El traspaso del Guadalquivir suscita el primer conflicto de la legislatura entre Junta y Gobierno

La gestión de la cuenca del Guadalquivir se ha convertido en el principal punto de fricción entre el Gobierno central y el andaluz, si bien la sintonía política entre ambos impide que se evidencie con la acritud que ocurría en la etapa del PP al frente del Ejecutivo. El traspaso de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es una histórica reclamación de Andalucía, que tampoco el cambio político en Moncloa parece haber despejado. La Junta ha convertido esta transferencia en uno de los puntales de la reforma del Estatuto en materia de competencias, pero la Administración central considera que "implicaría un cambio constitucional".

Ningún cargo del Ministerio de Medio Ambiente cuestiona el carácter netamente andaluz del Guadalquivir, el elemento geográfico más vertebrador de la comunidad, que discurre por cinco de sus ocho provincias. Esta vinculación ha propiciado que la gestión de sus aguas sea una reivindicación del Gobierno andaluz desde los tiempos en que el socialista Felipe González ocupaba el sillón presidencial en La Moncloa.

Pero no todos los 57.527 kilómetros cuadrados de su cuenca están en suelo andaluz. Un escaso 10% se reparte entre Murcia, Extremadura y Castilla La Mancha (ver gráfico). Esto lo convierte en una cuenca intercomunitaria y, por tanto, de gestión estatal, según lo establecido en la Ley de Aguas. El nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha facilitado el traspaso de la gestión de cuencas interiores como la del Sur (ahora rebautizada Cuenca Mediterránea Andaluza) y las del Tinto, Odiel, Piedras y Chanza (nueva Cuenca Atlántica Andaluza) al ámbito autonómico, pero, a la vista de los pronunciamientos de la cúpula del ministerio, incluida su titular Cristina Narbona, no parece haber allanado el camino para el Guadalquivir.

El choque entre ambas administraciones, por primera vez en esta legislatura, está aflorando ahora, cuando los partidos ultiman la reforma del Estatuto de Autonomía, que concede a la reivindicación del Guadalquivir un peso crucial. De ahí que el Gobierno andaluz y la dirección regional del PSOE hayan redoblado los esfuerzos para tratar de desbloquear el traspaso.

"Andalucía tiene la hegemonía por superficie, población, historia y sociología. Ahora se trata de dar con la fórmula que satisfaga el deseo andaluz sin romper con el espíritu de la Constitución", expone Jaime Palop, director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y anterior presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La posición del Gobierno, expresada por Narbona, y reiterada por Palop, es de comprensión parcial hacia la demanda andaluza. Palop propone buscar un mecanismo "para que Andalucía no se sienta menospreciada y pueda gestionar sus políticas de agua" sin que esto suponga romper la unidad de la cuenca hidrográfica. Una opción que baraja el ministerio es establecer una proporcionalidad directa en la junta de gobierno de la CHG, lo que garantizaría una mayoría incuestionable de la Junta. Pero la competencia seguiría teniendo carácter estatal. "En mi modestísima opinión, traspasar la cuenca implicaría un cambio constitucional porque Andalucía no puede gestionar el territorio de Extremadura y Castilla La Mancha", plantea Palop.

La posición de la Junta da la vuelta al calcetín. Reclaman la competencia, aunque aceptarían que el Estado se reservase un papel para dirimir conflictos entre las autonomías. "El Estado tendría una posición de garante sobre las decisión que afectan a las demás, expone el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Espadas. "Habrá que buscar la mejor solución jurídica para dar respuesta a una aspiración política, añade.

Palop descarta la modificación del concepto de cuenca como una solución que permita favorecer la petición andaluza. Esta vía, que implica la reforma de la Ley de Aguas, fue planteada por el secretario federal de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, como una fórmula jurídica que permitiría traspasar la gestión del tramo andaluz del Guadalquivir. Pero el concepto de cuenca también está ahora recogido en la Directiva Marco de Agua, que es de obligado cumplimiento para los Estados de la UE. "El ministerio no puede abdicar el principio de unidad de cuenca, aunque defienda más implicación de las comunidades autónomas", señala el presidente de la CHG, Francisco Tapias.

"Si el concepto de cuenca no se puede trocear, tendría que haber un órgano donde estén todas las comunidades autónomas representadas", concede el viceconsejero de Medio Ambiente. Pero esto no cierra la puerta a la exigencia andaluza. "Lo que quiere la directiva marco es que se gestionen con objetivos comunes e integrados, pero no entra en la organización administrativa", precisa Espadas.