Dos grupos de derechos civiles de EE UU demandan a la Casa Blanca por espionaje

La Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales depositaron ayer ante los tribunales de Detroit y Nueva York sendas demandas en las que piden que cese el programa de escuchas electrónicas del Gobierno estadounidense por ilegal e inconstitucional. El debate sobre los límites del poder presidencial -las escuchas fueron ordenadas por el presidente George W. Bush sin que mediara permiso judicial alguno- se reactiva con la acusación del ex vicepresidente Al Gore de que Bush ha violado "repetida e insistentemente" la ley.

En Nueva York, la demanda del Centro de Derechos Constitucionales acusa al presidente, al director de la Agencia de Seguridad Nacional (ejecutora de las escuchas) y a los responsables de los organismos de seguridad y pide la interrupción de todo espionaje nacional que no cuente con el permiso legal. En Detroit, la Unión de Libertades Civiles ha actuado en nombre de Greenpeace y del Consejo de Relaciones islámico-americanas porque tiene "fundado convencimiento" de que el Gobierno ha espiado las comunicaciones de ambos grupos. "El programa viola la primera y la cuarta enmiendas de la Constitución, al comprometer gravemente los derechos de libertad de expresión e intimidad".

Una ley de 1978 convierte en ilegal todo acto de espionaje sobre norteamericanos en Estados Unidos sin permiso de un tribunal especial. La orden para intervenir comunicaciones electrónicas con el extranjero se conoció en diciembre gracias a una filtración de The New York Times. Bush dijo que autorizó las escuchas "de gente con vínculos conocidos con Al Qaeda y grupos terroristas afines de acuerdo con las leyes y con la Constitución", y que su orden ejecutiva de 2002 se basó en que el Congreso aprobó tres días después del 11-S una autorización para "usar toda la fuerza apropiada y necesaria" para perseguir a los terroristas y evitar nuevos atentados.

Pero, como dice la demanda del Centro, legalmente y con las cautelas debidas podía haber escuchas; en lugar de cumplir la ley, el Gobierno de Bush "unilateral y secretamente autorizó la vigilancia electrónica sin permiso judicial y sin autorización del Congreso". Según Bill Goodman, director jurídico del Centro, Bush tiene un poder "sin precedentes" y lo usa a costa del deterioro de principios básicos, de forma que "el Gobierno puede acusar a cualquiera de terrorista sin acceso a un abogado, sin poder comparecer ante un juez y sin intimidad en sus comunicaciones".

Alberto Gonzales, responsable del Departamento de Justicia, dijo a la cadena CNN que "el programa de escuchas es perfectamente legal; el presidente tiene autoridad legal para autorizarlo (...) Tenemos que saber quién es el enemigo, en que saber qué está pensando. Tenemos que averiguar si va a atacarnos de nuevo", dijo Gonzales, para quien los nuevos sistemas de comunicación desbordan las previsiones de la ley que regula las escuchas.

La temperatura del debate se incrementó el lunes, cuando el ex vicepresidente Al Gore entró en la pelea con una fuerte carga contra Bush, al que acusó de violar la ley "repetida e insistentemente". El derrotado candidato de las elecciones de 2000 pidió un fiscal especial, nuevos sistemas de protección de la privacidad y la no renovación de la Ley Patriótica, y dio un tirón de orejas a los propios congresistas demócratas al recomendarles que hagan lo necesario para que el Congreso "empiece a actuar como la rama independiente del poder que se supone que debe ser".

La Casa Blanca salió al contraataque: "Si Al Gore va a ser la voz demócrata en asuntos de seguridad nacional, le damos la bienvenida", dijo Scott McClellan, portavoz de Bush, aludiendo a la falta de sintonía de Gore con otros líderes del partido como Hillary Clinton. "Creo que su hipocresía no conoce límites", añadió el habitualmente moderado McClellan, recordando las investigaciones policiales sin permiso del juez en la era Clinton-Gore.

Gonzales también había aludido a lo mismo: "Durante el Gobierno de Clinton hubo registros sin permiso judicial, y la ex número dos de Justicia testificó ante el Congreso que el presidente tiene la autoridad inherente, bajo la Constitución, de llevar a cabo investigaciones sin mandamiento judicial".

Mientras tanto, The New York Times señaló ayer que después de los atentados del 11-S, la Agencia Nacional de Seguridad volcó tal cantidad de datos personales sobre el FBI que saturó la labor policial. Según el diario, el ex director del FBI, Robert Mueller, se inquietó por las bases legales del programa de escuchas sin permisos, igual que otros altos responsables policiales, que también se quejaron de la rémora que supone trabajar con datos no filtrados y procedentes de escuchas telefónicas internaciones o de intervención de comunicaciones de Internet. Para colmo, los datos, señala el diario, "prácticamente en su totalidad llevaron a informaciones irrelevantes sobre estadounidenses inocentes".