La telefónica de Portugal entregó por error listados de llamadas al juez de Casa Pia

Portugal recuperó ayer parte de la calma perdida al saber que la compañía telefónica Portugal Telecom (PT) entregó por error al Tribunal de Instrucción del proceso por pederastia conocido como Casa Pia las facturas telefónicas detalladas de 208 clientes del Estado, entre ellas las del presidente de la República, el entonces primer ministro, António Guterres, el fiscal general y el presidente del Tribunal Constitucional. La compañía telefónica explicó que, al recibir en 2003 la orden judicial de entregar, en soporte informático y no en papel, el listado de las llamadas hechas por el ex ministro Paulo Pedroso, un político investigado en el caso que cuando ocurrieron los hechos ocupaba la cartera de Trabajo, envió unos disquetes en cuyas primeras páginas figuraban las facturas de Pedroso, y en las siguientes hojas, "escondidas por un filtro informático", las de los otros 207 clientes cuyos teléfonos pagaba el Estado.

"En 2003, nuestro sistema informático tenía esa fragilidad", explicó PT al diario Público. "Cuando le pedíamos información sobre un número, nos daba todos los del cliente. No había problemas porque los tribunales pedían los registros en papel. En este proceso fue la primera vez que un juez exigió los registros informáticos, y eso llevó a que fueran facilitados todos los números del mismo cliente".

Según reveló el viernes el rotativo 24 horas, el listado reflejaba las 80.000 llamadas privadas realizadas por las máximas autoridades del Estado entre diciembre de 2000 y mayo de 2001, cuando se cometieron los abusos sexuales que ahora se juzgan por el caso Casa Pia.

Golpe silencioso

La noticia puso el viernes al país, inmerso en la campaña electoral presidencial, al borde del abismo. Hubo acusaciones de "golpe de Estado silencioso" y numerosas apelaciones al cese del fiscal general, José Souto Moura, ante "la gravedad de los hechos publicados". El presidente, Jorge Sampaio, protagonizó una aparición televisada en la que exigió una investigación urgente y desautorizó al fiscal, que poco antes había calificado la noticia como "falsa". También el primer ministro, José Sócrates, exigió un "concluyente esclarecimiento de los hechos".

El polémico fiscal Souto Moura, que ayer compraba libros con su hijo tranquilamente en Lisboa -según decía Expresso, el primer ministro ha intentado destituirle, sin éxito, dos veces-, comparecerá el martes ante el Parlamento. Según Público, Souto Moura deberá explicar un punto oscuro: en un documento del proceso, que firma Maria de Lurdes Cunha, funcionaria de PT, se da cuenta del envío de los disquetes y explica que lo hace para satisfacer "lo prometido en la reunión del Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de 29 de abril de 2003", reunión de la que no existe registro en los miles de páginas que constan en los autos.