La justicia de proximidad cambia el sistema de elección de jueces de la Carta de Barcelona

Hubo práctica unanimidad ayer en las intervenciones de los parlamentarios en el Congreso en congratularse por el consenso alcanzado para aprobar la Ley de Barcelona y porque ésta representa una gestión más y mejor para los ciudadanos. El PP, que se abstuvo en el tramo final de la negociación, votó ayer la ley pero se encargó de introducir un elemento crítico al dejar clara su oposición al modelo de justicia de proximidad, uno de los pilares de la Carta. Precisamente la ley de justicia de proximidad que elabora el Gobierno introduce cambios importantes en la forma de la selección de los jueces de distrito.

Y no es un cambio baladí porque el diseño del Gobierno es que las ternas de los jueces de proximidad -encargados de resolver los conflictos de menor entidad como delitos de faltas y pleitos civiles de menor cuantía- no serán nombradas por el pleno del consistorio de Barcelona sino por un tribunal que estará integrado en dos terceras partes por miembros del Consejo de Justicia de Cataluña -un órgano que prevé el nuevo Estatut- y la restante por el Parlament. A cambio de esta modificación respecto a lo que pretendía la Ley de Barcelona, los jueces tendrán competencias en pleitos contenciosos-administrativos de una cuantía aproximada a los 2.000 euros. Con todo, fuentes del Ayuntamiento insistían en que el balance era positivo.

Sobre todo porque a Barcelona le ha costado unos 25 años tener una ley especial, una aspiración que respondía al propósito de la capital de Cataluña a tener un reconocimiento en la práctica de eso mismo. Es decir, más capacidad de decisión, más competencias por la singularidad y mejor financiación. Pese a que el debate de la necesidad de la ley estuvo sobre la mesa desde el primer ayuntamiento democrático, los partidos políticos tardaron la friolera de 20 años en llegar a un acuerdo. Lo hicieron en 1997 en el consistorio de Barcelona y un año más tarde en el Parlament. Pero quedaba lo más difícil: la financiación, la propuesta de justicia de proximidad y la participación de la ciudad en infraestructuras, principalmente aeropuerto y puerto. Estos son, en síntesis, algunos de los puntos esenciales de la Carta de Barcelona.

- Policía judicial. La Guardia Urbana de Barcelona tendrá carácter de policía judicial adscrita a los juzgados de distrito. Por otra parte, se creará un cuerpo auxiliar de agentes -muy probablemente los vigilantes de las áreas verdes de aparcamiento- que controlarán el cumplimiento de las ordenanzas municipales. De hecho ese punto se ha incluido también en el último tramo de la negociación de la nueva ordenanza de civismo.

- Seguridad vial. Las sanciones por infracciones de circulación cometidas en vías urbanas competerán al alcalde y será el Ayuntamiento el que agilice los mecanismos para inmovilizar vehículos que circulen sin el seguro obligatorio o que no hayan notificado el cambio de nombre. En materia de sanciones se reconocerá la capacidad de la Hacienda municipal para instar el cobro de multas impagadas por ciudadanos no residentes en Barcelona.

- Puerto y aeropuerto. La ciudad tendrá más representación en los órganos de decisión de instituciones, organismos y empresas de infraestructuras. En el puerto pasará del 10% al 20%. En el aeropuerto, donde hasta ahora no tenía participación, la tendrá. Y lo mismo ocurrirá en los órganos gestores de Renfe y en la demarcación de costas.

- Financiación. El Ayuntamiento de Barcelona, además de lo que dispone la Ley de Haciendas Locales en cuanto a participación de impuestos, no consiguió en la negociación de la Carta una cesión directa del IVA (20%), del IRPF (10%) y de los impuestos especiales (30%). Era el cálculo que se hizo para obtener 100 millones de euros anuales. La forma de atender lo que reclamaba la ciudad en tres materias -cultura, transporte público y justicia de proximidad -se articula con convenios finalistas que se reflejarán anualmente en los presupuestos generales del Estado. Estos convenios, en conjunto, se quedan bastante por debajo de los 100 millones que reclamaba el consistorio. De forma aproximada unos 20 millones para cultura -los museos y equipamientos sufragados hasta ahora exclusivamente por la ciudad, como el Picasso-, otros 20 para cubrir la aportación que hace la ciudad en una red de transporte público que da servicio a varias poblaciones del área metropolitana y entre 10 y 20 para costear los gastos que suponga la justicia de proximidad. En los presupuestos de este año se ha incluido una partida de 15 millones de euros para los equipamientos culturales de la ciudad, otros 5 para el área metropolitana y 74,3 millones de euros como aportación cuatrienal para financiar el sobregasto de la red de transporte metropolitano.