El Gobierno afirma que defiende las tierras de españoles en Venezuela

El Gobierno está actuando "con sensibilidad y enorme interés" para defender a una docena de españoles que consideran amenazadas sus propiedades en Venezuela, según aseguró ayer el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León. Tras reconocer que la situación es "preocupante y seria" porque "las gestiones no han fructificado todavía", el portavoz reafirmó la voluntad de mantener el diálogo con el régimen de Hugo Chávez.

Bernardino León tuvo esta intervención durante una comparecencia en el Senado, respondiendo a las críticas, sobre todo del PP y el PNV, por la situación de unos 12 españoles -canarios y gallegos afincados en la región de Yaracuy- que han denunciado asaltos e invasiones, seguidas de amenazas de muerte y otras manifestaciones violentas por parte de grupos que se reclaman bolivarianos y les instan a abandonar sus tierras. Los afectados expusieron por escrito su situación el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estuvo en Caracas, en abril de 2005.

El senador del PP Dionisio García Carnero calificó de "lentas y absolutamente ineficaces" las gestiones realizadas por el Ejecutivo desde entonces. "Después de nueve meses, a los afectados les parece poco o nada lo que se ha hecho", aseguró. Iñaki Anasagasti, del PNV, antiguo residente en Venezuela, criticó la actuación gubernamental en relación con estos hechos por "lenta y poco sensible". Anasagasti instó al Ejecutivo para que no se limite a "hablar de armas" con Chávez y presione al líder venezolano para que celebre elecciones "limpias y democráticas". El Gobierno español se ha comprometido a vender a Venezuela 12 aviones de transporte de tropas, pero la operación tropieza con el veto de Washington a que se transfiera al régimen de Chávez la tecnología estadounidense incorporada.

Diálogo y reclamación

El secretario de Estado de Exteriores replicó en el Senado: "Entendemos que el diálogo con el Gobierno y la oposición democrática es la mejor forma de contribuir a fortalecer las instituciones venezolanas y a que Venezuela contribuya a la estabilidad de la región". Pero insistió, por otro lado, en que España "reclama" a Chávez la "salvaguarda de los bienes y de la integridad física" de los propietarios españoles. "No estamos satisfechos y no vamos a dejar de trabajar hasta que haya una solución satisfactoria", añadió tras enumerar las gestiones realizadas con Caracas.

León destacó también que el director general para Iberoamérica, Javier Sandomingo, convocó hace ya dos meses a la encargada de negocios de Venezuela en Madrid "para expresarle la preocupación por estos hechos y reclamarle una rápida y decidida intervención de las autoridades venezolanas". El Ejecutivo español, dijo Sandomingo en aquella reunión, no pone en cuestión la Ley de Tierras promulgada por Chávez en 2001, que permite expropiar las fincas de más de 300 hectáreas que estén ociosas. Asume, en cambio, las reivindicaciones de los españoles de que sus propiedades no alcanzan la mencionada dimensión mínima ni tienen más problemas de explotación que los derivados de las invasiones periódicas.

En la Embajada de España en Caracas se piensa que los responsables de estos asaltos son grupos campesinos que escapan al control del movimiento estrictamente chavista. Dicha legación ha llevado el grueso de las gestiones con el Gobierno de Caracas, incluidas las orientadas a obtener una indemnización para los propietarios que, ante las presiones, estén dispuestos a dejar sus tierras. Las dos partes se han dado cita el 10 de febrero para una conversación que podría ser definitiva.