El Poder Judicial suspende al juez investigado por favorecer a un 'narco'

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer la suspensión provisional e inmediata del presidente de la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Martín Martín. Antes, el órgano de gobierno de los jueces recibió un informe de la Fiscalía General del Estado favorable a esta medida. La suspensión sólo se levantará si el proceso abierto contra Martín por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias termina archivado o con sentencia absolutoria.

El TSJC preguntó al CGPJ sobre la procedencia de suspender a Martín, en virtud del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga al Consejo a adoptar esa medida con los magistrados contra los que se hayan abierto diligencias judiciales. La comisión permanente del consejo pretendía acordarla en la tarde del pasado miércoles, pero su reunión se suspendió hasta ayer a falta del preceptivo informe de la fiscalía.

Ese informe llegó por la mañana. El escrito consideraba que las citas y conversaciones de Martín con allegados y familiares de un presunto narcotraficante en prisión provisional podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociación prohibida a los funcionarios públicos y cohecho. El fiscal añadía que los hechos "guardan una especial relación con las funciones propias del cargo que viene desempeñando el presunto autor", por lo que se hacía preciso "acordar (...) la medida de suspensión provisional de funciones".

Con ese informe sobre la mesa, los vocales de la comisión permanente del Consejo acordaron por unanimidad la separación del presidente de la Audiencia de Las Palmas. El acuerdo fue enviado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que se la notificara. La medida disciplinaria se adopta "habida cuenta de la relación que pueden tener los hechos investigados con el ejercicio de la función judicial y con el fin de preservar la confianza en la justicia", según detalló el CGPJ en la nota en la que difundió su decisión.

Martín podrá recurrir la medida sancionadora ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.

La policía descubrió las conversaciones de Martín con el entorno del presunto narcotraficante Rafael Bornia por casualidad cuando grababa con autorización judicial conversaciones telefónicas de un implicado en un caso sobre la supuesta adjudicación irregular de un concurso público para la construcción de un parque eólico. Esas comunicaciones destaparon que el dueño del teléfono actuaba como intermediario entre el presidente de la Audiencia y Javier Bornia, hermano del traficante que fue absuelto por Martín en el mismo caso.

Libertad bajo fianza

Bornia y Martín se citaron al menos en dos ocasiones en casa del magistrado y en un restaurante a las afueras de Las Palmas y, en algunas de sus conversaciones, Martín llegó a darle directrices sobre el modo en que tendría que comportarse su abogado defensor para lograr la libertad bajo fianza, según fuentes de la investigación. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria considera que el fin de esos contactos sería favorecer al acusado para sacarlo de la cárcel o lograr su absolución en los tribunales.