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El PP vincula su apoyo al Estatuto a que detalle las transferencias de la Junta a los Ayuntamientos

Arenas sigue sin plantear nuevas competencias para la comunidad en la reforma estatutaria

A cuatro días para el debate en ponencia parlamentaria sobre el título de competencias en la reforma del Estatuto andaluz, el PP sigue sin hacer ninguna propuesta sobre qué nuevas materias debería asignar el Estatuto a la comunidad autónoma. Tras el anuncio de que el grupo parlamentario popular sí hará algún planteamiento el próximo miércoles, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, centró ayer la exigencia de su partido en que la reforma estatutaria incluya un artículo que especifique las competencias que la Junta transfiere o delega en los Ayuntamientos. Arenas recalcó que el apoyo del PP a la reforma depende de que el Estatuto diga con "claridad" las materias "que serán transferidas a los municipios".

El debate sobre las nuevas competencias que figurarán en el Estatuto se ha centrado en qué materias exclusivas del Estado se reclaman para la comunidad mediante su inclusión en el nuevo texto. Es un debate del que el PP se ha ausentado al no hacer ninguna propuesta concreta, más allá de plantear la introducción de la cláusula Camps , por la que Andalucía asumiría de forma automática cualquier nueva competencia aplicada por otra comunidad. Por el contrario, PSOE, PA e IU han afinado sus propuestas y han multiplicado los contactos en busca del acuerdo. La propuesta básica de los socialistas es incluir cinco competencias que, hasta ahora, pertenecen al Estado: aeropuertos y puertos, servicio meteorológico, museos, archivos y bibliotecas, cuenca del Guadalquivir y tráfico y seguridad vial. El listado de los otros dos partidos es más amplio.

Tras las críticas del presidente de la Junta, Manuel Chaves, a la inhibición del PP en la reforma del Estatuto, el grupo parlamentario popular anunció a principios de esta semana que sí hará una "propuesta concreta" el próximo miércoles. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, adelantó ayer que en esa propuesta se planteará la creación de un nuevo artículo que especifique las competencias que la comunidad autónoma transferirá o delegará a los municipios andaluces. Pero volvió a omitir cualquier iniciativa sobre nuevas competencias autonómicas.

Durante su participación en unas jornadas sobre financiación europea organizadas en Sevilla, Arenas detalló que el artículo propuesto establecería que "los municipios andaluces ejercerán, en virtud y con pleno respeto del principio constitucional de autonomía local, además de las competencias que les vengan atribuidas por la legislación del Estado, aquellas otras que les sean transferidas o delegadas por la comunidad autónoma andaluza". Además, el PP planteará que el nuevo Estatuto especifique la exigencia de que la comunidad autónoma transferirá o delegará a los Ayuntamientos competencias en 20 materias: consumo, deportes, educación, empleo, juventud, medio ambiente, políticas de género, ordenación del territorio y urbanismo, patrimonio histórico, protección civil, sanidad, servicios sociales, transporte, turismo, vivienda, voluntariado, participación ciudadana, protección de la familia, medios de comunicación y espectáculos públicos y actividades de ocio.

Además, el PP propone que se especifique que "las competencias de la comunidad autónoma de Andalucía que se transfieran o deleguen a los municipios andaluces deberán estar referidas sustancialmente a la prestación o ejercicio de las mismas, sin perjuicio de que la comunidad siga manteniendo, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, planificación y coordinación".

Arenas enfatizó que el respaldo del PP a la reforma dependerá de si especifica "con claridad" qué competencias que serán transferidas a los municipios". El dirigente popular añadió que su partido también defenderá que e en el cuadro de competencias quede recogido que cada una de ellas contará con la financiación necesaria. El presidente del PP andaluz justificó la inclusión de estas medidas en que los Ayuntamientos están asfixiados, lo que les hace recurrir a una política urbanística descontrolada para asegurarse ingresos.

El PP estudia incluir también en la propuesta que hará pública el miércoles una mención a la necesidad de garantizar en el Estatuto andaluz que hablar castellano no sea motivo de discriminación para un ciudadano andaluz. Según Arenas, los destinatarios de esta medida serían los andaluces que viven en Cataluña ya que, a su juicio, el Estatuto catalán ampara "la discriminación por no hablar catalán".

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