La Junta exige al alcalde de Málaga una rectificación sobre el vertido de residuos tóxicos en Los Ruices
La guerra entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía en torno a la gestión de los residuos vivió ayer una nueva batalla. La Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), de la Junta de Andalucía, exigió ayer al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que rectifique unas declaraciones de la concejala de Medio Ambiente, Patricia Marín, que el pasado viernes acusó a la compañía pública de "tender una trampa" al Ayuntamiento al enviar al vertedero de Los Ruices unos residuos peligrosos para que se almacenaran allí. El gerente de Egmasa en Málaga, Pedro Cortés, envió una carta al regidor malagueño en la que se quejaba de la "absoluta falsedad" de las afirmaciones de Marín. "Ni la Consejería de Medio Ambiente ni Egmasa se dedican a tender trampas a los ayuntamientos ni a sus empresas participadas. Su labor es velar por el medio ambiente y a ello dedican todo su esfuerzo, por lo que le solicito que , de forma inmediata, rectifique dichas declaraciones", reza la carta de Cortés.
Por otra parte, el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, consideró "lamentable" que Marín negara que la Guardia Civil haya avisado a la Junta de Andalucía de que los residuos peligrosos que los ciudadanos malagueños vierten "salen del Punto Limpio del polígono del Guadalhorce, se entremezclan, llegan a la planta de Los Ruices y se han estado enterrando hasta la fecha". Además, aseveró que "se han vulnerado seis normativas ambientales, todas ellas en materia de residuos peligrosos". Según el delegado, "el documento base es la labor de inspección que realiza en un mismo día el Seprona en el citado Punto Limpio, en Los Ruices y en el propio Area de Medio Ambiente" y "lo del enterramiento de los residuos lo dice el propio responsable de la planta", dependiente de la empresa municipal de limpieza urbana de Málaga, Limasa.
Ignacio Trillo anunció también que la Junta de Andalucía pondrá en marcha, en unos días, un equipo técnico multidisciplinar para realizar un chequeo al complejo de Los Ruices "para detectar todos los fallos que se han producido, dar las recomendaciones correspondientes y que no se vuelvan a producir".
La Consejería de Medio Ambiente hizo ayer público otro expediente sancionador por vertido de residuos peligrosos en la planta de tratamiento de Los Ruices. El 19 de octubre pasado, Medio Ambiente impuso una sanción de 30.050 euros a una empresa tras una denuncia del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil. El Departamento de Química del servicio de Criminalística del Instituto Armado detectó que se habían vertido espuma de poliuretano, tierra y otros restos, y se constató la presencia de una mezcla de gasolina y gasóleo que generaba una concentración de plomo diez veces superior a la indicada.
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