bienestar Social, Ricard Gomà (ICV), que zanjó la cuestión afirmando que él no tiene nada que ver en ese asunto ya que es la Guardia Urbana la que pone las multas.

La ordenanza no distingue

Para Cáritas, la situación creada a este indigente, siendo grave, es una muestra de lo que puede ocurrir al aplicar una ordenanza cívica que, afirmó un portavoz de la institución, no distingue entre casos muy diferentes entre sí: "Una persona puede orinar en público por incivismo o por otros motivos. No es lo mismo el joven turista que duerme en la calle para ahorrarse unos euros y hace sus necesidades donde quiere, que un indigente, y la ordenanza no distingue".

Además, añadió, antes había en la ciudad diversos puntos con urinarios públicos. Era el caso de las plazas de de Urquinaona, Universitat, Catalunya y Espanya. Poco a poco todos han sido suprimidos. Teóricamente, explicó el portavoz de Cáritas, se pueden utilizar los de los servicios de locales públicos, pero la avalancha de gente hace que estos centros restrinjan el uso a los clientes en detrimento de personas que puedan necesitar acceder a ellos en un momento determinado.

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