Álava reconoce que su red de pisos para mujeres maltratadas está infrautilizada
La red de alojamientos para mujeres maltratadas de Álava se halla "infrautilizada" y debe adaptarse a las nuevas necesidades surgidas tras la aprobación de la ley contra la violencia hacia las mujeres, según reconoció ayer la diputada de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica. Sólo tres de las nueve plazas de acogida disponibles están actualmente ocupadas.
La diputada compareció ante la Comisión de Bienestar Social de las Juntas Generales a petición de EB para informar sobre el proyecto de crear un centro integral para mujeres maltratadas, que hizo público en octubre. Domaica se comprometió a "revitalizar" los contactos con los grupos para perfilarlo.
La diputada recordó que la nueva ley, que entró en vigor en enero de 2005, y las medidas que incluye, como los juicios rápidos y las órdenes de alejamiento, "ha obligado a muchos agresores a abandonar la vivienda". Como consecuencia, la necesidad de pisos para acoger a las víctimas se ha reducido.
"Nuestra red de recursos está infrautilizada", subrayó, al tiempo que advirtió de la necesidad de "adaptar a las nuevas necesidades" los servicios de la Administración. Para ello, abogó por crear "pisos puente" en los que se pueda acoger a las maltratadas después de que hayan asistido a los programas de atención disponibles y como paso previo a su inserción laboral.
El portavoz de EB, Ritxar Bacete, acusó a la diputada de haber vendido "humo" al presentar el proyecto cuando ni siquiera existe consignación presupuestaria para ponerlo en marcha.
Mikel Mintegi, de EA, propuso crear una comisión especial para que cada grupo presente sus aportaciones sobre este asunto. La socialista Dolores Escudero consideró que "crear falsas expectativas" en una cuestión como ésta es "alucinante" y recalcó que las características del centro anunciadas apuntan a que no ofrecerá ningún servicio nuevo. María Jesús Agirre, del PNV, reprochó a la diputada que se haya "hurtado la participación de los grupos en este proceso".
El centro se presentó como un inmueble de unos 500 metros cuadrados que tendría una plantilla compuesta por cinco psicólogos, un abogado, un administrativo, una trabajadora social y un director.
