Sólo 21 de los 1.272 afectados por el derrumbe del Carmel han acudido al juzgado

Sólo 21 de los 1.272 vecinos perjudicados por el hundimiento del túnel del Carmel de Barcelona están personados en el juzgado que investiga el siniestro. El resto de afectados se supone que han aceptado las indemnizaciones que durante este tiempo han ofrecido las compañías aseguradoras a cambio de renunciar a ejercer acciones civiles y penales. Un año después, las partes personadas en el proceso son 12: seis acusaciones particulares que defienden a los ciudadanos que se resisten al pacto, el fiscal, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y las empresas afectadas de una u otra forma.

El volumen que ocupan las diligencias supera ya los 27.000 folios, de los que 25.701 son prueba documental y otros 1.379, actuaciones judiciales diversas. Es decir, recursos contra acuerdos que ha ido adoptando en este tiempo la magistrada Elisabet Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona.

Probablemente uno de los más importantes fue la denegación de la Generalitat como perjudicada en el caso y su declaración de responsable civil subsidiaria, al igual que la empresa pública GISA; la unión temporal de empresas formada por las constructoras FCC Construcción, Copisa y Comsa, y las sociedades TEC 4 y Geocontrol, responsables de la dirección de la obra.

Todavía no hay ningún imputado en el caso, aunque es muy probable que lo haya "en breve", cuando entreguen su informe sobre las causas del siniestro los dos peritos designados el pasado 15 de marzo: uno de la Universidad Politécnica de Cataluña y otro de la de Madrid. El informe se prevé que esté listo dentro de poco más de un mes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 23 de enero de 2006.

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