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Albal recurrirá al contencioso para impedir el PAI de Catarroja porque compromete su futuro

Un dictamen jurídico cuestiona que el Ivvsa, adjudicatario del proyecto, sea "juez y parte"

Cristina Vázquez

"Vamos a llegar hasta donde haga falta", dijo ayer el alcalde de Albal, el socialista Ramón Marí, al manifestar su oposición al programa de actuación integrada (PAI) de la vecina localidad de Catarroja, donde el gobierno del PP promueve la reclasificación de 1,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico y 12.000 nuevas viviendas. A la urbanización optan el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) y Llanera. Marí presentó un dictamen jurídico que cuestiona que la Generalitat, a través del Ivvsa, sea "juez y parte" de un proyecto que compromete "el futuro de Albal".

"Una ciudad de 36.000 habitantes en medio de la huerta provocará daños irreversibles"

El alcalde Ramón Marí recordó que el pleno de la Corporación acordó, con el apoyo del resto de grupos políticos -PP y UV-, en julio de 2005 realizar los trámites necesarios con el propósito de detener el desarrollo del PAI Nou Mil.leni. Marí, acompañado ayer del concejal de Unión Valenciana Valero Eustaquio -el del PP disculpó su asistencia por motivos de trabajo, dijo el alcalde- aseguró que el proyecto de Catarroja "va contra el futuro de Albal", ya que creará una nueva ciudad con 36.000 nuevos habitantes, "es decir la población de Catarroja y Albal juntas".

Con este objetivo, el primer edil de Albal presentó ayer un dictamen jurídico, realizado por el catedrático de Derecho Administrativo José María Baño, donde se advierte de que el proyecto infringe la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), pues la propuesta de edificar 12.000 nuevas viviendas en Catarroja, la mitad de protección, requiere la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

El proyecto se publicó en el DOGV del pasado 1 de julio y fue presentado por la mercantil Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, sociedad mixta creada por el Ivvsa y la constructora Llanera. El dictamen cuestiona de hecho que la Administración, que debe actuar con imparcialidad y objetividad, participe en un concurso, a través del Ivvsa, cuya aprobación definitiva depende de la propia Generalitat.

El programa presentado como una homologación (un procedimiento rápido que no exige la revisión del plan general) vulnera, en opinión de Marí, el principio de audiencia y de autonomía municipal. "Se hace un proyecto a la trágala sin consultar a los municipios del entorno que se verán afectados". El Consistorio de Albal presentó alegaciones que, según el edil, Catarroja no ha contestado.

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Según Marí, Nou Mil.leni vulner el principio de cautela. "Una ciudad de 36.000 nuevos habitantes enclavada en medio de la huerta provocará daños irreversibles", dijo el alcalde, quien subrayó que un desarrollo como éste va en contra de la sostenibilidad.

En alusión a las 6.000 viviendas protegidas que se prevén en el PAI, el alcalde de Albal consideró que si recientemente la corporación de Catarroja autorizó la calificación de una parcela reservada a VPO para la edificación de vivienda de renta libre con el argumento de que no eran precisas "tampoco se entiende que se deban hacer 6.000".

Marí atribuyó este desorden a la falta de un ente metropolitano "que restablezca el sentido común". "No podemos continuar con esta situación. Algún órgano supramunicipal debería poner coto a este tipo de desarrollos", enfatizó. El alcalde concluyó que la Corporación llegará "hasta donde haga falta".

El concejal regionalista Valero Eustaquio insistió en el mismo argumento. "No es lógico en un crecimiento normal ni del municipio ni de la comarca", dijo. El edil aseguró que si es preciso se recurrirá a la vía del contencioso.

Marí recordó que Albal aprobó su nuevo plan general en 2002 con el visto bueno de la Confederación del Júcar, la Consejería de Infraestructuras o el Ministerio de Fomento. "Hemos hecho todo lo que hace falta". De hecho, el alcalde recordó que cuando se tramitó el PGOU se incluyó una previsión de crecimiento de 30.000 nuevos habitantes (Albal tiene ahora 15.000), y por indicación de la Consejería de Territorio se rebajó a 25.000 "porque era mucho", dijo Marí. Los 21 PAI previstos en Albal equivalen a Nou Mil.leni. "No queremos una ciudad al lado que no tenga colegios, ambulatorios o carreteras adecuadas", prosiguió Marí, quien subrayó que se trata de una cuestión de Ayuntamiento, no de partido.

La teniente de alcalde de Catarroja, la regionalista Teresa Lloria, dijo que todas las opiniones "son respetables" y apuntó que recientemente se abrieron las plicas del proyecto y que la adjudicación se efectuará cuando acaben todos los trámites.

La sociedades mixtas del Ivvsa, en cuestión

El dictamen de José María Baño cuestiona la legalidad de las sociedades mixtas creadas por el Ivvsa para participar en proyectos urbanísticos donde la Generalitat tiene la última palabra. El derecho comunitario y el español permiten la constitución de sociedades urbanísticas públicas o mixtas, sujetas al derecho público. La LRAU en vigor permite estas sociedades también siempre que se persigan el fin público.

Dicho esto, el informe asegura que "la Administración o sus sociedades instrumentales no pueden constituir sociedades sin previo concurso público, porque no tiene libertad para elegir a sus colaboradores". El Ivvsa, según recoge el dictamen, abrió en el DOGV un periodo de selección pública de socios privados para el desarrollo de proyectos urbanísticos en una decena de municipios valencianos el 13 de julio de 2004. El plazo para la presentación de ofertas fue de siete días. Luego cerró el plazo. En los mismos términos apareció publicada en el DOGV del pasado 25 de mayo la selección de otra tanda de socios para actuar en áreas de suelo no urbanizable en otras cinco localidades, entre ellas la de Catarroja. En esta ocasión dio 15 días naturales. El informe dice que la creación por parte del Ivvsa de estas sociedades para participar en concursos públicos locales junto a un privado "es contraria a la contratación pública", porque la Generalitat es juez y parte, incluso aunque sólo tenga el 49% del capital social.

El dictamen constata que las sociedades mixtas creadas han cambiado de objeto social sin ningún tipo de información pública, y censura que los socios se hayan seleccionado "sin seguir los procedimientos de publicidad comunitarios", lo que supone "una discriminación a favor de las empresas españolas, que son las únicas que tienen posibilidad real de ser socios del Ivvsa".

Desde el punto de vista de la competencia, "supuesto que fuera lícito que el instituto público creara empresas mixtas con ánimo de lucro, la creación misma podría restringir la competencia".

La posición de la Generalitat, a través del instituto, de crear empresas ad hoc "para participar en concursos locales, donde la Generalitat tiene una influencia apreciable, cuando no determinante en el resultado del concurso, podría constituir un abuso de la posición dominante".

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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