Incoherencias socialistas

En democracia la toma de posición de los grupos políticos se expresa a través del voto, al igual que las elecciones expresan el sentir de la soberanía popular, plasmado de acuerdo con los resultados. Éstas, aunque son las verdaderas del barquero, no parece que hayan entrado a formar parte del día a día de los dirigentes del socialismo valenciano. Y vienen a colación para expresar la inconsistencia del PSPV-PSOE y sus contradictorias posiciones respecto a un ámbito tan decisivo como para esta Comunidad como es la protección del territorio.

El lector de estas páginas, habituado a hurgar en el fondo de la reflexión y ajeno a algunas afirmaciones de letra gruesa, es un lector que se arriesga más con los argumentos que con los eslóganes. Por tanto, a ese lector, cada vez más concienciado con la protección del territorio y menos vulnerable es a quien quiero dirigirme para explicarle qué representa la nueva legislación territorial y de protección de la Comunidad Valenciana.

El PP se presentó a las elecciones de 2003 con un programa de reformas en materia territorial que recogía, entre otras, la puesta en el mercado de 100.000 viviendas para las familias con menos recursos económicos; la reforestación de 40.000 hectáreas o la ampliación del suelo protegido hasta el 30% del total de la Comunidad. Todas estas promesas están en avanzado estado de cumplimiento treinta meses después. Más de 50.000 viviendas entregadas, casi 30.000 hectáreas reforestadas o en ejecución y un 28% del territorio totalmente protegido.

Una gran parte de este proceso ha sido posible gracias a la importante reforma legislativa que ha supuesto hitos tan importantes como la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley de la Vivienda y la Ley de Suelo No Urbanizable. En la primera, se introducían tres de las medidas más progresistas jamás incorporadas en una legislación europea. Me refiero a la introducción de la protección del paisaje como nuevo límite en la planificación del territorio, la creación de un fondo de equidad territorial para compensar el consumo de recursos naturales y la obligatoriedad de la cesión de un metro protegido por cada metro que se recalifique en los programas de urbanización de alta densidad. Estas medidas han sentado un precedente claro en materia territorial y unos límites muy claros a la urbanización del territorio.

Tras un año de aplicación de estas medidas, el gobierno de la Generalitat ha querido dar un paso más en la aplicación de estas medidas y ha generalizado de la cesión del metro por metro que se incorporó con carácter restrictivo en 2004, a todas las reclasificaciones con independencia de la densidad planteada. Es decir toda reclasificación que se presente para su aprobación en la Conselleria de Territorio y Vivienda deberá llevar aparejada una cesión por la misma cantidad para el conjunto de la sociedad. Y ha subido el listón, al introducir esta misma medida en los nuevos planes generales de ordenación urbana.

Si ya en el 2004 el voto en contra de los socialistas valencianos a esta novedad legislativa supuso una sorpresa, estos días hemos asistido al remate kafkiano de la ceremonia de la confusión del PSPV-PSOE con motivo del debate de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

En esta ley el gobierno valenciano plantea en uno de sus artículos la generalización de la cesión del metro por metro a todas las recalificaciones de territorio y además incorpora la misma proporción para los nuevos planes generales municipales. Todo iba según lo establecido, pues se votaba artículo por artículo. En ese momento llega la primera sorpresa. El PSPV-PSOE vota en contra de dicha generalización, lo que supone una ruptura total en la línea argumental del discurso proteccionista del socialismo valenciano. Incluso los seis votos de L'Entesa van a la abstención. Que nadie les pueda acusar que un partido de ascendencia verde está en contra de una medida tan proteccionista, deben haber pensado en las filas de la izquierda radical.

Pero no acaban ahí las sorpresas. La mayor de las contradicciones del PSPV-PSOE aún estaba por llegar. Acto seguido, con su voto, exigen que esta medida, la que acaban de votar en contra, se ponga en vigor. Querido lector, no vuelva atrás para intentar comprender lo incomprensible. Este es el mayor de los desbarajustes jamas vividos en una sesión de las Cortes Valencianas. La fiscalización de la labor de gobierno exige una mayor responsabilidad y para ello es necesario un posicionamiento claro en las alternativas de gobierno. Lo que ocurrió en las Cortes el jueves exigiría una reflexión profunda del socialismo valenciano en su búsqueda de atajos para llegar al gobierno.

Al final el PSPV-PSOE con su voto en contra a dicha generalización ha acabado por quitarse la careta seudoproteccionista, en clara oposición a la postura mantenida incluso por EU, aunque eso sí, con el apoyo del diputado tránsfuga.

Cada paso que ha dado este gobierno en los últimos tres años en materia territorial y de vivienda ha supuesto una mayor exigencia en la protección del territorio. Primero fue la incorporación del paisaje como límite del nuevo urbanismo, después ha sido la declaración de nuevos parques naturales (las Hoces del Cabriel y la Serra Gelada) y los parajes naturales municipales, a continuación se instauró el fondo de equidad territorial y, finalmente, se ha obligado a ceder a los promotores y ayuntamientos un metro cuadrado protegido por cada metro cuadrado recalificado. Todas estas medidas han servido para recuperar 668.000 hectáreas protegidas a la Comunidad Valenciana y un consumo de territorio por habitante de 216 m2 frente a los 298 m2 de la media europea y muy por debajo de los 457 m2/hab de Francia o los 356 m2/hab. de Alemania.

Cristina Serrano es secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Consejería de Territorio y Vivienda.