El Constitucional desestima el recurso del Gobierno contra la ley andaluza de Doñana

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Junta de Andalucía en el pulso que han mantenido en los últimos años con el Gobierno a propósito de la gestión de los parques nacionales. Además de inclinarse por las tesis autonómicas en varios recursos, el pasado 15 de diciembre dictó una sentencia que bendice la ley de Doñana, aprobada en 1999 por el Parlamento autonómico, y desestimó el recurso interpuesto contra ella por el Ejecutivo en 2000, cuando estaba gobernado por el PP. Esta norma, que recibió el respaldo de PSOE, IU y PA en la Cámara autonómica, unifica la gestión de Doñana. "Es un varapalo extraordinario a la actitud intervencionista del Gobierno", sentenció ayer Fuensanta Coves.

La ley andaluza de Doñana, que unificaba la gestión del espacio protegido que ahora mismo se divide entre parque nacional y natural, podrá entrar en vigor seis años después de ser aprobada en el Parlamento autonómico. El Tribunal Constitucional dio luz verde a la norma en una sentencia dictada el pasado 15 de diciembre, que desestima el recurso interpuesto por el Gobierno central, entonces en manos del PP.

Hay, no obstante, un apartado concreto (el 7 del artículo 16) que el alto tribunal declara inconstitucional porque otorga tareas ejecutivas al consejo de participación, un órgano de "cooperación y propuesta", que debe ejercer la propia comunidad autónoma. Este aspecto suscitó la discrepancia del magistrado Guillermo Jiménez Sánchez, que emitió un voto particular contrario a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16.7.

El fallo del TC fue interpretado por la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, como un "varapalo extraordinario a la actitud intervencionista e invasora de las competencias que ha tenido el Estado sobre los parques nacionales"

Coves recordó los sucesivos pronunciamientos del alto tribunal a favor de la gestión autonómica de estos espacios. "Ha habido una agresión permanente del Estado que es lo que siempre hemos combatido", dijo. La consejera señaló que la nueva sentencia refuerza la posición andaluza en la negociación de las competencias de los Parques Nacionales de Sierra Nevada y Doñana.

El Ministerio de Medio Ambiente y la Junta están inmersos en este proceso, cuyo principal escollo reside en la titularidad de las fincas que pertenecen a la Administración central dentro de estos espacios protegidos. De hecho, la gestión no pasará a manos de la Administración autonómica el 1 de enero, como estaba previsto. "La Junta ha optado por ser firme", precisó Coves.

Tras el beneplácito judicial, la consejera explicó que la ley de Doñana entrará en vigor cuando se materialice este traspaso de los dos parques nacionales a Andalucía. En relación con la norma del Ministerio de Medio Ambiente para establecer unos criterios homogéneos en todos los parques nacionales, ahora que pasarán a manos autonómicas, Coves comentó que supervisarán el proceso parlamentario para que no se produzcan "invasiones de competencias". "Creo que el Gobierno central no va a cometer ese error", agregó. La Ley del Espacio Natural de Doñana, aprobada con los votos de PSOE, IU y PA en octubre de 1999, unifica los órganos de gestión y participación en los parques de Doñana mediante la creación de nuevos equipos, que modifican el modelo organizativo actual.

Por otro lado, Coves firmó un convenio con el presidente de El Monte, José María Bueno Lidón, para la creación en Andalucía del primer Centro de Cambio Climático para empresas.