Una juez paraliza ante la pasividad municipal una obra en Castellón dirigida por la esposa del alcalde
Los vecinos denunciaron grietas, desplome de escayolas y desplazamientos de tabiques
Ante la pasividad del Ayuntamiento, los vecinos de un céntrico edificio de Castellón tuvieron que recurrir al juzgado para que paralizara las obras de un inmueble próximo después de haber denunciado a los servicios municipales toda una serie de desperfectos que los trabajos de construcción estaban causando en sus viviendas, como grietas, desplome de escayolas y hasta desplazamiento de algunos tabiques. Como consecuencia, una juez paralizó la ejecución del edificio supuestamente responsable de los daños. La directora de esa obra es la esposa del alcalde, Alberto Fabra, del PP.
Tras seis meses de quejas, reclamaciones y del envío de informes al Ayuntamiento, los vecinos de un céntrico inmueble de la plaza de Santa Clara, en Castellón, lograron la paralización de unas obras en la calle Mayor que, según sus denuncias, han provocado grietas en las paredes, el desplome de escayolas en el techo y el desplazamiento de tabiques. La paralización fue dictada, el pasado mes de noviembre, por una juez, después de que el Ayuntamiento de la capital de La Plana hiciera caso omiso a la solicitud de suspensión requerida por los vecinos, cuando la dirección de la obra es responsabilidad de Cristina Fortanet, esposa del alcalde, Alberto Fabra.
La paralización cautelar, debido a los daños que presenta el edificio, ha sido levantada después de que la promotora de la obra haya depositado una fianza correspondiente a la reparación total de los daños. Aún así, la demanda presentada por los vecinos contra los propietarios del solar se mantiene y mañana será objeto de juicio en el juzgado de primera instancia número 3 de Castellón. De momento, los afectados no se han planteado acciones contra el Ayuntamiento por no haber accedido a la paralización de los trabajos.
Los primeros escritos de queja se remontan al mes de mayo de 2005, cuando, a través del administrador de la finca, los vecinos hicieron llegar al Ayuntamiento un primer informe, en el que se reflejaba la existencia de "grietas de dimensiones considerables" en la fachada, tabiques desplazados, fisuras verticales, falsos techos afectados y movimientos "excesivos". En el mismo escrito exponían su preocupación, sobre todo, por una grieta cuyo tamaño iba "en aumento" y que, en su opinión, podía causar a algún desplome, "lo que también pudiera dar lugar a accidentes personales por la imprevisión de este asunto".
Entre las viviendas de estos vecinos y el solar donde se ejecutan las obras existe una edificación, de escasas dimensiones, que sólo estaba ocupada en su planta baja y que fue desalojada, tras la alerta, por orden de los técnicos municipales, quienes, en respuesta al escrito de mayo, ordenaron la evacuación y admitieron que el edificio se había "movido". En este escrito, los técnicos recomendaba que se tomaran las medidas y precauciones oportunas "incluso paralizando cualquiera de los trabajos junto a la medianera". Sin embargo, las obras no se paralizaron, pese al consejo de los técnicos.
Las alegaciones que presentó la dirección de la obra, que corresponde a la esposa del alcalde, se centraron en que las grietas y fisuras eran antiguas, por lo que reclamó que se realizaran testigos (placas de yeso fechadas cuya rotura atestigua nuevos movimientos) "antes de adoptar medidas de seguridad extraordinarias". Estos testigos demostraron que el inmueble continuaba moviéndose, tal como reflejaron los técnicos municipales hasta en seis informes realizados durante los meses de julio y agosto. En todos ellos emplazaban a la dirección de la obra a "adoptar las medidas relativas al modo y forma en que se ejecuten las obras para evitar deterioros en edificios vecinos y garantizar la seguridad de los operarios que trabajan en la misma".
Finalmente, en septiembre, los vecinos solicitaron "el cese inmediato" de las obras. Su petición no fue escuchada y, dos meses después, decidieron interponer la demanda que acabaría por desembocar, por vía judicial, en la suspensión de la obra. El último informe de los técnicos municipales, realizado en septiembre a raíz de la solicitud de cese, reflejaba que los testigos "han abierto progresivamente, con mayor desplazamiento en los situados en la parte superior del edificio" y que, en cualquier caso, "se han adoptado las medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad de las personas y bienes en la vía pública, así como la relativa a la seguridad de los ocupantes del inmueble desalojado".
El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, declinó ayer hacer ningún tipo de comentario sobre lo ocurrido ni sobre la posible influencia del hecho de que sea su esposa la que dirige la obra sobre la decisión del Ayuntamiento de no paralizarla.
"Tenemos toda la razón del mundo"
Los vecinos del número 1 de la céntrica plaza Santa Clara, en Castellón, ya están cansados del paso por sus viviendas de arquitectos, notarios y demás técnicos que acuden a analizar los daños sufridos a causa, tal como creen, de las obras que se están ejecutando en un solar a escasos metros del edificio. Los vecinos no quieren entrar a comentar la posibilidad de que el hecho de que la esposa del alcalde, Alberto Fabra, sea la directora de la obra haya tenido que ver con la decisión del Ayuntamiento. Ni siquiera confían en que la denuncia pública sobre lo ocurrido lleve a una solución a su problema. Sólo persiguen que se adopten todas las medidas necesarias para que no aparezcan más grietas, ni desconchados, ni fisuras. Únicamente están a la espera de la decisión de la justicia, donde sí tienen depositada su confianza. Por eso, la única manifestación que, a estas alturas, realizan es esta: "Tenemos toda la razón del mundo".
"Los testigos se han roto y eso quiere decir que la obra sigue moviendo el edificio", señaló ayer mismo una vecina. Los afectados no se limitan a este edificio, ya que el directamente contiguo a la obra ha tenido que ser desalojado. Este inmueble, de dos plantas, fue evacuado en mayo. La orden fue de apuntalamiento y de vallado de la acera, ante la posibilidad de un desplome por su estado de "ruina inminente". No afectó a ningún vecino, ya que estaba deshabitado, pero sí a un comercio, ubicado en la planta baja, que ha tenido que cerrar. La propietaria del mismo también considera que los daños del inmueble que ocupa no se deben a la mala conservación de la que le acusa el Ayuntamiento sino que han sido motivados "por las obras de excavación del edificio contiguo". Así lo señaló en un recurso planteado ante el consistorio.
Sin embargo, su recurso fue desestimado y, por tanto, la propiedad fue obligada a costear los trabajos de apuntalamiento. En su escrito solicitaba que el Ayuntamiento no hiciera recaer sobre ella el coste sino sobre quien "con su negligente actitud ha originado el agrietamiento o desestabilización".
"Nos encontramos ante un supuesto de culpa o negligencia de todos quienes han intervenido", señalaba. Responsabilidad que, según anunció "exigirá por vía judicial". La propietaria del comercio desalojado tuvo que dar vacaciones anticipadas a sus dos empleadas, buscar otro local en el que continuar ejerciendo su actividad y "no perder la clientela ganada a lo largo de muchos años".
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