La Fiscalía no recurrirá el pago de 1,4 millones por la retirada de dos menores

La Fiscalía no recurrirá el auto de la Audiencia de Sevilla, que condena a la Junta de Andalucía a indemnizar con 1,45 millones de euros a Carmen Fernández, a la que retiró en 1996 sus dos hijos por su alcoholismo. La mujer no volvió a recuperarlos a pesar de su rehabilitación y de las sentencias favorables de la Audiencia, ya que el tiempo transcurrido y la negativa de los niños hizo imposible ejecutar el fallo a favor de la devolución.

En un comunicado, la fiscal jefe, María José Segarra, aseguró ayer que "no comparte en absoluto" ni la cantidad fijada por el tribunal ni los criterios que ha usado para determinarla. Para el Ministerio Público es "un grave precedente" que una medida protectora de los menores sea "homologable" a la privación de libertad indebida, en referencia a los criterios que ha empleado la Sección Sexta de la Audiencia para cuantificar esa indemnización.

Segarra entiende que "los niños no son muebles que se puedan trasladar de una madre a otra sin contar con ellos, con sus sentimientos y con su cronología vital". En 2000, los menores manifestaron en que no deseaban volver con su madre biológica, aunque la mayor decidió irse a vivir con ella en 2004. La fiscal jefe también recuerda que se ha tardado cuatro años en juzgar de forma definitiva el caso.

El Ministerio Público aboga por modificar la legislación para establecer plazos "improrrogables" en los procedimientos de menores. "Deben tratarse estas causas en juzgados y audiencias con absoluta prioridad y especialización", concluye. La decisión de la fiscalía y de la Junta de recurrir el auto permitirá que la indemnización se abone en las próximas semanas. De hecho, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ya anunció el miércoles que abriría de inmediato el expediente para proceder al pago de la compensación económica. "Se lo merece, le ayudará a vivir con más dignidad pero el dinero no cerrará sus heridas", manifestó ayer su abogado, Gabriel Velamazán.

Nueva asociación

Coincidiendo con la resolución judicial de la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla ayer se constituyó en Sevilla la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores, en la que participan abogados, trabajadores sociales y padres privados de la tutela de sus hijos. Los integrantes de la asociación denunciaron ayer el "sistema perverso" de protección de menores.

El abogado José Antonio Bosch criticó en una conferencia de prensa que el sistema de protección "aplica siempre la cirugía mayor" y "por razones económicas, cuando aparece un pequeño problema, en lugar de hacer una política de prevención, la Junta retira al menor de su familia, lo mete en un centro y lo entrega en acogida", informa Efe. Asunción García Acosta, la presidenta de la asociación, afirmó que en los 15 años que lleva trabajando en las barriadas marginales de Sevilla ha comprobado que la Administración actúa "con impunidad y prepotencia".