Los jueces de Canarias reclaman que se respete la presunción de inocencia

La suspensión del presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, acordada ayer por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, provocó una cascada de declaraciones entre la judicatura canaria pidiendo respeto a la presunción de inocencia del magistrado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro, notificó a Martín la medida que lo aparta provisionalmente de su puesto.

Castro fue el primero en pedir que no se condenara mediáticamente al magistrado que investiga la sala Penal del tribunal que preside. "Se abrirán diligencias previas, se investigarán unos hechos presuntamente delictivos y nada más. Si hay algo para adelante y si no, se archiva", afirmó el presidente del TSJC.

El juez en excedencia, concejal del PSC-PSOE en Las Palmas y senador, Arcadio Díaz Tejera, lamentó estos hechos al declararse amigo del acusado, aunque matizó que la suspensión de sus funciones "es un ejemplo de cómo en un Estado de derecho todos debemos ser tratados por igual".

La portavoz de Jueces para la Democracia, Victoria Rosell, también reivindicó la presunción de inocencia para el presidente de la Audiencia y señaló que lo ocurrido era una demostración de que en la Administración de justicia "no hay tabúes". Rosell advirtió de que "no se puede estigmatizar, adelantar sentencias o condenar por el mero hecho de que se abra una investigación".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM, conservadora y mayoritaria), a la que pertenece José Antonio Martín, recordó que la apertura de diligencias previas contra su asociado en el TSJC "no le priva del derecho fundamental a la presunción de inocencia", a pesar de la gravedad de los hechos que se le imputan, según un comunicado que difundió el portavoz de la organización, Antonio García Martínez.

Entre la clase política ayer se extremó la prudencia. El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín (Coalición Canaria), eludió pronunciarse por este caso "por respeto a la Justicia", aunque la vicepresidenta, María del Mar Julios, si se refirió a la suspensión. "A todos nos interesa asumir que la Administración de justicia haga su trabajo en las mejores condiciones posibles", dijo Julios. Por su parte, el consejero de Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, también rehusó hacer cualquier comentario.

El vicesecretario general de los socialistas canarios, Francisco Hernández Spínola, mostró una distancia prudencial para remarcar la "independencia" del Poder Judicial y su confianza en el sistema porque "funciona correctamente". El presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, advirtió de que "las cuestiones sub iudice no son opinables", ya que "los autos y las sentencias sólo están para ser acatados o recurridos".

Sin asesoramiento del juez

El diario Canarias 7 logró un testimonio de la defensa de los dos hermanos Bornia, cuyas conversaciones y la de sus familiares con el magistrado abrieron la investigación judicial que concluyó ayer en su suspensión. "Todas las relaciones que he tenido con el magistrado Martín han existido única y exclusivamente desde el punto de vista profesional, es decir, en juicios, vistas y apelaciones", indicó el abogado madrileño Juan Ignacio Ruiz.

"Como abogado de Bornia jamás he recibido ninguna indicación sobre cómo debo plantear su defensa. La única vez que me vi con Martín a solas fue en su despacho para pedir por mi parte una serie de explicaciones sobre un sumario que estaba tramitándose; nunca más", añadió el letrado. Las escuchas telefónicas en las que saltó el nombre del presidente de la Audiencia recogen conversaciones entre Julio Bornia, hermano de un supuesto traficante, un intermediario y

el magistrado.