Los sindicatos exigen a Aguirre mayor control sobre el sector

Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron ayer el "incumplimiento de la normativa" y la "ausencia de evaluación de los riesgos psicosociales de las empresas", especialmente en el sector de la vigilancia privada, y exigieron al Gobierno regional de Esperanza Aguirre mayor control del sector y de las políticas de contratación de las empresas.

Según CC OO, la falta de este tipo de evaluación en que se analizan factores como la organización, el ambiente de trabajo y las condiciones del mismo incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y sólo una mínima parte de las empresas se somete a este tipo de valoración.

Para el secretario de Salud Laboral de CC OO de Madrid, Carmelo Plaza, "la violencia en el trabajo se ha ido extendiendo desde las empresas como joyerías y bancos, a las que dan servicios a la sociedad, como el transporte y los servicios públicos, donde los trabajadores están sometidos a menudo a situaciones de riesgos psicosociales y violencia".

Por todo ello, CC OO reclama la aplicación de la Ley de Prevención y "la evaluación de todos los riesgos incluidos los psicosociales, garantizar el desarrollo profesional, el fomento del respeto y el trato justo en estabilidad, en salarios y en igualdad de oportunidades", según Plaza.

"Es en este punto en el que más presionados están los vigilantes de seguridad sometidos a elevadas jornadas de trabajo continuado, más de 12 horas diarias, nocturnidad, aislamiento etcétera. Si a estos factores se suma la precariedad, la poca formación y baja cualificación profesional y bajos salarios, estamos ante unas condiciones que requieren mejoras importantes", concluyó.

"Intrusismo"

Por su parte, UGT-Madrid mostró su "pesar" por los hechos y exigió al Gobierno regional que haya un mayor control para acceder a esta profesión y evitar el "intrusismo". Ante la "alarma social" creada con este suceso, y "como medida preventiva para que no se repita", UGT recordó que la regulación del acceso a la profesión de vigilante establece unos requisitos que "darían seguridad al sector" y que "no se cumplen".

Según UGT, pese a que periódicamente estos trabajadores deben someterse a cuestionarios psicotécnicos, la vigilancia de obras está dominada por empresas que "favorecen el intrusismo" y que, por tanto, "pueden llevar a situaciones de peligro tanto para los empleados como para la ciudadanía en general". Los centros que contratan este tipo de servicios lo hacen, según UGT, "a subcontratas que ignoran la regulación normativa".