El fiscal pide tres años por el caso 'Gomérez' a un responsable de urbanismo

El fiscal ha pedido una condena de tres años de cárcel, cuatro de inhabilitación y 1.440 euros de multa al coordinador general de Planificación Urbanística y Obras Municipales del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente Sánchez, por la muerte de un obrero en la demolición de un edificio en la Cuesta de Gomérez.

El accidente se registró el 21 de diciembre de 2004 y en él murió sepultado bajo un muro que se derrumbó Guillermo Estalin, de 29 años, ecuatoriano contratado irregularmente que trabajaba en la demolición que fue encargada por el Ayuntamiento a una empresa que subcontrató los trabajos a otra que, a su vez, los delegó en una tercera.

El fiscal considera a Lorente autor de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo por entender que tenía pleno conocimiento y permitió los numerosos incumplimientos legales y contractuales que tenían lugar en la demolición, con lo que contribuyó al trágico desenlace. El fiscal pide las mismas penas por los mismo delitos para la responsable de la empresa a la que fue adjudicado el contrato de demolición, Lucía D.M.; la responsable de la prevención de riesgos laborales Mari Paz G.G; los representantes legales de la primera subcontrata, Sergio y Mario R.C., el jefe del Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento, Jacobo R.H., y el arquitecto municipal Jorge M.M.

Además, solicita seis años de cárcel y 3.420 euros de multa para el dueño de la tercera subcontrata, Alfonso S.S., al que añade dos delitos de contra los derechos de los trabajadores, y tres años de cárcel y 2.880 euros de multa para Francisco Javier P.G., que le ayudó a simular una empresa ficticia para poder ejecutar la obra.

Indemnización

El Ministerio Público pide que los nueve acusados indemnicen con 100.000 euros a la pareja del fallecido, con 200.000 euros a cada uno de sus cuatro hijos y con 30.000 euros a su madre, cantidades de las que son responsables civiles las aseguradoras. El fiscal considera que todos los acusados, a excepción de Francisco Javier P.G., incumplieron sus obligaciones y contribuyeron a mantener la situación de riesgo en la obra, "con absoluto desprecio hacia la vida de los operarios", y a la producción del resultado de muerte.

El Ayuntamiento adjudicó la demolición a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, con la que se firmó un contrato el 3 de junio de 2003, tras el informe favorable del arquitecto jefe Jacobo R.H., por 38.007 euros. El 30 de septiembre, Lucía D.M. firmó, a propuesta de Marí Paz G.G, un contrato de subcontratación por 36.060 euros con Construcciones Hermanos Rodríguez, que ese mismo día delegó verbalmente los trabajos por 18.030 euros en Obras Alsa, cuyo dueño, Alfonso S.S., simuló una empresa porque no podía contratar con la administración al tener deudas tributarias y con la Seguridad Social.