Después del Estatuto

El presidente del Gobierno no pudo presentar ante el Comité Federal de su partido, reunido ayer, un acuerdo cerrado sobre el Estatut, pero ofreció a cambio expectativas de un rápido desenlace, para el que pidió un último esfuerzo a los negociadores de la parte catalana. El cierre de ese proceso, que ha dominado la vida política española durante el año pasado, fue reclamado por otros dirigentes bajo el argumento de que la prioridad dada al debate territorial tapa el mensaje de los socialistas en otros terrenos, singularmente el de las reformas sociales.

A Zapatero se le recordó que esa necesidad de cerrar cuanto antes el Estatut no debe significar cerrarlo como sea. A poco más de un año para las elecciones locales y autonómicas en 13 comunidades, es lógica la preocupación de los barones regionales sobre los efectos que podría tener un acuerdo que apareciera como discriminatorio. Sobre todo en relación con las dos cuestiones todavía pendientes: la financiación y la definición de Cataluña como nación. Sobre esto último, Maragall proclamó que ahora ya "puede decirse" que es una nación tras 23 años de "aguantar" sin decirlo, pero que de esa definición no se deducen derechos especiales más allá de los relativos a los hechos diferenciales. El acuerdo sería más fácil si dejase de invocarse la singularidad nacional como argumento para una relación bilateral en cuestiones que nada tienen que ver con la lengua y demás rasgos diferenciales.

Respecto a la otra cuestión de actualidad, los desafíos de Batasuna y su relación con el posible final dialogado de ETA, Zapatero reconoció que acabar con el terrorismo será "largo, duro y difícil", y enumeró las condiciones para lograrlo: el reconocimiento de las víctimas, el respeto a la ley y el concurso de todos. Esto último plantea el problema de cómo hacer compatible la implicación de los nacionalistas vascos y la del PP, según han reclamado estos días algunos notables socialistas. Zapatero reiteró ayer su deseo de contar con el principal partido de la oposición para cuestiones de Estado, en una reclamación paralela a la que suele plantear Rajoy. Pero luego ninguno de los dos toma iniciativas para hacerla posible, con el argumento de que la otra parte no quiere.

El deseo de pasar página respecto a estas cuestiones se manifestó en la prioridad dada por Zapatero a las reformas sociales. El crecimiento económico sostenido permite financiar reformas de gran calado, como la Ley de Dependencia o la reforma educativa, sin subir los impuestos: bajándolos, incluso, en el caso del IRPF, porque hacerlo "es de izquierdas", en el sentido de dar un tratamiento fiscal más equitativo a las rentas del trabajo, según el mensaje optimista del presidente.