La empresa con la que la OTAN fletó el Yak-42 intenta eludir a la justicia española

Russi Batliwala, director gerente de Chapman Freeborn, la empresa intermediaria con la que la OTAN fletó el Yak-42 en cuyo accidente murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, ha remitido un escrito al juzgado de Zaragoza que investiga el caso en el que asegura que no se le ha notificado la demanda interpuesta por las familias de las víctimas. Fuentes de la acusación consideran el escrito una maniobra para tratar de eludir el juicio civil que se celebrará a partir de mañana en la Feria de Muestras de Zaragoza, en el que el propio Batliwala debe ser interrogado.

Más de dos años y medio después del accidente del Yak-42, y en vísperas de iniciarse el juicio por la demanda civil interpuesta por las familias ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, el director gerente del broker al que la OTAN adjudicó el transporte de las tropas españolas asegura desconocer que exista un proceso contra su compañía.

"Me encuentro muy sorprendido y no entiendo que en el juzgado de Zaragoza tenga lugar un proceso judicial en el cual tenga que atestiguar yo mismo, ya que ni a la empresa Chapman Freeborn Airmarketing Gmbh ni a mí mismo se nos ha informado aún de nada", asegura en el escrito, que el responsable de la firma intermediaria ha enviado a través de un juzgado de Frankfurt para asegurarse de su validez.

Lo que Chapman pretende con esta maniobra, según fuentes de la acusación, es mantener la ficción de que la central de la compañía, con sede en Alemania, y su filial en España son sociedades distintas y que, por tanto, no se han cumplido los trámites de notificación y traslado de la demanda, lo que impediría celebrar el juicio, al menos en lo que a ella afecta.

Las fuentes consultadas recuerdan, no obstante, que el juez Ángel Dolado ya ha dejado claro durante la instrucción que la empresa española es una delegación de la compañía alemana, como se comprueba visitando la página web de Chapman, por lo que podría acusarla de mala fe si no acude a la vista oral que empieza mañana en Zaragoza. Precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, para contratar con esta compañía era que contaba con representantes en España.

Chapman Freeborn es uno de los mayores broker aéreos de Europa y el primer eslabón de la cadena de subcontrataciones que hizo que la línea ucraniana UM Air, operador del Yak-42, sólo recibiera finalmente 38.155 euros de los 149.000 que pagó el Ministerio de Defensa.

En abril de 2004, poco antes del cambio de Gobierno, Chapman ofreció al Gobierno español un pacto por el cual se comprometía a pagar los 75.000 dólares del seguro obligatorio que la empresa no había suscrito y que tuvo que pagar el Gobierno español a cada una de las familias, a cambio de que éstas renunciaran a acudir a los tribunales y de que el broker siguiera contratando con la OTAN. Trillo-Figueroa rechazó el pacto y las familias, a las que no se informó de la oferta, presentaron una demanda penal ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Defensa y otra civil, en Zaragoza, contra UM Air, ampliada más tarde a Chapman Freeborn y a la aseguradora Busin Joint-Stock Insurance.

El objetivo del juicio es determinar si el siniestro fue fruto de la negligencia y si los descendientes de las víctimas tienen derecho a una indemnización en concepto de responsabilidad civil.

El reciente informe de la comisión internacional de investigación ha allanado el camino, al determinar que la desorientación de los pilotos, que los llevó a estrellarse contra el monte Pilav cuando intentaban aterrizar en Trabzon (Turquía), fue provocada por la extrema fatiga (más de 22 horas de actividad ininterrumpida), así como por la falta de información, adiestramiento y experiencia. Este informe tiene carácter técnico, por lo que su ratificación judicial requiere el testimonio de peritos como el experto Orlando Jiménez.

Los abogados de los herederos reclaman un montante total de 60 millones, en concepto de daño moral (impacto emocional del accidente), afección (dolor por la pérdida de un ser querido) y daño económico (lucro cesante en función de sus expectativas profesionales).