La Generalitat lleva gastados 83 millones en la factura del Carmel

El hundimiento del túnel de maniobras de la línea 5 del metro en el Carmel y el desalojo de 1.276 personas, hoy hace un año, ha supuesto por ahora al Gobierno catalán un desembolso de 83,3 millones de euros, una cantidad que no está claro que recupere, por lo menos en su totalidad. Dependerá de las negociaciones que mantiene con las compañías aseguradoras, con las que la Generalitat persigue un acuerdo extrajudicial.

Dependerá también de que la justicia resuelva que hay responsables penales y, en consecuencia, fije las responsabilidades civiles. Al Gobierno catalán le interesa llegar a un acuerdo extrajudicial. Sobre todo porque en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que es el que lleva el caso, la Generalitat y GISA han sido declaradas responsables civiles subsidiarias del accidente. Como también lo son la unión temporal de empresas formada por las constructoras FCC Construcción, Copisa y Comsa, y TEC4 y Geocontrol, reponsables de la dirección de obra.

Fuentes del Gobierno catalán afirman que el propósito es recuperar hasta el último de los euros pagados por múltiples conceptos: desde las viviendas nuevas hasta la factura de los hoteles y las indemnizaciones. También creen que el coste total de la factura no superará los 95 millones de euros, la cantidad que fue aprobada como crédito extraordinario por el Parlament el año pasado.

Los peritos de las compañías están trabajando sobre lo que se ha pagado. Y la cuestión es que todas las aseguradoras tienen unos topes y unos baremos de cobertura, y que la factura todavía no está cerrada. Los daños materiales, las muertes y los heridos, son elementos habituales en los siniestros. "Pero es que en el Carmel hay más", señalan fuentes conocedoras de esas negociaciones. Por ejemplo, la compensación por el perjuicio sufrido al verse obligados a salir de sus casas, o al perder sus recuerdos materiales, en el caso de los que no pudieron recuperar nada. "Eso es más difícil de que se asuma dentro de una negociación de cobertura de seguros y la mayor parte de las compañías no hacen algo así a menos que haya una sentencia que lo diga", apuntan fuentes jurídicas consultadas. Ponen más ejemplos, como la intervención en la rehabilitación de las viviendas, en el sentido de que las pólizas cubren el daño y la reparación de lo dañado, pero no van más allá.

En ese tipo de accidentes que tienen una importante repercusión pública, las compañías de seguros son especialmente prudentes. "Una cosa es afrontar el pago y otra, distinta, asumir la responsabilidad", resumen fuentes consultadas.

En el caso del Carmel, además, la circunstancia de que la empresa GISA es cien por cien la Administración catalana supone una complejidad jurídica añadida. ¿Puede la Generalitat exigir resarcimiento a GISA por las consecuencias del accidente si es una empresa que trabaja por encargo del Gobierno catalán? ¿Dónde se acaba la responsabilidad en GISA, o sigue hacia arriba para llegar hasta la propia Administración?

De momento, no hay respuesta a estos interrogantes.