Los abogados de Guipúzcoa amenazan al Gobierno con suspender el servicio de atención a inmigrantes irregulares

El Colegio de Abogados de Guipúzcoa amenazó ayer con suspender temporalmente el servicio de atención jurídica y social a inmigrantes en situación irregular, si el Departamento de Asuntos Sociales no mejora las condiciones económicas del convenio hasta ahora vigente, según indicó el representante del colegio, Iñaki Almandoz.

El servicio Heldu depende del Gobierno vasco y está abierto en las tres capitales desde 2003 gracias a sendos convenios de colaboración anuales con los colegios de abogados de cada territorio. El Departamento de Asuntos Sociales aporta el dinero y los colegios se encargan de contratar al personal que atiende el servicio.

Según está estipulado, para revisar el acuerdo es preciso denunciarlo al menos dos meses antes de que acabe el año, pues, de lo contrario, se procede a la prórroga automática, según explicó Almandoz. El Colegio de Abogados de Guipúzcoa, que este ejercicio ha funcionado con una prórroga del acuerdo de 2004, inició las conversaciones con Asuntos Sociales allá por verano para mejorar las condiciones para 2006. El pasado octubre, el colegio denunció el convenio actual y la consejería presentó por escrito un principio de acuerdo, según aseguró el letrado. Sin embargo, un mes después, el Ejecutivo "retiró los avances" alcanzados, añadió.

Ambas partes mantuvieron su última reunión el pasado lunes sin llegar a un pacto. En este momento, por tanto, Guipúzcoa carece de convenio para 2006. Vizcaya y Álava verán prorrogados los suyos. Ante esta situación, el colegio de abogados guipuzcoano amenaza con no subir el próximo 2 de enero la persiana de la oficina de San Sebastián, en la que trabajan tres abogados y dos administrativos. Desde el inicio del programa, han atendido a tres mil inmigrantes. El escollo, según fuentes de Asuntos Sociales, radica en que los letrados de Guipúzcoa quieren que si en el futuro desaparece Heldu, las indemnizaciones de sus trabajadores corran a cargo del Gobierno, algo que "jurídicamente no es posible". En todo caso, la consejería estaría dispuesta a elevar la partida de gastos de gestión del servicio, un incremento que llevaría a cabo en los tres territorios.