Hacienda estudia rebajar el IRPF sólo en el tramo estatal del impuesto

El Gobierno está dando los últimos retoques al nuevo impuesto sobre la renta para el año próximo. La anunciada rebaja del IRPF, principalmente para las rentas del trabajo, genera un problema de financiación para las autonomías. Estas administraciones reciben un 33% de lo que se recauda, por lo que si los ciudadanos pagan menos impuestos disminuirá la cantidad de la que son destinatarias. Para evitarlo, el Ejecutivo estudia aplicar las rebajas a la parte estatal del IRPF y dejar intacta la de las comunidades. Economía llevará la reforma al Consejo de Ministros este mes.

La reforma fiscal aguarda a que el panorama político dé cabida a algún asunto diferente del debate sobre el Estatuto de Cataluña. Los cambios que se introduzcan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se verán además condicionados en parte por el modelo de financiación que el Ejecutivo acuerde para Cataluña y para el resto de las comunidades (salvo País Vasco y Navarra, que tienen régimen foral propio). Con estas premisas, el Ministerio de Economía y Hacienda estudia diferentes hipótesis para los aspectos aún difusos del nuevo impuesto. La idea del ministro, Pedro Solbes, es llevar el anteproyecto de reforma al Consejo de Ministros antes de que termine el mes.

Una de las ideas que baraja el Gobierno es aplicar la rebaja fiscal sólo a la parte de los ingresos del IRPF que van a parar al Estado central. Hasta ahora, las reformas fiscales aplicadas por el PP han mermado tanto los recursos estatales como los autonómicos, puesto que las reducciones se aplicaban a la tarifa general. De esa forma, cuando el Gobierno central se comprometió a ceder el 33% de los ingresos a las comunidades, tras las rebajas fiscales, ese 33% equivalía a menos cantidad de dinero que antes de los cambios.

Dos tramos

Desde el año 2002 el IRPF está dividido en dos tramos. El estatal equivale a dos tercios de lo recaudado y el autonómico, al tercio restante. Si las rebajas fiscales se aplican sólo a esos dos tercios, las comunidades mantendrán la misma recaudación. En todo caso, las comunidades pueden hacer uso de su capacidad para rebajar (o para subir) el impuesto en ese tramo. Las comunidades tienen plenas competencias para modificar el impuesto en su 33% correspondiente en la medida que quieran con dos limitaciones: deben mantener los mismos tramos y garantizar que el impuesto es progresivo. Pese a gozar de esta potestad, ninguna comunidad ha hecho uso de ella hasta la fecha, salvo para introducir deducciones fiscales.

Rebajar el impuesto sólo en la parte estatal es técnicamente posible, asegura el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). El tipo máximo del impuesto (ahora fijado en el 45%) se reparte entre el 29,16% del tramo estatal y el 15,84% que corresponde al autonómico. Si la rebaja fiscal se concretase, por ejemplo, en dos puntos, la solución consistiría en reducir al 27,16% el gravamen estatal y dejar el autonómico en el 15,84%. La pérdida de recaudación la asumiría, por tanto, sólo el Estado central. Y para el ciudadano, el resultado es idéntico; pagaría menos impuestos independientemente de la caja a la que se destinase su dinero.

Concentrar las rebajas en el tramo estatal es sencillo sólo en lo que respecta a la tarifa. "No es tan sencillo si se modifican los tramos", apunta Luis del Amo, gerente del REAF. El Gobierno ya ha anunciado su intención de reducir los tramos de renta que determinan si se tributa a un tipo o a otro. Lo más probable es que los tramos queden finalmente en cuatro, algo que puede suponer una rebaja fiscal si se pone más alto el tope de ingresos que tributan a un mismo tipo. En ese caso, el Ejecutivo debería cambiarlo en las dos escalas, la estatal y la autonómica, pues la normativa en vigor obliga a que los tramos sean los mismos.

Deducción por vivienda

Un problema similar plantea la deducción por vivienda, que también está repartida (una deducción del 10,05% en el tramo estatal y un 4,95% adicional en las comunidades). En caso de que se quiera modificar la deducción, hacerlo en un solo tramo plantearía problemas, según consideran los asesores fiscales. No obstante, el Gobierno ha manifestado que esta deducción no se someterá a cambios significativos.

El IRPF es el impuesto más fácilmente territorializable porque el ciudadano lo abona en el territorio donde reside. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el impuesto de sociedades, que la empresa paga donde tiene su sede social, independientemente de que sus ventas se realicen en todo el país. Por ello, la cesión del impuesto sobre la renta resulta equitativa, con un mismo porcentaje para todos los territorios.

Pese a que el impuesto de sociedades tiene dos escalas, la recaudación es única y de ella se encarga el Estado. Las empresas abonan periódicamente a la Agencia Tributaria lo que retienen a sus trabajadores en concepto de IRPF (las grandes empresas lo hacen de forma mensual, exceptuando el mes de agosto, y las pequeñas lo hacen cada trimestre). A principios de cada año envían, además, una declaración informativa con lo que han retenido en todo el ejercicio anterior, cifras que sirven a la Agencia Tributaria para elaborar los borradores de declaración.