Dénia discrepa de la calificación de Les Marines en el PGOU transitorio
El equipo de gobierno local de Dénia, que preside la socialista Francisca Viciano, resaltó ayer sus discrepancias con la calificación de suelo "potencialmente urbanizable" que el Plan Transitorio aprobado por la Consejería de Territorio y Vivienda otorga al tramo costero de Les Marines. El Ayuntamiento recibió el jueves, una semana después de la notificación de la resolución, la documentación -incluidos los planos- del denominado plan de mínimos, en esencia un planeamiento provisional, con vigencia de dos años, hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento anterior está suspendido desde 2002 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
A pesar de que el plan transitorio sancionado por Territorio y Vivienda deja la puerta abierta a la construcción en ese tramo de la costa de Dénia, el equipo de gobierno, que finalmente ejecutará el documento, mantendrá el veto a la homologación y, por tanto, no concederá ninguna licencia de obras en la zona.
A juicio del portavoz del grupo municipal socialista, Juli Martínez, el plan de mínimos finalmente sancionado por Territorio y Vivienda confiere al área de Les Marines la misma calificación que el planeamiento suspendido por el TSJ, "es decir potencialmente urbanizable". "Por lo tanto, es una prolongación del modelo anterior anulado por los tribunales", subrayó Martínez.
Crecimiento radial
El edil socialista señaló que el equipo de gobierno mantendrá la protección a Les Marines en el documento de concierto previo que trasladará a Territorio en las próximas semanas. "Ese documento es el fruto del debate vecinal que se ha producido en el seno de la Agenda Local 21 en torno al modelo de la ciudad que prefirieren los ciudadanos", dijo Martínez. "Las conclusiones del debate son que los vecinos apuestan por un modelo de desarrollo urbano radial y, por tanto, partidarios de la protección de Les Marines".
Otra discrepancia entre el Ayuntamiento y el departamento que dirige Rafael Blasco sobre el plan de mínimos estriba en el espacio reservado para dotaciones educativas. Martínez destacó que el documento remitido por consejero reduce el terreno destinado a la construcción de un Instituto en la partida Madriguera. "Pensamos que se trata de un error porque el proyecto cuenta con los informes favorables de la Consejería de Educación y, además, ya teníamos conveniado con los propietarios la cesión del suelo, en concreto 15.000 metros cuadrados, que ahora se reducen a 12.000", explicó el portavoz socialista.
El portavoz del PSPV resaltó, no obstante, la sintonía entre el Ayuntamiento y Territorio y Vivienda en otros aspectos del plan de mínimos, como el espacio reservado a zonas verdes, para equipamiento terciario y para uso industrial.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- PGOU
- Consejerías autonómicas
- VI Legislatura Comunidad Valenciana
- Dénia
- Parlamentos autonómicos
- Generalitat Valenciana
- Comunidades autónomas
- Gobierno autonómico
- Ayuntamientos
- Provincia Alicante
- Planes urbanísticos
- Administración local
- Administración autonómica
- Comunidad Valenciana
- Política autonómica
- Desarrollo urbano
- Parlamento
- Vivienda
- España
- Administración pública
- Urbanismo
- Política