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La industria tabaquera necesita captar cada día en España 480 fumadores para poder mantener su negocio, reemplazando así a los fallecidos y los que abandonan este hábito. En total, según las primeras estimaciones del Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud, en 2006 precisarán de más de 175.000 consumidores, ya que sólo las muertes por enfermedad asociadas al tabaquismo superarán los 55.000 anuales.

Por este motivo, la estrategia publicitaria de las compañías se centra en los más jóvenes, aquellos que pueden garantizar a las empresas un consumo durante décadas. Así se pone de manifiesto en el tipo de actividades que vienen patrocinando o en las que se han anunciado, como el motociclismo. Nunca aquellas que desarrollan personas de la tercera edad. Los datos confirman esta hipótesis. Un porcentaje elevado de los nuevos fumadores son adolescentes, ya que la edad media de inicio en España es de 13 años. El 25 % de los jóvenes fumadores son varones y el 35,8 %, mujeres.

Hacienda y las administraciones autonómicas perciben miles de millones de euros de este vicio
Un porcentaje elevado de los nuevos fumadores son adolescentes, ya que la edad media de inicio en España es de 13 años

Gastarse dos euros y medio en un paquete de tabaco rubio es demasiado y las tabaqueras lo saben. Además son conscientes de que si no consiguen retener a los adolescentes como semillero de nuevos fumadores, el negocio se les viene abajo. Hay que suplir a los mayores de 40 que dejan de fumar. Para ello han inventado las denominadas "marcas baratas", cuyo precio es de entre un 55 y un 60 % el de las normales y que han ganado cuota de mercado de forma espectacular en el último año. Acabar con esta práctica sería posible con sólo cambiar el sistema impositivo para que todas las cajetillas paguen un fijo alto, independientemente del precio de venta, con lo que muchas marcas no serían rentables. El Ministerio de Economía dice que no lo descarta.

Diez meses antes de que haya entrado en vigor la ley antitabaco, se hacía lo propio con el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud, al que España está adherida formalmente desde hace un año. El pacto internacional contra los humos y la nicotina fue alcanzado por 171 países en mayo de 2003, después de arduas negociaciones que tanto Estados Unidos como la industria tabaquera trataron de boicotear. Al final y de momento, sólo 57 países lo han rubricado. Han quedado fuera EE.UU, sede de la multinacional Philip Morris, compañía líder del mercado tabáquico, y China, el mayor consumidor de cigarrillos del mundo.

En nuestro país, la nueva ley regula dónde se puede fumar; qué lugares están autorizados para vender tabaco y la publicidad. Uno de los tres objetivos que persigue la norma es retrasar el inicio de la edad a la que los jóvenes empiezan a fumar. Los menores de 16 años no podrán entrar en lugares donde se permita aunque les acompañe un adulto.

Pero tampoco podemos obviar que el sistema sanitario español dedica cada año casi 4.000 millones de euros a atender enfermedades directamente causadas por el tabaquismo. En este punto, lo paradójico es la forma en la que el Estado decide declarar la guerra total a los fumadores sin renunciar a la vez a los suculentos beneficios económicos que esta adicción produce para las arcas públicas. De cada cajetilla que se vende, un 71,42 % de su precio son impuestos. En el mercado español existen 14.487 expendedurías de tabaco, todas ellas con concesión administrativa. De ellas, 8.500 son de carácter general (sólo son estancos) y algo menos de 6000 son de carácter complementario. De su montante, Hacienda y las administraciones autonómicas perciben miles de millones de euros directamente de este vicio con el que se ha decidido acabar.

No se han hecho bien las cosas. No se ha sabido garantizar la eficacia de la norma. Las autoridades aseguran que no tiene por qué ocasionar pérdidas millonarias al sector hostelero y ponen como ejemplo Noruega donde en junio de 2004 entró en vigor y cafeterías y restaurantes no se han resentido. Irlanda también ha aplicado la prohibición de fumar y casi el 95 % de los ciudadanos están de acuerdo con la implantación de la nueva norma. Otra cuestión será lo que suceda en los centros de trabajo. Todavía es pronto para saberlo. El único caso en el que se ha estudiado el tema es Italia, donde la prohibición de fumar está en vigor desde el año pasado y donde se ha realizado una encuesta entre 177 empresas. La conclusión de los investigadores es que el 75 % de las compañías tienen problemas con los fumadores y que las pausas que hacen para salir a la calle a echarse el cigarrillo reducen hasta en un 10 % la productividad de estos empleados. De hecho, un 3 % de las compañías encuestadas estudian ya métodos legales para poder reducir el salario a los fumadores. ¿Se imaginan algo así en España?

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 07 de enero de 2006.

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