¿Café para todos?

Ha sido como un vendaval. El apretón de manos con el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Convergència, Artur Mas, sellaban un acuerdo sobre el Estatuto catalán hace nueve días ha convulsionado a la España autonómica. Con los recortes de prensa en la mano, consejeros y presidentes autonómicos se han encerrado a estudiarlo -y hasta a hacer simulaciones, como reconoce un consejero cántabro-. A unos les ha puesto los dientes largos, a otros les ha erizado el vello de pánico.

El interés venía de atrás. Todos los Gobiernos autonómicos -incluso el de Castilla y León, que rechaza de plano el documento- tenían puesta la mirada en el proyecto del tripartito catalán desde que arrancó, hace más de año y medio. Y su arribo a buen puerto sienta un precedente que nadie puede ignorar. Mucho menos la decena larga de autonomías que han emprendido ya reformas estatutarias.

El Gobierno andaluz quiere ligar las inversiones no al PIB, sino a la población

"Si se aplicara en Castilla y León, perderíamos al año 1.200 millones de euros"

Un Estatuto gallego como lo quiere el BNG depende también del PP, clave en Galicia

A todas se ha dirigido este periódico en busca de repercusiones del Estatuto, para comprobar que, efectivamente, su estela llega al último rincón del país. En casi todos los casos la valoración está condicionada por la disciplina de partido. De forma que las autonomías del PP critican unánimes el riesgo que conlleva de quiebra de la solidaridad entre territorios con diferente grado de riqueza y desarrollo. Y las gobernadas por socialistas, nacionalistas o regionalistas coinciden sin fisuras en los elogios. Aunque hay más de una sorpresa.

¿Quién podía pensar, por ejemplo, que fuera Castilla-La Mancha una de las comunidades más entusiastas? Al menos esa impresión da Emiliano García Page, vicepresidente segundo y portavoz del gobierno socialista que afirma sin vacilar, "lo que es bueno para Cataluña es bueno para nosotros". Otros responsables autonómicos socialistas no lo tienen tan claro y estudian atentamente la letra menuda del Estatuto para ver como hincarle el diente. El Gobierno andaluz, por ejemplo, se ha fijado con sumo cuidado en la disposición transitoria que asegura a los catalanes en los próximos siete años inversiones no inferiores a su PIB. "Nosotros vamos a proponer una disposición así, pero ligado a la población [ocho millones de habitantes]", explica el portavoz del PSOE en el parlamento andaluz, Manuel Gracia.

Puestos a elegir, Cantabria se quedaría con la descentralización de la Justicia, y las competencias en puertos y aeropuertos, reclamada por los negociadores del cuatripartito. También Canarias. Aunque el portavoz del Gobierno nacionalista insular, Miguel Becerra, cree que hay que asegurarse de que la cesión de impuestos a las autonomías no afecte a servicios básicos como sanidad y educación. Materias que deben recibir del Estado, "la misma cantidad per cápita en todos los territorios".

Pese a ser la comunidad que menos ha crecido en la última década, Asturias no le tiene miedo al nuevo modelo de financiación. El consejero de Economía del Gobierno bipartito (PSOE e IU-BA), Jaime Rabanal, ve positivos los cambios, porque implican "más capacidad fiscal, normativa y de decisión, y, en suma, más corresponsabilidad y autonomía financiera".

¿Con qué se quedarían los dirigentes valencianos y baleares de este polémico Estatuto? La incógnita no ha podido despejarse porque ni unos ni otros han respondido a este diario. En el caso valenciano, la tensión ha subido varios enteros, porque el consenso sobre el Estatuto logrado entre el Gobierno del PP y los socialistas parece seriamente amenazado. El texto, todavía en el aire, aumenta considerablemente el techo competencial y dota a la comunidad de una policía autonómica complementaria con la nacional.

También Baleares proyecta una reforma estatutaria aunque no parece probable que siga la pauta catalana, agriamente criticada por el PP. Basta oír lo que opina al respecto el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, del mismo partido. "Rechazamos", declara, "cualquier imposición de un modelo de financiación acordado bilateralmente y que quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre nuestros territorios, como jamás antes se ha hecho en nuestra democracia".

El Ejecutivo madrileño se siente capaz, sin embargo, de entrar en el análisis de la materia. "Si hablo como miembro del Gobierno, tengo que decir que en el aspecto económico todo lo que le venga bien a Cataluña es bueno también para Madrid", dice Francisco Granados, concejal de presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. "Se use el criterio de renta o el de población. Ahora, yo me pregunto, si recaudando el 33% del IRPF tenemos que devolver siempre dinero al Estado, al subir la recaudación al 50% tendremos que devolver más, ¿no? Por eso supongo que Cataluña habrá negociado de forma que recaudar más signifique quedarse también con más".

Pero, ¿qué ocurre con las comunidades pobres, con demografía bajo mínimos como Castilla y León, Aragón, o Galicia? "Si se aplicara el modelo catalán perderíamos al año 1.200 millones de euros", afirma José Antonio de Santiago Juárez, portavoz del PP en las Cortes regionales de Castilla y León. Una pérdida que tendrían que compensar el Fondo de Suficiencia y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). "Pero", se pregunta De Santiago, "con las cesiones de tributos el Estado va a recaudar menos, ¿de dónde va a sacar el dinero para aumentar los otros fondos?" Aparte de que no sólo es cuestión de mayor dotación sino de nuevos criterios. "Habría que tener en cuenta la baja densidad, la dispersión y el envejecimiento de la población", dice.

Galicia comparte algunos de esos problemas, pero el bipartito PSdG-BNG, ha acogido con buen ánimo el Estatuto. "Ha oxigenado un poco la atmósfera política", reconoce Carlos Aymerich, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el parlamento autónomo. "Además refuerza el clima de confianza en las instituciones", apunta el socialista Ismael Rego. Rego y sus compañeros asumirían ya la definición de 'nación' "tal y como se ha fijado en el Estatuto catalán". Eso sin menoscabo de la nación española, de la que son parte, dice, "sin complejos".

Pero sus socios del BNG no parecen del todo satisfechos. "Emilio Pérez Touriño dijo en su día que la definición de nación en el Estatuto era inconstitucional", recuerda Aymerich. Pero, ¿y en lo demás? "El espíritu del acuerdo financiero, es decir el objetivo de suficiencia que se ha marcado Cataluña es válido para Galicia, pero no su contenido. Nosotros incluiríamos otros impuestos y otros porcentajes en esa cesta, porque si se aplicara ese modelo no cubriríamos ni el 67% de nuestras necesidades financieras". Aymerich se queja de que la cesión en materia de recaudación de impuestos no tiene en cuenta que empresas gallegas -y cita Unión FENOSA- pagan sus impuestos en Madrid, que aporta un 17% al PIB español pero recauda el 44% de los tributos. Y otro tanto ocurre con Cataluña, que genera el 18% del PIB y recauda el 22% de los tributos.

Pero la posibilidad de un estatuto al gusto del BNG está condicionada por equilibrios políticos. Cualquier modificación de esta ley básica requiere los dos tercios de los votos. Y una parte sustancial está en manos del PP, clave en el Parlamento de Santiago al contrario que en el de Barcelona. Más sencillo lo tiene el Gobierno andaluz, que cuenta con el apoyo de Izquierda Unida para aprobar un futuro estatuto que incluye entre sus artículos y disposiciones una referencia a la "deuda histórica" del Estado con Andalucía en materia de infraestructuras e inversiones. Son peticiones que no alteran a José Martín, consejero de Hacienda en la Junta de Extremadura, una de las pocas comunidades que no prevé cambios estatutarios a corto plazo. "A nosotros la nueva financiación nos da igual". El dinero que no llegue con la recaudación, llegará por el Fondo de Suficiencia. Porque, "con la nueva fórmula se reduciría un poco, del 65% al 49%, nuestra suficiencia financiera". A Cantabria le saldría un saldo positivo, "unos diez millones de euros", calcula el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, del partido regionalista que gobierna con los socialistas. También a Canarias, aunque el Gobierno insular está más pendiente de aumentar competencias en la gestión de la inmigración y en conseguir una agencia tributaria 'consorciada' como los catalanes. Algo a lo que aspira también Andalucía, que persigue además un sistema de blindaje competencial inspirado en el recién alcanzado acuerdo catalán. Sentado del precedente del Estatuto, ¿quién se lo va a negar?

Con las aportaciones de Juan Manuel Pardellas (Tenerife), Isabel Salvador (Toledo), Concha Monserrat (Zaragoza), Eloy Madorrán (Logroño), Javier Cuartas (Oviedo) y Tono Calleja (Murcia).