300 bandas mafiosas en constante movimiento por la presión policial
El asalto al chalé del industrial de Canals Francisco Ramírez, obra de un grupo organizado, según la investigación policial, ha llevado al alcalde de la localidad a achacar a este tipo de delincuencia, de carácter mafioso, al menos otros cinco robos a viviendas de la de población. La Subdelegación del Gobierno en Valencia rechaza esa hipótesis y considera el atraco a la casa del empresario como una excepción en la actividad delictiva de esa comarca del interior de la provincia de Valencia, atribuible en la mayoría de los casos a delincuentes comunes.
El Gobierno central admite la presencia de grupos mafiosos, integrados por personas procedentes de los países del Este de Europa, pero hasta ahora limita el radio de acción de éstos a las comarcas meridionales de la región, es decir, el sur de Alicante, con la turística Torrevieja como punta de lanza.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) cifra en alrededor de 300 las organizaciones con tintes mafiosos que operan en el ámbito de la Comunidad Valenciana, de las cuales la mitad se concentra en la provincia de Alicante. El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) precisa que esas organizaciones no son propiamente grupos mafiosos, "sino ramificaciones" de aquéllas, cuyas matrices radican en sus países de origen.
En el caso de la provincia de Alicante, esos grupos del crimen organizado se asientan preferentemente en la comarca de la Vega Baja, donde operan 90 redes. El balance de su actividad, en 2003 fue de un total de 50 asesinatos, 25 de ellos por ajustes de cuentas entre estas bandas.
La presión policial ha desplazado en los últimos años la actividad de las redes organizadas del sur al centro y norte de Alicante, las comarcas de la Marina Baixa y Alta. En ese área, la Guardia Civil ha contabilizado 60 organizaciones.
La oleada de atracos violentos a viviendas en esas dos comarcas a finales de 2004 llevó a un centenar de empresarios a crear una plataforma en demanda de medidas policiales. La mayoría de los grupos mafiosos se valen del negocio inmobiliario como tapadera para el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas y de la prostitución.
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