Jungla de hormigón creciente

La noticia de la inminente construcción de 4.000 viviendas más en Torrox (Málaga) o las 60.000 del nuevo PGOU de Almuñecar (Granada) hará que se froten las manos numerosos constructores, inmobiliarias y banqueros y los mismo ayuntamientos, cómplices en primer grado de todos los desmanes urbanísticos y el caos absoluto del litoral mediterráneo.

¿Habrán calculado la cantidad de agua que requieren todas las nuevas viviendas? Las aberraciones urbanísticas sistemáticas no son exclusivas de municipios como Torrox o Almuñecar. Lamentablemente, ocurre en todo el litoral mediterráneo español al tener las autoridades municipales y autonómicas un doble discurso; por un lado, defienden el llamado "crecimiento sostenible" para apresurarse rápidamente a cobrar nuevas tasas de IBI, impuestos de construcciones y obras, y demás ingresos regulares e irregulares.

Sólo el Gobierno central tiene ciertos criterios de cordura alejado de intereses localistas y parece ser que va a tomarse en serio la destrucción masiva del litoral mediterráneo. Uno siempre ha tenido la amarga sospecha de que la connivencia entre ayuntamientos como el de Torrox con la Junta de Andalucía, por ser ambos del PSOE, produce ese furor desarrollista de viviendas que van a estar la mayor parte del año totalmente vacías.

¿Es esto riqueza? Si es así, es puramente ficticia. Cuando hace meses leímos en la prensa que el alcalde de Manilva (Málaga) había ingresado en prisión por temas urbanísticos, nos acordamos de los numerosos alcaldes, concejales y funcionarios municipales de la costa de Málaga y Granada que podrían encontrarse en similar situación delictiva.