"Proponemos una hoja de ruta para democratizar Marruecos"

Pasó 17 años en la cárcel por pertenecer a un grupo marxista-leninista en los setenta. Años después de su liberación fundó el Foro Verdad y Justicia, una asociación de ex presos políticos que exigían que se investiguen los abusos del pasado y se indemnice a las víctimas.

Driss Benzekri, de 55 años, ha podido poner él mismo en práctica la reivindicación del Foro. Hace dos años, el rey Mohamed VI le nombró al frente de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), el equivalente marroquí de la comisión de la verdad surafricana, encargada de sacar a la luz la represión durante los llamados años de plomo, que coinciden, en buena medida, con el reinado de Hassan II (1961-1999).

La IER, ahora en extinción, concluyó su labor en noviembre pasado con la entrega de un voluminoso informe al monarca. Éste decidió hacerlo público y, el 6 de enero, pronunció un discurso en el que ordenó que se aplicasen sus propuestas legislativas para evitar que se reproduzcan los abusos.

"Ahora hay que pisar más fuerte el acelerador para rematar la interminable transición en la que estamos sumidos desde los años noventa"

"Las violaciones de los derechos humanos no son ahora sistemáticas, sino esporádicas, y las instituciones desempeñan su papel corrector"

Benzekri ha sido ahora nombrado por el soberano presidente de la Comisión Consultiva de Derechos Humanos, un órgano asesor de las autoridades. Desde su nuevo cargo deberá supervisar la puesta en práctica de sus recomendaciones. Mientras estaba en tránsito en el aeropuerto de Bruselas mantuvo una conversación telefónica con EL PAÍS.

Pregunta. En su informe insta al Estado marroquí a pedir disculpas a las víctimas. ¿Quién debe hacerlo?

Respuesta. El rey expresó su simpatía y su afecto a una representación de las víctimas que asistió a su discurso el 6 de enero. Ahora el primer ministro [Driss Jettu] debe dar un paso más y anunciar medidas concretas.

P. Además de investigar el pasado, hace propuestas para que no se repita. ¿Adónde conducirán?

R. Constituyen una especie de hoja de ruta que desembocará en la democratización de Marruecos. Nuestro informe pone en marcha una dinámica, pero los que deben llevar la voz cantante son el Estado, el Parlamento, etcétera. Debería dar todos sus frutos dentro de cinco o seis años.

P. En 1998 se produjo en Marruecos la alternancia política con el nombramiento de un primer ministro socialista, Driss Yussufi, pero la democracia no acaba de llegar.

R. Hemos pasado por diversas etapas de reformas constitucionales, al final del reinado de Hassan II, de liberalización, de consolidación de los derechos humanos, etcétera. Ahora hay que apretar el acelerador para rematar la interminable transición en la que estamos sumidos.

P. Varias ONG de derechos humanos echan de menos en su informe los nombres y los cargos de los que cometieron las exacciones.

R. Fue nuestra decisión política. La IER no podía sustituir a los tribunales. Hacerlo hubiese sido contradecir nuestros ideales. No se pueden ir soltando nombres sin que se celebre un juicio con garantías; no se puede ignorar la presunción de inocencia. Los nombres son, además, de sobra conocidos porque han sido publicados en libros vendidos en Marruecos y por la propia prensa marroquí.

P. Su informe ni siquiera preconiza que los responsables de abusos que siguen en activo sean apartados de sus cargos.

R. No explícitamente. Hay mucha exageración sobre este asunto. En la base de datos confidencial de la IER figuran los nombres de personas supuestamente implicadas en exacciones. La enorme mayoría ha fallecido, está jubilada o ha sido marginada con discreción. Dicho esto, sería bueno que los pocos que quedan sean apartados.

P. En lo concerniente al Sáhara, el informe parece quedarse un poco escaso. Los desaparecidos murieron en combate y se largaron a los campamentos de refugiados de Tinduf (suroeste de Argelia).

R. O fueron a parar a Agdez, Kalaat Magguna y a otros penales, como sucedió con unos 400 saharauis. Esto ya era sabido. Nos hemos concentrado en otras 220 nuevas desapariciones y hemos llegado a la conclusión de que 153 murieron en combate y otros 67 fueron conducidos a Tinduf por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

P. El aspecto más llamativo de la labor de la IER fueron las comparecencias públicas de las víctimas contando las torturas a las que fueron sometidas. ¿Por qué, en contra de lo anunciado, no hubo ninguna sesión en el Sáhara?

R. Porque las suprimimos en cuatro ciudades, una de ellas El Aaiún. Allí celebramos, sin embargo, un interesante debate sobre derechos humanos con varias asociaciones representativas.

P. Dispuso de 23 meses para trabajar. ¿Le faltó tiempo?

R. Siempre quedan cosas por hacer. Lo importante es que hemos señalado algunas pistas por las que el Estado y la justicia deben seguir investigando y me consta que lo están haciendo. Con otros protagonistas, nuestra labor sigue adelante. La Fiscalía de Casablanca se ocupa, por ejemplo, de localizar las fosas comunes adyacentes al parque de bomberos donde supuestamente yacen algunos de los manifestantes de 1981.

P. La represión, después de los atentados del 16 de mayo en Casablanca, ha sido masiva y despiadada. ¿Será necesaria una nueva IER para averiguar lo sucedido e indemnizar a las víctimas?

R. No. Primero, los abusos no son sistemáticos, sino esporádicos. En segundo lugar, las instituciones desempeñan ahora plenamente su papel de control. Mediante revisiones de los juicios, indultos reales, etcétera, se enmiendan los errores.