RIP a la LRAU

Las Cortes Valencianas aprobarán hoy la Ley Urbanística Valenciana (LUV), lo que supondrá el acta de defunción de la Ley reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) aprobada por el PSPV en 1994. Con ella se cerrará el círculo virtuoso de una reforma legislativa que se inició en 2003. Una vez más el PSPV-PSOE comete una torpeza política al empecinarse en su estrategia política de defender una ley, la LRAU, que ha sido finiquitada socialmente en la Unión Europea, mediante un dictamen motivado "dirigido al Reino de España... por no respetar las disposiciones de las Directivas 93/37/CEE y 92/50/CEE". En este dictamen se acusa al gobierno Zapatero de incumplir "las obligaciones que le incumben".

Un varapalo del que no puede desentenderse el gobierno de una nación que hace veinte años que entró a formar parte de Europa. El gobierno socialista, haciendo dejación de sus funciones, incluso se ha permitido no transponer a día de hoy la Directiva 2004/18/CE y que debería haber sustituido a las dos anteriores. En ese mismo dictamen se felicita a la Generalitat por abordar un cambio drástico con la nueva LUV. Por tanto, quienes han tratado de obviar ese rapapolvo al gobierno socialista están ante un ejercicio consciente de demagogia.

Cuando hace tres años emprendimos un nuevo ciclo para dotar a la Comunidad Valenciana de un sólido armazón legislativo muy pocos fueron los que preveían un cambio tan radical en las reglas de juego que iban a modular el urbanismo de las próximas décadas. Los objetivos se han mantenido inamovibles y los instrumentos se han acomodado a ellos con el tiempo. Todos los pasos que se han dado se han encaminado a alcanzar tales objetivos: la entrega de 100.000 viviendas protegidas a las familias con menos recursos económicos y conseguir la máxima protección de nuestro territorio. Hoy podemos decir que un alto porcentaje de dichos objetivos están cumplidos o en proceso de ser cumplidos. 668.000 hectáreas de nuestro territorio totalmente protegidas y más de 50.000 viviendas entregadas, y lo que es más importante, un potencial de crecimiento ordenado de cara a las próximas décadas que asegurará un equilibrio entre crecimiento y protección.

Cada uno de estos elementos se ha incorporado en el proceso legislativo. Primero, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, dos de cuyas medidas más innovadoras son la creación de un Fondo de Equidad Territorial y la obligatoriedad de ceder un metro de suelo protegido por cada metro urbanizado; después, la Ley de Suelo No Urbanizable que establece límites concretos para más del 95% del territorio que obtiene esta calificación, o la Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana entre cuyas finalidades destaca la transparencia en las transacciones en la compra-venta de viviendas, y, finalmente, se ha cerrado el círculo con la Ley Urbanística Valenciana.

La nueva LUV incorpora innovaciones tan revolucionarias como las garantías del pequeño propietario mediante un estatuto del propietario, amplía el período para el pago en metálico o en terreno pasando de los 10 días existentes en la LRAU socialista a los sesenta que habrá en la LUV popular. Las agrupaciones de interés urbanístico de pequeños propietarios podrán acceder en las mismas condiciones que el aspirante a agente urbanizador. Ni una menos. Y las cargas de urbanización serán proporcionales para los propietarios, con la excepción de las construcciones consolidadas que solo deberán abonar la mejora de los servicios. Ni un euro más. Por tanto, la Generalitat ha recogido en su totalidad todas las recomendaciones de la Unión Europea. Ni una menos. Otra cosa son las dos recomendaciones que quedan y que corresponden al gobierno Zapatero, por ser legislación básica del Estado.

Por otro lado, los potenciales territoriales de crecimiento de la Comunidad Valenciana requerían un sistema de protección y ajuste territorial y, además, son los principales polos de atracción para un incremento sustancial de población como el que se está produciendo en este momento en nuestra Comunidad. Hacer compatible esa demanda con el desarrollo urbanístico era el principal reto que se nos planteaba y el que subyace en el actual proceso de urbanización de nuestro territorio. Y esta situación se produce cuando la ratio de metros cuadrados urbanizados por habitante se sitúa en 216, frente a los casi 300 de la media europea y lejos de los 457 m2/hab de Francia o los 356 m2/hab. de Alemania, y a años luz de los 644 m2/hab. de Estonia.

Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que desde 2003 hasta hoy, en la Comunidad Valenciana se han reclasificado 2.000 hectáreas, o lo que es lo mismo, el equivalente a la lámina de agua que ocupa la Albufera, y en el mismo período se han protegido 40.000 nuevas hectáreas, además de las declaraciones de montes de utilidad pública que suman en la actualidad más de 20.000 hectáreas. Esta realidad nos sitúa con un 28,4% de nuestro territorio totalmente protegido. Muy lejos de aquel 3% que había en 1995 cuando gobernaba el PSPV-PSOE.

Una realidad, por mucho que se intente esconder, que es consecuencia de una política con objetivos muy claros de aprovechamiento y de generación de oportunidades.

Todas estas potencialidades tendrán a partir de hoy, cuando se apruebe la nueva LUV, un instrumento básico para la sostenibilidad, la transparencia y el progreso de esta Comunidad. Y aquellos que se presten al juego burdo e interesado de quienes pudieren beneficiarse de esta pretendida falta de competitividad deberán explicarse ante los valencianos en el 2007. Estas potencialidades emergentes son las que han percibido nuestros principales competidores, pero también los miles de extranjeros que han optado por nuestro territorio para trabajar o para residir temporalmente.

Es un error que esta realidad no acomode a la actual estrategia del PSPV-PSOE, más cercana al pasado que al presente. Cada vez se les pone más cuesta arriba defender el argumento de que la LRAU no ha sido aplicada correctamente, porque si así fuera los "afectados" habrían acudido a los tribunales de justicia y si no lo han hecho, es una opinión, es porque el problema estaba en la LRAU y no en su aplicación y esa es la razón que nos llevó a redactar la nueva LUV como al final ha recogido la Comisión Europea. Tras este dictamen, el Sr. Pla y quienes han forzado un dictamen como ha declarado la eurodiputada Sra. Fortou, para incorporar la corrupción donde no hay ni una sola denuncia ante los tribunales, han quedado al descubierto... Y en soledad, ante el clamor que se ha levantado en la sociedad civil valenciana por lo que se considera un ataque a nuestra capacidad de autogobierno.

El RIP que hoy entonamos de la LRAU puede sorprender al mismo Pla en los próximos meses. Metafóricamente hablando.

Rafael Blasco es consejero de Territorio y Vivienda.