La 'guerra de las estufas' enfrenta a Ayuntamiento y restauradores

El Ayuntamiento de Barcelona y los bares con terraza se encuentran enfrentados en una guerra abierta por el uso de las estufas callejeras. La Rambla de Catalunya se ha convertido en el escenario principal de esta polémica, que amenaza con extenderse al resto de la ciudad. El consistorio asegura que el uso de los calentadores callejeros es ilegal por que no está previsto en las ordenanzas de la vía pública, mientras que los dueños de las terrazas recuerdan que su uso se encuentra generalizado en muchos barrios, que desde hace años siguen el ejemplo del extranjero.

Los dueños de los bares y restaurantes de la Rambla de Catalunya que instalan mesas en la zona central de la vía pública reclaman desde hace varios meses el derecho a colocar estufas de gas propano que permitan a sus clientes permanecer en el exterior a pesar de las bajas temperaturas. La reclamación ha sido reiteradamente denegada por la Concejalía del Distrito del Eixample, que aseguró que el uso de las estufas es ilegal porque no está previsto por las ordenanzas con las que se regula el uso público de las vías urbanas.

La negativa de la Concejalía del Distrito del Eixample se encuentra avalada por los dictámenes y las opiniones del Ayuntamiento de Barcelona, que confirman que el uso de las estufas no "está previsto" en ninguna ordenanza de la ciudad. Recalcan la ilegalidad de las estufas y alertan sobre la posibilidad de que sus usuarios sean sancionados y multados.

"El uso de las estufas callejeras no está previsto en ninguna de las ordenanzas municipales. Pero además de esta cuestión legal el Ayuntamiento opina que su utilización es una aberración que contraviene los criterios de sostenibilidad y de medio ambiente. ¿Cómo se puede pretender calentar el aire de la calle?" se pregunta Enric Serra, responsable de la dirección ejecutiva del Servicio de Inspección del Ayuntamiento de Barcelona.

La actitud del Ayuntamiento de Barcelona con respecto al uso de las estufas callejeras ha sido rebatida por los comerciantes de la Rambla de Catalunya, los directamente perjudicados por esta restricción, y por el Gremio de Restauración, el colectivo más importante del sector que agrupa a la mayor parte de los bares y restaurantes de Barcelona.

"En Barcelona hay actualmente en funcionamiento cerca de 900 estufas callejeras, que han venido siendo utilizadas durante muchos años sin que nadie haya dicho nada sobre su ilegalidad", asegura Gaietà Farràs presidente del gremio, desde donde trata de abrir una vía de negociación con el Ayuntamiento que permita a los bares y restaurante utilizar las terrazas durante todo el invierno.

El Gremio de Restauración insiste en que el gas utilizado para la combustión de estas estufas es "propano," el mismo que usan los autobuses llamados "ecológicos" de la red pública. Como último y definitivo argumento, la asociación añade que en la mayoría de las ciudades del norte y del centro de Europa se usan tradicionalmente este tipo de estufas.

"El uso de las estufas aliviaría a los bares ante la puesta en marcha de la ley del tabaco, ya que les otorgaría un espacio adicional en el que podrían sentarse los fumadores", concluye el presidente del gremio.La mayor parte de los bares de la red del metro han decidido de manera unánime y espontánea no hacer caso del comunicado de Transportes de Barcelona y permitir que los clientes continúen fumando. Avala la posición un informe jurídico del Gremio de Restauración en el que se asegura que los bares se rigen por la Ley de Arrendamientos y que, por consiguiente, no se encuentran sometidos a las ordenanzas de la compañía de transportes. Una situación similar ampara la actitud de determinados bares de centros culturales, museos y bibliotecas, en los que se permite fumar, aseguraron ayer portavoces del gremio.

Ante la falta de acuerdo sobre el tema, Transportes de Barcelona y el Gremio de Restauración han decidido recabar la mediación de dos orgamismos: el Departamento de Salud de la Generalitat y el Ministerio de Sanidad. A la espera de este dictamen, el gremio ha recomendado a sus asociados actuar como crean pertinente, aunque piensan que la mayoría de los establecimientos acabarán respetando los criterios de la compañía para no poner en peligro los contratos de alquiler suscritos con TMB.

"Durante tres días, tras la recepción de la carta de Transportes, coloqué en la puerta el cartel en el que indicaba que en mi bar no se podía fumar, pero el resultado fue catastrófico, ya que empecé a perder clientes", aseguraba ayer J. F. M., propietario desde hace 10 años de un bar situado en la línea 4 del metro.

Este pequeño empresario tiene puesta su esperanza en que Transportes Metropolitano de Barcelona y el Gremio de Restuaración lleguen a un acuerdo lo antes posible para que no se resienta su frágil economía. Como primera concesión, J. F. M. asegura haber dejado de vender cajetillas de tabaco, a pesar de que pagó hace poco por adelantado las tasas de tres años que le permitían su venta.