Aplausos y críticasGallardón se da por satisfecho, aunque la Ley de Capitalidad no prevé más ingresos

"Esto es lo que quería Madrid"; así resumió ayer el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, el anteproyecto de Ley de Capitalidad y de Régimen Especial que será aprobado pasado mañana por el Consejo de Ministros, a pesar de que no incorpora algo que para el alcalde era imprescindible hace un año: el capítulo financiero. Ruiz-Gallardón subrayó que, aunque sigue reclamando más ingresos, no le importa que eso llegue más adelante por una ley aplicable a todas las ciudades. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, señaló que la Ley de Capitalidad "no altera competencias, sino que las pone en común". La norma prevé crear una comisión interadministrativa para coordinar políticas.

Los grupos de oposición en el Ayuntamiento de Madrid se dividieron ayer en su valoración del anteproyecto de Ley de Capitalidad: mientras el PSOE reconocía el consenso con el que nace el texto y garantizaba su apoyo al mismo, IU puso de manifiesto las "grandes carencias" de que adolece: la falta de un apartado financiero y el escaso "compromiso con los municipios".

"Hoy, PP y PSOE, Gobierno y oposición, hemos acordado un texto fundamental para todos los madrileños", afirmó Trinidad Jiménez, portavoz socialista en el Ayuntamiento. Jiménez, presente en el acto de ayer -al igual que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas-, recordó que el grupo socialista lleva años reclamando una Ley de Capitalidad, y subrayó el hecho de que el Gobierno central ha buscado el consenso, aunque podría haber elaborado el texto "sin contar con nadie".

Algo más crítica se mostró Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, que declinó acudir a la rueda de prensa. Según ella, el anteproyecto de ley "atiende más a ajustes entre las instituciones implicadas que a las necesidades de Madrid". El texto, dijo, tiene "grandes carencias" que IU tratará de resolver a través de enmiendas en el Congreso de los Diputados: "Falta una carta ciudadana, un compromiso claro con los distritos y el reconocimiento de la financiación que requeriría la aplicación de esta norma", dijo.El ministro de Administraciones Públicas, el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González (PP), y el alcalde de la capital ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta para escenificar el acuerdo logrado tras año y medio de negociaciones en torno a la Ley de Capitalidad. "Hoy [por ayer] es un día importante para Madrid. Existía una deuda con esta ciudad desde hace 22 años", comenzó diciendo Gallardón en su discurso, recordando que el Estatuto de Autonomía de 1983 obliga a aprobar una ley especial para reconocer las necesidades especiales de Madrid por ser capital de España.

El anteproyecto acordado ayer prevé sólo cesiones mínimas de competencias a la ciudad y obvia cualquier referencia a mayores ingresos. Pero el alcalde subrayó que esta ley "no cierra ninguna puerta", y emplazó al ministro a incluir sus aspiraciones económicas en la próxima reforma de la Ley de Haciendas Locales. Sevilla recogió el guante, aunque sin precisar nada más. El vicepresidente González se limitó a afirmar que la negociación ha sido "difícil", pero que la Comunidad queda "muy satisfecha" porque el texto respeta su marco competencial.

- Coordinación de políticas. La mayor novedad de la ley es la creación de una Comisión Interadministrativa de Capitalidad, un órgano de "cooperación" formado por igual número de miembros de las tres administraciones para coordinar políticas en situaciones condicionadas por el carácter de capital de la ciudad: acontecimientos internacionales o nacionales, actos oficiales, manifestaciones, cuestiones de protocolo y "cualquier otra materia que pudiera afectar relevantemente a las tres administraciones, a juicio de las mismas". La ley sólo establece que la presidencia de esta comisión corresponderá al Gobierno central; su funcionamiento -incluido el calendario anual de reuniones- se deja a un reglamento posterior.

Lo que sí ha sido subrayado en el texto y lo fue ayer en las declaraciones de los dirigentes políticos es que la creación de este órgano no supone merma en las competencias de nadie. Cada parte conserva su ámbito de decisión. "Esta ley no altera competencias, sólo pone en común el ejercicio de esas competencias. Comunidad de Madrid y Gobierno central nos comprometemos a escuchar al Ayuntamiento, de manera obligada, en todo aquello que afecte a los madrileños en razón de su capitalidad", explicó Sevilla. Y el alcalde, quizá para enterrar de una vez los recelos mostrados en las últimas semanas por el Gobierno de la Comunidad, reiteró: "Esta ley crea un estatus nuevo, pero con respeto escrupuloso a las competencias de cada administración".

- Mínimas competencias. Ni el Ayuntamiento había pedido ninguna competencia especial al Gobierno central ni éste se las ha ofrecido. Así, el proyecto de ley se limita a recoger ciertas especificidades de la capital en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial. El Ayuntamiento podrá, por ejemplo, sancionar a los vehículos que circulen sin seguro, y obligar a los conductores a lucir en el coche un nuevo distintivo que acredite que han pagado el seguro y el impuesto de matriculación. También será autorizado el gobierno municipal a decretar la "limitación de circulación de determinados vehículos", aunque "de acuerdo con la legislación aplicable". La Policía Municipal no recibe competencias nuevas relevantes, aunque el texto recoge expresamente su participación en la coordinación y celebración de actos oficiales.

- Renfe y Barajas. Sólo hay una competencia realmente nueva: el artículo 37 del proyecto de ley establece que el Ayuntamiento "participará, conforme a lo que se establezca en la legislación sectorial correspondiente, en la gestión de infraestructuras, servicios y equipamientos cuya titularidad corresponda a la Administración General del Estado y que afecten directamente a la ciudad de Madrid". Aunque el texto definitivo no concreta a qué se refiere, todas las partes dan por supuesto que ese artículo permitirá la presencia, por primera vez, del Ayuntamiento en la Confederación Hidrográfica del Tajo, el aeropuerto de Barajas y el servicio de cercanías de Renfe.

Para evitar las reticencias del Gobierno de Esperanza Aguirre, que aspira a eso mismo, el artículo añade que esa participación del Ayuntamiento en la gestión de infraestructuras se hará "sin menoscabo de la participación de la Comunidad".

- Organización interna. La Ley de Capitalidad certifica el modelo de organización interna del Ayuntamiento que ya está en vigor para todas las grandes ciudades desde enero de 2004: separación más clara entre el gobierno y el pleno municipal (lo que implica más poder para el primero), facultad del alcalde para nombrar a miembros de su gobierno aunque no sean concejales electos, etcétera. De acuerdo con esa misma Ley de Grandes Ciudades, los grupos municipales de oposición seguirán fuera de los consejos de administración de las empresas mixtas (con una parte de capital privado). Por último, la Ley de Capitalidad establece, temporalmente, un régimen de incompatibilidades para los ediles madrileños más duro que el del resto de ayuntamientos españoles: hasta que se apruebe la nueva Ley de Régimen Local, sólo los de Madrid estarán sujetos a las mismas incompatibilidades que diputados y altos cargos.

- Ni una línea sobre el dinero. El proyecto de ley no tiene capítulo financiero (no aumenta la participación del Ayuntamiento en impuestos estatales) ni fiscal (no autoriza las modificaciones que Ruiz-Gallardón pretendía hacer en impuestos como el IBI para hacerlos más progresivos). El alcalde insistió ayer en que la capital necesita más ingresos y confió en que una ley, la que sea, lo reconozca algún día.