Desacralizar

El pronunciamiento del general Mena y las reacciones que ha provocado dan la razón a los que piensan que, 27 años después, la Constitución española necesita una revisión. El artículo 8, al que el general hizo referencia, que atribuye al Ejército la misión "de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional", es un típico apaño de la transición. La Constitución se redactó bajo la presión de un ruido de sables, debidamente alimentado desde algunos sectores, del que nunca sabremos con exactitud lo que tenía de amenaza real. Pero el fantasma del golpismo estaba presente y condicionó a los legisladores, que se sintieron obligados a sembrar la Constitución de ambigüedades, anacronismos o eufemismos. El artículo 8 es un ejemplo de estos defectos. Es ambiguo sobre la sumisión de las Fuerzas Armadas al poder civil; es anacrónico, impropio de una Constitución democrática de finales del siglo XX; y está situado en un lugar -el título preliminar- que le da una prestancia y una solemnidad que no le corresponde.

Si se hace una lectura sistemática de la Constitución, no hay duda sobre la supremacía del poder civil sobre el militar (Art. 104). De modo que el artículo 8 debería ser una reliquia histórica sin mayor trascendencia. Pero las palabras del general Mena y sobre todo la reacción del PP y de muchos líderes de opinión de la derecha hacen pensar que esta interpretación democrática de la Constitución no está plenamente asumida.

Al considerar que las declaraciones del general son inoportunas pero llenas de razón y comprensibles por la situación política de España, se está alimentando la peligrosa idea de que las Fuerzas Armadas tienen una misión: proteger la unidad de la patria cuando consideren que está en peligro, lo que, en la medida que está especificado en el título preliminar de la Constitución, les sitúa excepcionalmente al margen de su obligación de obediencia al poder político. Con lo cual, el Financial Times tiene razón: "La Constitución debería reformarse para dejar clara la supremacía del poder civil sobre el poder militar". Si la derecha en 30 años no ha acabado de entenderlo, mejor será que abandonemos las ambigüedades constitucionales para ahorrarnos algún susto.

Los que, al modo del general Mena, interpretan que el artículo 8 otorga al Ejército la defensa de la unidad nacional están haciendo una lectura errónea y sumamente peligrosa. Errónea, del conjunto del texto constitucional e incluso del propio sentido del artículo 8: la expresión "defender la integridad territorial" se refiere usualmente a ataques provenientes del exterior. Peligrosa porque da a entender que el Ejército podría intervenir contra reformas llevadas a cabo siguiendo los procedimientos democráticos, con sólo que sus jefes interpretaran que amenazan la unidad de la patria. Y, sobre todo, porque establece una línea divisoria interna entre ciudadanos de España, que actúa como un factor separador, motor más eficaz del separatismo que las ambiciones de los nacionalismos periféricos. Al escorarse hacia estas posiciones, el grupo que controla el PP está dando munición a Zapatero para poder volver a movilizar a la totalidad de la izquierda frente a la amenaza del retorno de la peor derecha.

El episodio Mena demuestra que para amplios sectores de la derecha las Fuerzas Armadas siguen simbolizando una cierta idea de España y siguen gozando de cierta autonomía frente al Gobierno. El artículo 8 contribuye a ello. Permite alimentar la creencia de que las Fuerzas Armadas, por encima de los avatares del poder político, tienen la misión de salvar la llama sagrada de la patria.

Tiene razón y motivos Zapatero para intentar desacralizar el nacionalismo español y conducir la cuestión territorial hacia el ámbito de la normal negociación democrática para el reparto del poder. El problema es que está rodeado. Para avanzar en este campo tiene que aliarse con unos nacionalismos periféricos tan sacralizadores como el español. Al tiempo que tiene enfrente una derecha que, a la vista de este episodio, hay que pensar que todavía le faltan algunos fundamentos democráticos básicos. Todas las naciones son una ficción, pero como decía J. M. Schwartz: "El todo imaginado es, de hecho, aún más ficticio que la suma de sus partes".