Los han pillado
Y con las manos en el PAI, que es cosa de vergüenza torera y de vicio si no solitario, sí de tiburones en celo. Pero hay salidas para todo, entre chocantes y hasta nostálgicas, como las del portavoz del Consell, quien manifestó, sin que se le cayeran los anillos, que percibe razones económicas detrás del leñazo que les ha sacudido el Parlamento Europeo. ¿Y delante?, ¿no hay razones económicas delante, o sea, previas al leñazo? El mismo sagaz portavoz agregó que existen lobbies europeos -como hubo, en su momento, conspiraciones judeomasónicas, faltaría más- empecinados en que las inversiones inmobiliarias se fuguen a otras costas mediterráneas, ¿y de los lobbies autonómicos, de los lobbies al calor del amiguismo y de los opacos intereses, qué? El informe Fourtou se ha elaborado en base a miles de denuncias formuladas por propietarios, algunos perjudicados por expropiaciones desmesuradas, y otros sobrecogidos por la devastación del medio ambiente. El informe Fourtou se aprobó en la Eurocámara por una mayoría abrumadora, incluso con los votos de cinco diputados populares de España, y hasta 27 conservadores más de otros países de la UE. El desmán urbanístico ha sido tan desaforado, que Estrasburgo se ha visto precisado a tomar medidas para detener ese insostenible modelo de actuaciones: una moratoria para "la aprobación de nuevos proyectos y planes de desarrollo urbanístico en suelo no urbanizable en tanto no entre en vigor la normativa revisada", es decir la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), de hechura socialista, pero al servicio del PP, y que quizá en febrero sea sustituida por la Ley Urbanística Valenciana (LUV), aunque ni el comisario europeo de Servicios y Mercado Interior parezca muy convencido de que se vayan a enmendar las deficiencias. Un panorama tan desastroso, ha suscitado en la oposición y en las organizaciones cívicas respuestas contundentes: Eugenio Burriel, tras el ultimátum de las autoridades europeas, ha pedido al presidente Camps "como responsable máximo de la catastrófica política urbanística" que se le dé el cese al consejero de Territorio y Vivienda, por ser "el brazo ejecutor de esta política censurada claramente por la Unión Europea y por la Eurocámara, que daña el interés general". Mientras, el colectivo Acció Ecologista-Agró ha celebrado el reconocimiento de la piratería urbanística que impera en nuestra Comunidad y ha reivindicado no solo la moratoria de las tramitaciones de los PAI, sino la "retirada definitiva de todos los que se han presentado durante el periodo del 30 de junio de 2004, hasta ahora", además de otras razonables retiradas. El cronista ha repasado el inventario de desatinos y se ha protegido contra los insalubres hedores. Si los del Consell no saben hacer más, que vayan preparando el petate, mientras se derriba la muralla de cemento, que dijo Cristina Narbona. La mala imagen de la Comunidad esta ahí, como documento inapelable, y no es fruto de una campaña ajena, sino de una perversión política muy cercana. Unos 90 campos de golf no hay ni Ebro que los mantenga, ni suelo que los soporte. Ya andamos escorados. Pero a ellos, los han pillado. A chincharse toca.
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