La Audiencia embarga los bienes de los etarras asesinos de Baglietto

La Audiencia Nacional acordó ayer el embargo de los bienes de los ex etarras Kandido Azpiazu y Juan Ignacio Zuazolazigorraga para hacer frente a los 10,6 millones de pesetas (63.707 euros) de indemnización a que fueron condenados en 1981 por el asesinato de Ramón Baglietto y que nunca pagaron. Azpiazu asesinó, junto a Zuazolazigorraga, el 13 de mayo de 1980 a Baglietto, quien 18 años antes le había salvado la vida al evitar que fuera arrollado por un camión que causó la muerte de su madre y de su hermano.

En su resolución, los jueces de la Audiencia Nacional han librado un oficio a la Agencia Tributaria del Estado, a las Haciendas forales y a Tráfico, para que acrediten los bienes que tienen a su nombre los dos condenados y proceder al embargo.

La resolución, seguramente, será recurrida por los dos condenados, ya que existen serias posibilidades de que la reclamación haya prescrito. El plazo de prescripción, según fuentes de la Audiencia, habría vencido si hubieran transcurrido 15 años desde que la sentencia hubiera sido declarada firme, es decir, que no hubiera posibilidad de recurso.

No obstante, si la familia hubiera interpuesto alguna acción reclamando la deuda, el plazo de prescripción empezaría a contar de nuevo desde esa fecha.

Y fuentes de la Audiencia señalan que la familia de Baglietto hizo una reclamación genérica el 11 de enero de 1989 en la que solicitó el embargo de los bienes incautados a ETA en Francia.

Prescripción

El caso es que la Audiencia interpreta que esa reclamación alteraría el plazo de prescripción. Pero desde enero de 1989 hasta diciembre de 2005 han transcurrido más de 15 años por lo que, incluso en esa circunstancia, el asunto estaría prescrito.

El tribunal, en todo caso, no ha querido pronunciarse sobre si la reclamación ha prescrito o no y sólo entraría en la cuestión si fuera planteada por los abogados de los etarras. La resolución del tribunal será notificada hoy.

Azpiazu y su compañero fueron condenados a 49 años de cárcel y una multa de dos millones de pesetas (12.020 euros) por el atentado, así como a indemnizar a los herederos de su víctima con 10,6 millones de pesetas (63.707 euros). Sin embargo, ambos etarras se declararon insolventes, por lo que no pagaron ni una peseta. Salieron de prisión en 1995, después de cumplir 15 años de los 49 de su condena por haberse beneficiado de diversas redenciones ordinarias y extraordinarias de la pena. Los dos han tratado de rehacer sus vidas.

En marzo del año pasado, Azpiazu y su esposa adquirieron una cristalería en la calle de Ibai Ondo, número 14, de Azkoitia (Guipúzcoa). Según la escritura, se trata de un local de 91 metros cuadrados que costó, 120.202,42 euros y que tiene un crédito principal de 53.000 euros suscrito por La Caixa y a devolver en 120 cuotas.

Se da la circunstancia de que la Aldako Cristalería se encuentra ubicada en los bajos del edificio donde reside desde hace más de 25 años Pilar Elías, la viuda de Baglietto, que en la actualidad es concejal del PP en Azkoitia. Este hecho ha llevado al alto comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, a reclamar que se impongan penas de alejamiento para los terroristas.

Además, según la viuda de Baglietto, Zuazolazigorraga, ha abierto recientemente un restaurante en la carretera de Tolosa (Guipúzcoa). En diciembre pasado, y tras las denuncias de Elías, la fiscalía instó el embargo de los bienes de ambos condenados. A nombre de Azpiazu figura la cristalería, aunque la fiscalía reclamó también el bloqueo y embargo de las cuentas que el acusado tenga en La Caixa.