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COLUMNA

Militares e inquietudes

La tormenta desencadenada a partir del pasado día 6, tras la alocución del teniente general José Mena Aguado, jefe de la Fuerza Terrestre, en la capitanía general de Sevilla, merecería aún algunas consideraciones. Desde luego, el texto leído estaba muy preparado y era por completo ajeno a toda improvisación. Su redacción estaba concebida en términos que rebasaban el ámbito de la Fuerza Terrestre, de la que ostentaba el mando, para incluir el despliegue de la Armada y del Ejército del Aire en Andalucía. Mencionaba de modo detallado las misiones de paz y estabilidad desempeñadas en diferentes países, así como de las de ayuda humanitaria. Y, además, ponderaba la contribución de España a diversas Fuerzas Multinacionales de la OTAN, del Cuerpo de Ejército Europeo, de la Fuerza terrestre Europea (Eurofor), de la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor), de los Battle Groups de la UE y de la Brigada de Alta Disponibilidad de Naciones Unidas.

Luego compendiaba el proceso de profesionalización de la tropa y aportaba datos numéricos precisos según los cuales se ha logrado reclutar un 83% de los soldados y marineros previstos en los Presupuestos Generales del Estado, porcentaje que equivale a 73.641 efectivos, una cifra a la que las mujeres aportan casi un 17% y los extranjeros algo más del 3%. Nadie ha discutido estos números pero convendría reparar, antes de darlos por inobjetables, que condicionan de modo radical la participación de nuestra Fuerza Militar en las misiones internacionales. La cuestión es que no se puede estirar el brazo más que la manga y que la dimensión de la Fuerza que acordemos dará una idea muy exacta de cómo concebimos nuestras responsabilidades. Otra cosa es que a tenor de las cifras anteriores, las Fuerzas Armadas tengan en filas unos efectivos inferiores a los de la Guardia Civil y muy posiblemente también de los de alguna compañía privada de seguridad.

El general incluía también el nombre de los programas de armas más relevantes. El capítulo de proyectos descrito en Sevilla se cerraba con los referentes a la nueva Ley de Tropa y Marinería Profesional, que se encuentra ya en el Congreso de los Diputados, así como a tres nuevas leyes en preparación: la de la actualización de las Reales Ordenanzas, la de la Carrera Militar y la de Derechos y Deberes de los Militares. A partir de esta última se pretende potenciar la figura de los reservistas voluntarios y definir una nueva forma de asignación de complementos retributivos y de selección para ascensos, cursos y destinos, procesos siempre delicados por las susceptibilidades que levantan. Hasta aquí, todas estas cuestiones podrían formar parte de una alocución aceptable porque corresponden al desempeño de la muy exigente profesión militar, aunque para un caso como el que aquí tratamos de que hubieran de decirse en público deberían haber sido sometidas a la autoridad del jefe del Estado Mayor del Ejército (Jeme) o incluso del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad). Pero, a continuación, el general Mena se declaraba obligado a conocer los sentimientos e inquietudes de sus subordinados, de acuerdo; a transmitirlos al Jeme, impecable; y a "hacerlos públicos, por expreso deseo de aquellos", insólito. Porque de que los subordinados del general tuvieran el deseo expreso de que se hicieran públicos determinados sentimientos e inquietudes, al parecer constatados durante las visitas giradas a las unidades bajo su mando, para nada se infiere que hubiera de complacerles en semejante solemnidad.

Reza el artículo 8º de las Reales Ordenanzas que la disciplina tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución, a la que la Institución Militar está subordinada. Y en esa misma línea se pronuncia el artículo 8º de la Carta Magna cuando declara de qué se componen las Fuerzas Armadas y cuáles son sus misiones. Pero lo que no dicen es que corresponda a las Fuerzas Armadas decir que sea la soberanía, la independencia, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional, ni tampoco examinar la adecuación de las leyes asunto entregado al Tribunal Constitucional. En cuanto al empleo de las Fuerzas Armadas y al momento de hacerlo, sólo corresponde decidirlo al Gobierno. Continuará.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de enero de 2006