Poder corruptor

Sería un contrasentido que continuase dictando sentencias un juez investigado por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Es lógica, por tanto, la celeridad con que el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer suspender cautelarmente de sus funciones al presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, contra quien la víspera se había iniciado un procedimiento en el Tribunal Superior de Canarias por esos supuestos delitos.

Unas escuchas telefónicas autorizadas por otro juez en relación con otro delito permitieron conocer que aparentemente había unos contactos entre el juez y una trama relacionada con el narcotráfico, interesada en lograr la impunidad de uno de sus miembros, actualmente encarcelado. Aunque el juez ahora suspendido conserva la presunción de inocencia, las grabaciones contienen fuertes indicios de su receptividad a las presiones de esa trama.

El poder corruptor de las mafias es proporcional a su enorme potencialidad económica. Lo intuíamos por las películas de gánsteres y ahora lo sabemos por las tramas descubiertas en lugares como Marbella. Ya no es novedad que los capos del crimen organizado intenten influir en los operadores del derecho: abogados, funcionarios de los juzgados, notarios; también jueces, desde el famoso caso del mafioso Bardellino, hace casi 20 años, puesto en libertad condicional por un juez bajo presión de otro, cuya amiga recibió cinco millones de pesetas por su gestión. Otros casos aún más escandalosos, como el del juez Estevill, que llegó a ser miembro del Consejo del Poder Judicial tras haber montado una trama de extorsión desde su juzgado, rebajaron el temor reverencial a denunciar eventuales comportamientos corruptos de quienes están por oficio encargados de administrar justicia. Hoy no se considera imposible que un juez pueda prevaricar, y ya no existe el delito de desacato, utilizado en el pasado como arma disuasoria de eventuales denuncias.

Es cierto que siempre existe el riesgo de denuncias falsas, por parte de personas que buscan venganza, contra el juez que les condenó. Pero en este caso la denuncia proviene de otro juez que, investigando un asunto diferente, se encontró con esos indicios. La credibilidad de la justicia requería, por tanto, la suspensión, a la espera de que la investigación aclare los motivos de la actitud del juez.