Diversidad e igualdad, un falso dilema

El hilo conductor de buena parte de las críticas que ha recibido el proyecto de Estatuto de Cataluña es que plantea un cambio en el reparto territorial del poder político de forma unilateral, sin tener en cuenta el conjunto del Estado, prefigurando un marco desigual o asimétrico en competencias, financiación, derechos y deberes, que vendría amparado por el reconocimiento de Cataluña como nación. Estos aspectos, esgrimen sus críticos, vulneran la Constitución y atentan contra el interés general. De ser ciertas estas afirmaciones en el proceso de reformas estatutarias no habría más opciones que el camino de la disgregación o el camino de un modelo territorial con Estatutos fotocopiados. Al parecer para la derecha no vale ni la experiencia acumulada en España, donde han coexistido diferentes ritmos o grados de autogobierno, ni las ricas experiencias de los modelos federales.

Cataluña asume sus obligaciones tanto con el Estado como con el resto de comunidades

En general estas críticas se concretan en la definición de Cataluña como nación, derechos y deberes, competencias y financiación. Pero vayamos por partes. La definición de Cataluña como nación no es anticonstitucional porque no plantea una cuestión de soberanía, puede interpretarse en un sentido cultural, histórico o incluso político, sin que se plantee formar un Estado propio. Según el nuevo Estatuto, Cataluña se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución. Denominarse nación no implica ningún privilegio, sino simplemente aplicar la propia CE, que en el artículo 147.2 establece que los estatutos de autonomía pueden fijar la denominación de la comunidad que se ajuste mejor a su identidad histórica.

La derecha afirma que el Estatuto fija un modelo cerrado de sociedad y unos supuestos privilegios para los ciudadanos de Cataluña. El Estatuto plantea un modelo abierto que refleja los valores mayoritarios de la sociedad catalana, al tiempo que permite aplicar proyectos políticos distintos. El Estatuto no es solamente un listado de competencias y una regulación de las instituciones, sino que incorpora una dimensión social y ciudadana reconociendo los derechos de las familias, los menores, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores o las personas que sufren pobreza. Así como derechos y deberes en el ámbito del medio ambiente, la educación, la salud, la cultura o la vivienda. Un catálogo de derechos que no vulnera la igualdad entre los ciudadanos del Estado, puesto que nada impide que todas las comunidades establezcan un título de derechos y deberes en sus Estatutos, siempre que estos traten de materias que son competencias propias de la comunidad autónoma, como es el caso del nuevo Estatuto de Cataluña.

Es lógico que la derecha española -más neoliberal que liberal-, para la cual los actores económicos deben regular la sociedad, de acuerdo con el modelo imperante al otro lado del Atlántico, se oponga al título de derechos y deberes; y en cambio apoyen la incorporación de los mismos quienes tienen como modelo las sociedades más avanzadas de Europa.

La experiencia de estos 26 años de autonomía ha puesto de manifiesto que uno de los principales problemas para el desarrollo de los autogobiernos ha sido la constante interferencia del Estado, que ha laminado las competencias propias de las autonomías a partir de un concepto y una práctica expansiva de la legislación estatal. Esta práctica ha ido vaciando de contenido el autogobierno y estrechando sus márgenes de actuación.

La metodología empleada en el nuevo Estatuto, el mal llamado "blindaje" de las competencias, consiste en precisar el carácter exclusivo, compartido y ejecutivo de las competencias, detallando las materias y submaterias sobre las que la Generalitat tiene competencias, para evitar el recorte de autogobierno que hemos venido sufriendo. Se trata, por ejemplo, de que si una competencia es exclusiva lo sea realmente. Así mismo, el Estatuto reclama, a través de una disposición adicional, el traspaso a través del artículo 150.2 de la CE de competencias en inmigración, puertos y aeropuertos o telecomunicaciones, que son estratégicas para Cataluña. ¿Supone esto una imposición unilateral de Cataluña al conjunto del Estado? No, en primer lugar porque los Estatutos son normas pactadas. El Parlamento de Cataluña, y el de todas las comunidades autónomas, aprueban proyectos de Estatuto que deben pactarse en las Cortes y someterse a referéndum posteriormente. Se trata pues de una norma acordada bilateralmente entre las comunidades autónomas y el Estado, no de una imposición unilateral. Y en segundo lugar porque la Constitución permite una interpretación abierta de los ámbitos competenciales, dejando a los Estatutos la posibilidad de complementar la distribución de competencias.

En cuanto a la financiación, tenemos un amplio consenso en Cataluña, basado en estudios muy solventes, de que este es uno de los principales problemas de nuestro autogobierno. Los principios que propone el Estatuto como base del titulo de financiación son la autonomía financiera, la coordinación, la solidaridad y la transparencia. La capacidad normativa de la Generalitat en esta materia, según el proyecto de Estatuto, se realizará en el marco de las competencias del Estado y de la UE. Y, al contrario de lo que se ha dicho, Cataluña asume sus obligaciones tanto con el Estado como con el resto de comunidades; solamente reclamamos que las normas de la cohesión territorial, de la solidaridad, sean conocidas y transparentes, a diferencia de lo que ocurre ahora, porque ¿alguien sabe cuál es la forma que garantiza la cohesión territorial en España? El Estatuto propone un sistema realmente equitativo y eficiente. Equitativo porque plantea que a igual esfuerzo fiscal todos los ciudadanos del Estado tengan acceso a iguales servicios, garantizando la aportación de recursos de la Generalitat a los mecanismos de solidaridad para que este principio se cumpla. Y eficiente, al establecer la correspondencia entre esfuerzo fiscal e ingresos: a mayor esfuerzo fiscal, mayores ingresos.

¿Nos puede llevar todo esto a 17 modelos autonómicos de autogobierno? No necesariamente. Cataluña no busca privilegios, sino mejorar su autogobierno, una mejora que, en buena medida, es generalizable al conjunto de comunidades autónomas. Igualdad y diversidad no son conceptos antitéticos, si por igualdad no se entiende uniformidad. La tendencia en los últimos años en los modelos federales ha sido la del retorno de poder a las entidades federadas y la diversidad competencial partiendo de un tronco común, para dar respuesta a realidades nacionales, demográficas, socioeconómicas, geográficas que son distintas.Lo que el debate sobre el Estatuto pone en evidencia es el grado de voluntad autonomista real de las fuerzas políticas del Estado, al aceptar o no un reparto de poder político más favorable a los autogobiernos; y el grado de cultura democrática alcanzado si de una vez se asume plenamente la diversidad de realidades nacionales que conforman España.

Debiéramos tomar nota de otras experiencias, como la de Canadá, con una cultura federal y democrática mucho más arraigada que la nuestra. Stéphane Dion, ministro liberal canadiense de relaciones intergubernamentales, en relación a la petición de reconocimiento de Quebec como sociedad distinta dijo que las diez provincias son iguales en el sentido en que no hay más que un solo estatuto de provincia en Canadá. Y esas dos nociones -carácter único de Quebec e igualdad de las provincias- son conciliables desde el momento en que se admite que la igualdad no es sinónimo de uniformidad en Canadá. La igualdad debe ir pareja con un profundo respeto para todo lo que conforma la diversidad canadiense. Ya quisiéramos que los que en España se denominan liberales tuvieran este mismo espíritu democrático y federalista.

El reto en España es aceptar la diversidad. La diversidad de identidades nacionales y la diversidad de aspiraciones en el autogobierno. Cataluña no pone obstáculos a las comunidades que quieran alcanzar el mismo grado de autogobierno, la generalización de las autonomías ha sido buena para todo el mundo, pero esto no puede convertirse en la coartada del recorte de las legítimas y constitucionales aspiraciones de Cataluña.

Como se ha visto a lo largo de estos meses, las distintas comunidades autónomas que reforman sus estatutos no han expresado ni las mismas aspiraciones ni la misma voluntad de autogobierno. Esto no es ni peor ni mejor, es simplemente la realidad.

Joan Saura es consejero de Relaciones Institucionales y Participación y presidente de Iniciativa per Catalunya Verds.