Malvivir bajo el puente

Decenas de inmigrantes duermen debajo de un puente del antiguo cauce del Turia, arropados por sus pocas pertenencias y la esperanza de conseguir trabajo y un nuevo hogar. Su mísera existencia ha generado una agria polémica política, acusaciones entre administraciones gobernadas por el PSOE y el PP, y protestas de las ONG. Una polémica que pone de relieve las carencias de la asistencia a extranjeros sin papeles y problemas de coordinación entre administraciones.

Unos 600 inmigrantes pasan la noche al raso, en almacenes u otras estancias de dudosa salubridad en la provincia de Valencia, según los datos que baraja el Foro Alternativo de la Inmigración, entidad que agrupa a una treintena de organizaciones de extranjeros. Buena parte de ellos se concentra en Valencia y, especialmente, en el puente de Ademuz en el antiguo cauce del Turia, que se ha convertido en el principal punto de reunión para pasar la noche. En un registro elaborado por el Foro en julio contabilizaron 234 inmigrantes, aunque "hay muchos más", como apunta el portavoz de esta entidad, Boughalebn Mimí. Y es que se trata de una población flotante difícil de cuantificar.

"El PP no tiene ninguna política de inmigrantes", dice el Foro Alternativo

Más allá del número exacto, este colectivo es el espejo donde se hace visible esta realidad que le ha estallado en las manos al Ayuntamiento de Valencia, cuya respuesta ha sido contradictoria y polémica. Mientras la concejal de Bienestar Social e Integración, Marta Torrado, asegura que "cada noche" se acercan los asistentes sociales para ofrecer ayuda y albergues, la Policía Local ha presionado a los inmigrantes para que abandonen el lugar, con desalojos para baldear la zona y multas por "ensuciar la vía pública depositando cartones y enseres". El concejal de Seguridad, Miquel Domínguez, incluso lanzó la idea de que se instalen en Torrent, adonde acuden para conseguir trabajo. La agresión a un inmigrante subraya el panorama de falta de asistencia a estas personas.

Hay tres administraciones con competencias diferentes -el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento-, pero sin coordinación ni entendimiento suficiente para evitar que cientos de personas duerman a la intemperie. Para el Foro, sin embargo, la responsabilidad no se reparte a partes iguales. El Estado se reserva la concesión de permisos de trabajo y residencia, las autonomías y los ayuntamientos tienen el papel de integrar a los extranjeros; no todos están afrontando su función de la misma forma, según esta entidad.

"El Gobierno está cumpliendo. Desde febrero estamos debatiendo cómo dar documentación a esta gente", comenta Mimí. La prioridad para la organización que aglutina a un buen número de asociaciones de inmigrantes es regularizarlos, una vía que abre las puertas no sólo a conseguir trabajo, sino a contratos de alquiler, nóminas bancarias, altas telefónicas y actos administrativos básicos. "En julio presentamos un expediente con los datos de 160 personas y la subdelegación del Gobierno de Valencia está sacándolos adelante". El trabajo del Foro Alternativo, CC OO, Cáritas, y Valencia Acoge, entre otras entidades, comienza a obtener sus frutos y el viernes el subdelegado, Luis Felipe Martínez, anunció que esta semana se habrá regularizado a 55 inmigrantes que duermen bajo el puente en Valencia.

Es una labor complicada, porque hay que identificar a los extranjeros, pero "el problema se está resolviendo", apunta Mimí. No ocurre lo mismo con el Consell y el Ayuntamiento de Valencia. "El PP no tienen ninguna política de inmigrantes", dice Mimi.

La Generalitat, que es la que tiene las competencias en asuntos sociales, vivienda, educación y sanidad, ha observado el debate desde la barrera. La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, apunta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Los inmigrantes llegan en aviones que trae el ministerio de Interior y los dejan aquí. Si esta gente la trae el Gobierno, lo lógico es que el Estado gestione su atención hasta el final y organice un programa de atención estatal". Además, señala que hay albergues. "La cuestión es que muchos de ellos no quieren alojarse allí", añade.

Los mismos argumentos esgrime la concejal Torrado, del PP, que insiste en señalar a la política de extranjería del Gobierno central como culpable de la situación y pide "mayor esfuerzo". Torrado destaca que fruto del I Plan Municipal para la Integración de la Inmigración se han puesto en marcha recursos como el Centro de Atención al Inmigrante o la Guía Municipal de Información de Personas Inmigrantes. Además, a través de convenios, el Ayuntamiento ofrece 457 camas en albergues a los sin techo, y no todas se ocupan, subraya. Entre subvenciones y programas propios, el Consistorio destinó en 2005 cinco millones de euros para la atención de los inmigrantes, destaca la concejal, que se queja de que "la noticia sea el manguerazo, no esos recursos". Torrado admite que en los dos últimos años ya ha habido grupos de inmigrantes instalados bajo el puente, pero recalca que muchos no quieren acudir a los albergues porque están lejos de los puntos de reunión a los que acuden para ser contratados diariamente, motivo por el cual ha pedido al Gobierno que investigue una posible red de explotación de inmigrantes. El concejal Domínguez ha ido más lejos y ha propuesto que se les traslade a Torrent, donde buscan trabajo, lo que para el Grupo Socialista municipal supone una "deportación" de los afectados que achaca a la "incapacidad" del PP de encontrar soluciones. El portavoz de EU-L'Entesa, Antonio Montalbán, sugiere habilitar algún polideportivo, donde puedan cobijarse y asearse, una idea que rechaza Torrado. "Hablamos de personas y el Ayuntamiento no puede escudarse en el Gobierno y pordiosear unos euros", sentencia Montalbán, quien considera que "la Generalitat se sale de rositas".

Para el Foro Alternativo de la Inmigración, falta voluntad política en el Consell. El Plan Valenciano de Integración, prometido en 2001, no se presentó hasta 2004. Algo similar ha pasado con la Red de Agencias para la Mediación para la Integración y la Convivencia Social. La directora general de la Inmigración, Lina Insa, las presentó en noviembre de 2002, pero aún no ha visto la luz ninguna, a pesar de haber sido presentadas repetidamente. Bienestar Social pretende inaugurar las cinco primeras en los próximos meses.

El Ayuntamiento de Valencia insiste en que el reglamento de Extranjería prevé una red de centros estatales para atender a refugiados e inmigrantes. El Gobierno firmó un convenio con la Generalitat por 14,3 millones de euros, de los cuales 8,1 son para integración, y que dicen no haber visto aún. Otras entidades adelantan dinero propio. Los inmigrantes, mientras, malviven bajo el puente.