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Reportaje:EL FUTURO DEL ESTADO AUTONÓMICO

¿Café para todos?

Desde la defensa o el rechazo, todas las comunidades miran ya al nuevo Estatuto catalán en busca de un modelo para negociar

Ha sido como un vendaval. El apretón de manos con el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Convergència, Artur Mas, sellaban un acuerdo sobre el Estatuto catalán hace nueve días ha convulsionado a la España autonómica. Con los recortes de prensa en la mano, consejeros y presidentes autonómicos se han encerrado a estudiarlo -y hasta a hacer simulaciones, como reconoce un consejero cántabro-. A unos les ha puesto los dientes largos, a otros les ha erizado el vello de pánico.

El interés venía de atrás. Todos los Gobiernos autonómicos -incluso el de Castilla y León, que rechaza de plano el documento- tenían puesta la mirada en el proyecto del tripartito catalán desde que arrancó, hace más de año y medio. Y su arribo a buen puerto sienta un precedente que nadie puede ignorar. Mucho menos la decena larga de autonomías que han emprendido ya reformas estatutarias.

El Gobierno andaluz quiere ligar las inversiones no al PIB, sino a la población
"Si se aplicara en Castilla y León, perderíamos al año 1.200 millones de euros"
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A todas se ha dirigido este periódico en busca de repercusiones del Estatuto, para comprobar que, efectivamente, su estela llega al último rincón del país. En casi todos los casos la valoración está condicionada por la disciplina de partido. De forma que las autonomías del PP critican unánimes el riesgo que conlleva de quiebra de la solidaridad entre territorios con diferente grado de riqueza y desarrollo. Y las gobernadas por socialistas, nacionalistas o regionalistas coinciden sin fisuras en los elogios. Aunque hay más de una sorpresa.

¿Quién podía pensar, por ejemplo, que fuera Castilla-La Mancha una de las comunidades más entusiastas? Al menos esa impresión da Emiliano García Page, vicepresidente segundo y portavoz del gobierno socialista que afirma sin vacilar, "lo que es bueno para Cataluña es bueno para nosotros". Otros responsables autonómicos socialistas no lo tienen tan claro y estudian atentamente la letra menuda del Estatuto para ver como hincarle el diente. El Gobierno andaluz, por ejemplo, se ha fijado con sumo cuidado en la disposición transitoria que asegura a los catalanes en los próximos siete años inversiones no inferiores a su PIB. "Nosotros vamos a proponer una disposición así, pero ligado a la población [ocho millones de habitantes]", explica el portavoz del PSOE en el parlamento andaluz, Manuel Gracia.

Puestos a elegir, Cantabria se quedaría con la descentralización de la Justicia, y las competencias en puertos y aeropuertos, reclamada por los negociadores del cuatripartito. También Canarias. Aunque el portavoz del Gobierno nacionalista insular, Miguel Becerra, cree que hay que asegurarse de que la cesión de impuestos a las autonomías no afecte a servicios básicos como sanidad y educación. Materias que deben recibir del Estado, "la misma cantidad per cápita en todos los territorios".

Pese a ser la comunidad que menos ha crecido en la última década, Asturias no le tiene miedo al nuevo modelo de financiación. El consejero de Economía del Gobierno bipartito (PSOE e IU-BA), Jaime Rabanal, ve positivos los cambios, porque implican "más capacidad fiscal, normativa y de decisión, y, en suma, más corresponsabilidad y autonomía financiera".

¿Con qué se quedarían los dirigentes valencianos y baleares de este polémico Estatuto? La incógnita no ha podido despejarse porque ni unos ni otros han respondido a este diario. En el caso valenciano, la tensión ha subido varios enteros, porque el consenso sobre el Estatuto logrado entre el Gobierno del PP y los socialistas parece seriamente amenazado. El texto, todavía en el aire, aumenta considerablemente el techo competencial y dota a la comunidad de una policía autonómica complementaria con la nacional.

También Baleares proyecta una reforma estatutaria aunque no parece probable que siga la pauta catalana, agriamente criticada por el PP. Basta oír lo que opina al respecto el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, del mismo partido. "Rechazamos", declara, "cualquier imposición de un modelo de financiación acordado bilateralmente y que quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre nuestros territorios, como jamás antes se ha hecho en nuestra democracia".

El Ejecutivo madrileño se siente capaz, sin embargo, de entrar en el análisis de la materia. "Si hablo como miembro del Gobierno, tengo que decir que en el aspecto económico todo lo que le venga bien a Cataluña es bueno también para Madrid", dice Francisco Granados, concejal de presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. "Se use el criterio de renta o el de población. Ahora, yo me pregunto, si recaudando el 33% del IRPF tenemos que devolver siempre dinero al Estado, al subir la recaudación al 50% tendremos que devolver más, ¿no? Por eso supongo que Cataluña habrá negociado de forma que recaudar más signifique quedarse también con más".

Pero, ¿qué ocurre con las comunidades pobres, con demografía bajo mínimos como Castilla y León, Aragón, o Galicia? "Si se aplicara el modelo catalán perderíamos al año 1.200 millones de euros", afirma José Antonio de Santiago Juárez, portavoz del PP en las Cortes regionales de Castilla y León. Una pérdida que tendrían que compensar el Fondo de Suficiencia y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). "Pero", se pregunta De Santiago, "con las cesiones de tributos el Estado va a recaudar menos, ¿de dónde va a sacar el dinero para aumentar los otros fondos?" Aparte de que no sólo es cuestión de mayor dotación sino de nuevos criterios. "Habría que tener en cuenta la baja densidad, la dispersión y el envejecimiento de la población", dice.

Galicia comparte algunos de esos problemas, pero el bipartito PSdG-BNG, ha acogido con buen ánimo el Estatuto. "Ha oxigenado un poco la atmósfera política", reconoce Carlos Aymerich, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el parlamento autónomo. "Además refuerza el clima de confianza en las instituciones", apunta el socialista Ismael Rego. Rego y sus compañeros asumirían ya la definición de 'nación' "tal y como se ha fijado en el Estatuto catalán". Eso sin menoscabo de la nación española, de la que son parte, dice, "sin complejos".

Pero sus socios del BNG no parecen del todo satisfechos. "Emilio Pérez Touriño dijo en su día que la definición de nación en el Estatuto era inconstitucional", recuerda Aymerich. Pero, ¿y en lo demás? "El espíritu del acuerdo financiero, es decir el objetivo de suficiencia que se ha marcado Cataluña es válido para Galicia, pero no su contenido. Nosotros incluiríamos otros impuestos y otros porcentajes en esa cesta, porque si se aplicara ese modelo no cubriríamos ni el 67% de nuestras necesidades financieras". Aymerich se queja de que la cesión en materia de recaudación de impuestos no tiene en cuenta que empresas gallegas -y cita Unión FENOSA- pagan sus impuestos en Madrid, que aporta un 17% al PIB español pero recauda el 44% de los tributos. Y otro tanto ocurre con Cataluña, que genera el 18% del PIB y recauda el 22% de los tributos.

Pero la posibilidad de un estatuto al gusto del BNG está condicionada por equilibrios políticos. Cualquier modificación de esta ley básica requiere los dos tercios de los votos. Y una parte sustancial está en manos del PP, clave en el Parlamento de Santiago al contrario que en el de Barcelona. Más sencillo lo tiene el Gobierno andaluz, que cuenta con el apoyo de Izquierda Unida para aprobar un futuro estatuto que incluye entre sus artículos y disposiciones una referencia a la "deuda histórica" del Estado con Andalucía en materia de infraestructuras e inversiones. Son peticiones que no alteran a José Martín, consejero de Hacienda en la Junta de Extremadura, una de las pocas comunidades que no prevé cambios estatutarios a corto plazo. "A nosotros la nueva financiación nos da igual". El dinero que no llegue con la recaudación, llegará por el Fondo de Suficiencia. Porque, "con la nueva fórmula se reduciría un poco, del 65% al 49%, nuestra suficiencia financiera". A Cantabria le saldría un saldo positivo, "unos diez millones de euros", calcula el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, del partido regionalista que gobierna con los socialistas. También a Canarias, aunque el Gobierno insular está más pendiente de aumentar competencias en la gestión de la inmigración y en conseguir una agencia tributaria 'consorciada' como los catalanes. Algo a lo que aspira también Andalucía, que persigue además un sistema de blindaje competencial inspirado en el recién alcanzado acuerdo catalán. Sentado del precedente del Estatuto, ¿quién se lo va a negar?

Con las aportaciones de Juan Manuel Pardellas (Tenerife), Isabel Salvador (Toledo), Concha Monserrat (Zaragoza), Eloy Madorrán (Logroño), Javier Cuartas (Oviedo) y Tono Calleja (Murcia).

De izquierda a derecha, Pérez Touriño, Ibarretxe, Rodríguez Zapatero, Solbes, Maragall y Chaves en el Senado, durante la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos, en septiembre de 2005.
De izquierda a derecha, Pérez Touriño, Ibarretxe, Rodríguez Zapatero, Solbes, Maragall y Chaves en el Senado, durante la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos, en septiembre de 2005.ULY MARTÍN

Menos regiones más nacionalidades

La cuestión identitaria es uno de los aspectos más polémicos del Estatuto catalán pero a la vista de las reformas en marcha en otras comunidades, puede apreciarse que existe una tendencia a adoptar la definición de nacionalidad histórica en detrimento de la de región. Quizás porque ha sido presentada como una categoría superior, pero lo cierto es que el ejemplo de Cataluña, País Vasco y Galicia ha tenido amplio seguimiento. Primero se sumó a este rango la Comunidad Valenciana, después Aragón, que desde 1996 se define como nacionalidad histórica, y a ese grupo se sumarán muy pronto Andalucía, Canarias -que se define como archipiélago atlántico y región 'ultraperiférica'- y Castilla y León, que lo ha incluido en el borrador de su nuevo estatuto, en estos momentos bastante en el aire. El Gobierno Balear anunció esta misma semana que también se definirá como nacionalidad en el futuro texto constitucional, mientras Asturias ha dejado en manos de expertos el tema, con vistas a su posible inclusión en el nuevo estatuto, en el que, de triunfar la propuesta de IU-BA, (el partido con el que comparte gobierno), el bable quedaría consagrado como lengua cooficial con el castellano.

Y todo apunta a que el ejemplo será secundado inexorablemente. El presidente del Parlamento riojano, José Ignacio Ceniceros, del PP, lo dejaba claro en una entrevista concedida en octubre pasado a un canal de televisión regional. "No queremos ser más que nadie y tampoco menos. Si tenemos que reclamar una nacionalidad histórica, lo haremos. Tenemos historia y tenemos singularidad ¿Por qué no puede ser La Rioja nacionalidad histórica?". Es cuestión de ponerse a ello. Emiliano García Page, vicepresidente segundo y portavoz del gobierno socialista de Castilla-La Mancha parece convencido de que todo depende de dedicarle a este capítulo la importancia que se merece. Por eso, cree que el nuevo estatuto autonómico "tiene que profundizar en un sentimiento regional, un sentimiento identitario que en Castilla-La Mancha ha prendido en poco tiempo", porque "hemos recorrido un camino de identidad regional mucho más rápido de lo que lo han hecho otros".

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