Pérdida de confianza
El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha alegado motivos estrictamente profesionales, relacionados con la exigible unidad de criterio con que debe actuar el ministerio fiscal, para justificar el relevo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. No se trataría de una marcha voluntaria, sino forzada por ambas partes: por el interesado, que habría puesto a Conde-Pumpido en la tesitura de prescindir de él, y por el fiscal del Estado, que habría dicho hasta aquí hemos llegado, propiciando una renuncia pactada que no dificulta la promoción de Fungairiño a la fiscalía del Tribunal Supremo.
Mientras Fungairiño se ha escudado en "motivos personales" para eludir una explicación concreta sobre su marcha, Conde-Pumpido ha señalado algunos de los "motivos profesionales" que la han hecho ineludible: ocultamiento de determinadas decisiones a sus superiores jerárquicos y pasividad en la prevención de excarcelaciones de presos terroristas o en la solicitud de oficio de la pena de alejamiento para los implicados en causas de terrorismo. Es evidente que un comportamiento así supone un grave quebranto de la unidad de actuación que rige el ministerio fiscal, y es especialmente reprobable en quien ejerce la función de fiscal jefe de un órgano jurisdiccional de la importancia de la Audiencia Nacional, que entiende de las causas de terrorismo.
En todo caso, la insuficiencia de explicaciones ha dado paso a las más rocambolescas: el Gobierno se habría quitado de encima un impedimento para negociar con ETA, como si Fungairiño tuviera algún papel autónomo que jugar en ese caso. Y respecto a sus supuestas discrepancias con Conde-Pumpido sobre Batasuna, el hecho cierto es que fue el fiscal del Estado quien decidió apoyar al juez Grande-Marlaska en la prohibición del congreso de la formación ilegalizada en Barakaldo.
Fungairiño tiene fama de rebelde, sobre todo tras encabezar en 1997 la sublevación de los llamados fiscales indomables contra su antecesor en el cargo, al que forzaron a dimitir y que fue sustituido por el propio Fungairiño tras una decisión insólita del Gobierno de Aznar. Insólita porque fue interpretada como una recompensa al jefe de los amotinados y un desafío a la carrera fiscal, que le negó un solo voto en su Consejo.
De haber anomalías habría que buscarlas sobre todo en aquel nombramiento. Pues nunca la rebeldía, moralmente encomiable como expresión de convicciones firmes, puede traducirse en el boicoteo de un fiscal a las directrices de su jefe jerárquico, que está obligado a aplicar por ley. Eso lo saben Fungairiño y sus incondicionales. Por eso suenan un tanto huecas las encendidas loas del PP al fiscal, pues, si bien es reconocible su trabajo contra el terrorismo etarra, no puede olvidarse su implícita justificación de los golpes militares del Cono Sur latinoamericano.
