La Generalitat paga 40 millones anuales a las autopistas por descuentos de CiU

El Gobierno catalán abonó en 2005 a las concesionarias de las autopistas 39 millones de euros por los descuentos aplicados en la época de CiU. Los motivos de la deuda heredada son de tres tipos: la compensación por tarifas prorrogadas sin aplicar aumentos legalmente previstos, la bonificación por el 7% del IVA que se aplicaba y que fue anulada por la Unión Europea, y los descuentos que las concesionarias hacen a algunos usuarios con cargo al erario público. El tripartito ha elaborado un plan para liquidar esta deuda ya que, en caso contrario, los pagos se prolongarían de modo indefinido y sin que apenas lo noten la mayoría de los conductores.

Los 39 millones de euros pagados en 2005 corresponden a la factura de 2004 y han sido repartidos sólo entre las concesiones del Gobierno catalán. Al margen quedan la compensación que reciba ACESA por otros descuentos como, por ejemplo, el que se practica en la B-30 o los que se aplican en las circunvalaciones de Girona y Tarragona. CiU recordó ayer que las medidas fueron pactadas en la comisión del Parlament sobre peajes, con presencia del resto de partidos. El descuento del IVA fue pactado entre Convergència i Unió (CiU) y el PP y aplicado hasta que la UE forzó su eliminación. Para no efectuar un aumento de la tarifa del 7%, el Ejecutivo catalán asumió el coste, con aportación del Gobierno central. Es decir, dejaron de pagarlo los usuarios directos para pagarlo todos los contribuyentes.

Las empresas beneficiarias de estas aportaciones, que previamente ellas han aplicado a usuarios, son Túnel del Cadí, Túneles y Accesos de Barcelona (Túnel de Vallvidrera), Aucat (Autopistas del Garraf), Autema (Terrassa-Manresa) y ACESA (por la autopista del Maresme, traspasada a la Generalitat). Hay un grupo de usuarios que tiene descuentos por pasar por el túnel del Cadí. Son los residentes en las comarcas de Berguedà, Cerdanya y Alt Urgell, que pagan sólo el 50% de la tarifa.El Ejecutivo catalán tuvo que abonar 2.695.757 euros el pasado año, correspondientes a los descuentos efectuados en 2004. 664.351 euros compensaban el incremento de tarifas no aplicado, debido a que CiU, antes de abandonar el Gobierno, evitó aplicar los incrementos previstos. El resto se reparte casi mitad por mitad entre la aportación por el IVA y los descuentos a usuarios residentes en las mencionadas comarcas. El Ejecutivo paga el 50% que se aplica a los residentes en Alt Urgell y la mitad del que reciben los residentes en Berguedà y Cerdanya.

En los túneles de Vallvidrera, los descuentos a usuarios habituales van por cuenta de la empresa. Pero la compañía se resarce del descuento del IVA (1,7 millones de euros en 2004) y de las tarifas prorrogadas sin incremento: 1,1 millones más.

Mucho más es lo que percibió Aucat (Autopistas de Cataluña), concesionaria perteneciente al grupo Abertis y que explota la autopista del Garraf. Los ingresos de esta firma procedentes del Gobierno catalán sumaron 14,3 millones de euros. De ellos, 5,9 millones procedían de la aplicación de descuentos de fidelización que acaba pagando el Ejecutivo; 4,4 millones más, por la prórroga de tarifas sin aplicar los aumentos preceptivos, y otros 3,9 millones por el descuento del IVA. En este caso se produce una situación peculiar. Al inaugurarse el tramo Sitges-El Vendrell, el Gobierno de CiU pactó un peaje blando que sería compensado. Si el pasado año se hubiera aplicado el aumento previsto, el aumento del peaje habría superado el 43%. Además, en esta autopista se efectúan descuentos a los usuarios habituales que paguen con teletac o tarjeta si hacen más de ocho viajes en días laborables. Los descuentos, que van a cargo del erario público, pueden suponer hasta el 50% del peaje.

Autema percibió, por los descuentos, IVA y tarifas correspondientes a 2004, 8.868.861 euros. En esta autopista se aplican descuentos de hasta el 45% en movimientos efectuados en días laborables, así como del 100% a los usuarios habituales del tramo Rubí-Terrassa que abonen el peaje con teletac y tengan la domiciliación en una oficina bancaria situada en los municipios que recorre la vía. Este descuento empezó a aplicarse en enero de 2003 y en septiembre de ese mismo año se extendió a los usuarios del tramo Sant Cugat-Rubí-Terrassa.

ACESA explota en Cataluña tres autopistas: la AP-7, que es la más rentable de todas y la que le produce mayores ingresos, la AP-2 (hacia Lleida y Zaragoza) y la C-32 o autopista del Maresme, que tiene un peaje blando pactado en los años ochenta a cambio de una prórroga de diversas concesiones. ACESA ingresó 10,3 millones de euros a cuenta del IVA no aplicado en 2004, de las tarifas no incrementadas y de los descuentos que se aplican a sus usuarios, más por los descuentos a residentes que se aplican en el peaje de Mollet, una parte del cual va a cargo del Gobierno catalán y otra parte, que se sigue pagando, a cargo de Fomento.

Lo peor del caso, según el Departamento de Política Territorial, es que el desembolso de los 40 millones de euros anuales sólo sirve para una política de parches y no permite una racionalización de los peajes. Con un segundo factor agravante: no se trata de un pago único, sino que se dilata en el tiempo. Los 39 millones de 2004 se convierten en 2005 en 44 millones de euros y se mantiene en una cifra similar hasta 2021, cuando ya alcanza los 52 millones de euros.

La solución propuesta por el Gobierno catalán es recuperar los atrasos y el 7% equivalente al descuento del IVA y aplicar incrementos superiores a lo previsto cada año en un 1,68%, de modo que la factura queda saldada en ocho años, con la posibilidad de que antes se arregle el asunto si se aprueba la ley que prevé la reversión al Gobierno catalán de los impuestos que generan las propias autopistas, con un destino final: el reequilibrio de los peajes.