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Medio Ambiente no garantiza el agua a nueve grandes urbanizaciones de Madrid

La Confederación del Tajo alerta de que miles de viviendas no aclaran de dónde sacarán el agua

La Confederación del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona, ha emitido informes desfavorables sobre nueve grandes operaciones urbanísticas previstas en la Comunidad de Madrid porque no han justificado cómo y de dónde se abastecerán de agua. Aunque estos informes no son vinculantes, afectan a millares de viviendas de una zona recalificada en la capital y cuatro urbanizaciones en Boadilla, entre otras. El Canal de Isabel II, dependiente de Esperanza Aguirre, afirma que los informes son "una forma torticera de controlar el urbanismo".

Los informes negativos afectan a cuatro urbanizaciones en Boadilla del Monte, un plan del Ayuntamiento de Madrid para urbanizar una parcela de 35.945 metros cuadrados, una urbanización en Torrejón de la Calzada, un plan parcial en San Martín de Valdeiglesias, una urbanización en Sevilla la Nueva y el plan de ordenación urbana de Fuente el Saz de Jarama.

Todos han tenido la misma respuesta: "No se ha justificado la garantía de suministro de agua (...) para abastecimiento a la población. En tanto esta justificación no se produzca, los informes deben considerarse desfavorables", según un documento al que ha tenido acceso este diario. Otros ayuntamientos han desarrollado operaciones urbanísticas sin consultar a la Confederación, y según fuentes de este organismo, "tampoco tienen garantizada el agua".

Estos informes no son vinculantes. Los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid podrán seguir adelante con las obras, pero fuentes de la Confederación afirman que una vez terminadas "habrá que ver si se les suministra el agua". En junio de 2005, el Congreso incluyó en la ley del Plan Hidrológico la exigencia de estos informes. "Cuando los actos o planes de las comunidades autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas".

Desde entonces las confederaciones del Júcar y el Segura han advertido de que no hay agua para 500.000 viviendas previstas en el Mediterráneo. La Confederación del Tajo es la primera vez que se pronuncia. El Ministerio de Medio Ambiente incorporó estos dictámenes para adaptar la política urbanística de las comunidades autónomas y ayuntamientos a los recursos disponibles de agua ante la incontrolada demanda de los desarrollos urbanísticos en zonas donde no la hay. La Comunidad Valenciana también incluyó en su legislación esta exigencia, pero ha desistido de aplicarla.

Para la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, los dictámenes servirán para "poner sensatez" en el urbanismo. El Ministerio pretende que el comprador reclame el informe antes de comprar una casa: "Si la urbanización se construye y luego no hay agua, tendrán que ir contra el promotor o el ayuntamiento, porque el ministerio nunca les garantizó el agua", afirman fuentes del departamento. La confederación quiere también que los promotores digan cuánta agua van a consumir las urbanizaciones que construyen. El catedrático y experto en urbanismo de la Universidad de Alicante, Santiago González Varas-Ibáñez, afirma que el Estado debe garantizar agua para el crecimiento normal de una ciudad, pero cuando se trata de urbanizaciones aisladas "deben ser los promotores los que compren derechos de agua o concesiones para abastecerse".

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Los informes del Tajo llegan en pleno conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, del PP, le exige que aporte 200 nuevos hectómetros cúbicos de inmediato. La Confederación ya le ha trasladado ese aprovisionamiento, que aún no ha sido aceptado. Ildefonso Hernández, gerente del Canal de Isabel II, dependiente de Aguirre y que abastece los municipios de Madrid, afirma que los informes "son la manera torticera con la que el ministerio ha decidido controlar el urbanismo, pese a que no es su competencia". Los embalses que abastecen a Madrid están al 38,66% de su capacidad. Hace dos años tenían el doble.

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