Los juristas analizarán el borrador del Estatuto antes de su tramitación

El Consejo Consultivo y el Consejo Asesor para la Modernización del Estado de las Autonomías chequearán antes de su tramitación el borrador de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Andalucía. La petición de análisis jurídicos se producirá por dos vías. De un lado, PSOE e IU, que han pactado gran parte del contenido de la revisión estatutaria, reclamarán al Consejo Consultivo la emisión de un dictamen sobre el borrador antes de que acabe el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley. De otro, el presidente Manuel Chaves ha pedido al Consejo Asesor que emita también su opinión en el mismo periodo para evitar retrasos en los trabajos.

Según fuentes socialistas, se trata de obtener una especie de "salvaguarda" y de "certificado de garantía" del Consejo Consultivo y prevenir los posibles errores tanto técnicos como de bulto que pueda contener el texto. El Consultivo -un órgano de extracción parlamentaria- no tiene por qué pronunciarse en este momento, cuando aún no ha empezado la tramitación parlamentaria de la reforma.

Los grupos socialistas y de IU pedirán la emisión del dictamen una vez que el viernes quede registrada en el Parlamento la proposición de ley para su toma en consideración en el pleno de mediados de febrero. La idea que persiguen los dos grupos es aprovechar las aportaciones del Consultivo para asumirlas como propias vía enmiendas.

La intervención de este órgano también fue requerida por el presidente regional del PP, Javier Arenas, el pasado jueves con el fin de que diga "qué es constitucional y qué no lo es".

Paralelamente, Manuel Chaves ha pedido al Consejo Asesor para la Modernización del Estado de las Autonomías, que preside José Rodríguez de la Borbolla, que analice la proposición de reforma. Este Consejo, a diferencia del anterior, no tiene dependencia del Parlamento, sino del Gobierno, que lo creó en septiembre de 2004. De él forman parte 10 juristas, entre ellos los dos ex presidentes de la Junta y dos ex presidentes del Tribunal Constitucional. Rodríguez de la Borbolla afirmó que la valoración que emita este órgano será "más técnica que política".